La tormenta de precios de la energía ha provocado una avalancha de peticiones de auxilio para poder pagar los recibos de la luz y el gas por parte de miles de familias cuyos ingresos no les alcanzan para cubrir las elevadas, y crecientes en la mayoría de los casos, facturaciones que les giran las compañías.

La tendencia alcista de los precios de la luz y de los derivados del petróleo, como el gas y los combustibles líquidos que se utilizan para alimentar las calefacciones, ha derivado en una crisis de emergencia energética que se está generalizando por todo el país, tal y como revelan los datos de los programas de ayudas de urgente necesidad de los ayuntamientos, cuyos servicios sociales se están convirtiendo en el primer asidero para esos hogares cuya vulnerabilidad económica se ha visto sobrepasada por el encarecimiento de la energía.

Ese desmesurado encarecimiento de la energía ha venido a intensificar una problemática de pobreza energética que, según los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE (Instituto Nacional de Estadística), ya afectaba a casi dos millones de hogares, uno de cada nueve en un país con 18,75 millones de ellos, antes de la tormenta alcista de los precios y tras un vertiginoso agravamiento en el primer año de la pandemia, que extendió las penurias térmicas a casi 640.000 familias.

"Han crecido considerablemente desde el año pasado", señalan fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza, que explican cómo solo en los primeros nueve meses de este año "los servicios sociales han concedido 1.228 ayudas para pagar la factura de la luz, por un valor total de 222.049 euros, y 461 ayudas para gas, por otros 81.235". Eso supone que casi 1.700 familias han necesitado auxilio en una ciudad de 700.000.

Las cifras son similares en Valencia, más poblada pero con una meteorología menos dura, donde el ayuntamiento lleva tramitados en lo que va de año 1.291 expedientes de ayudas de emergencia para pagar facturas de la luz y del gas: 1.141 de las primeras, 87 de las segundas y 63 mixtas.

Únicamente la alimentación, que supone algo más de la mitad de las peticiones de auxilio económico a los servicios sociales del consistorio valenciano (7.505 de 14.163), y el pago del agua (1.369) generan más solicitudes que la energía, cuyo volumen supera claramente al de otros capítulos como el alquiler (913) o las necesidades relacionadas con la oftalmología (743) o el dentista (577).

Esta ciudad tiene abierta una Oficina de la Energía que asesora a las familias sobre sus consumos y cuyos técnicos están consiguiendo unos ahorros medios de 320 euros anuales por familia, según fuentes municipales.

Los ayuntamientos aumentan sus partidas para socorrer a sus vecinos

Solo entre esas dos ciudades, las principales que disponen de datos desglosados, suman casi 3.000 familias, mientras otros ayuntamientos como Sevilla, que el año pasado ya destinó 348.770 euros a ayudar a 654 hogares, mantienen abierto el programa.

En Valladolid fueron más de 150 personas las que pasaron a recoger la documentación para acceder a las ayudas de 300 a 500 euros para familias de bajos ingresos en los primeros cinco días de la campaña, iniciada en octubre y que cuenta con una dotación de 300.000 euros, lo que supone una previsión de 600 a mil solicitudes.

Casi 600 vecinos de Vigo pidieron ayudas económicas al ayuntamiento en los primeros nueve meses del año para poder pagar sus recibos de la luz y el gas, el de Vitoria ha habilitado una partida de 30.000 euros específicamente reservada para pensionistas ante el previsible aumento de solicitudes tras haber recibido solo 40 en el primer semestre y el de Soria había ayudado a casi 400 familias a finales del mes pasado con una partida de 140.072 euros que supera con claridad a la de cualquiera de los años anteriores.

La problemática no queda restringida al norte del país, más frío en otoño e invierno que la mitad meridional, sino que también se da en esta.
Así, el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) de Badajoz llevaba tramitadas a finales de octubre más de 650 peticiones de ayuda económica para pagar la luz y el gas, entre 700 y 900 euros que llegarán antes de que acabe el año, mientras en Córdoba los 68.600 euros repartidos entre 163 familias hasta mediados de agosto ya duplicaban los recursos movilizados el año anterior, en plena pandemia.

En el centro del país, Segovia y Salamanca abrían sendos programas de ayuda de 200.000 y 600.000 euros para pagar los recibos energéticos financiados por la Junta, mientras un municipio de menor entidad como Benavente (Zamora) auxiliaba a más de 200 hogares.

Un invierno no muy crudo pero con los precios en ascenso

El panorama que revelan esas actuaciones municipales, a las que se suman otras como las del Ayuntamiento de Barcelona, que ya evitaron el año pasado más de 27.000 cortes de suministro y que en marzo acordó con la Generalitat un plan para condonar las deudas con las compañías de la luz y del gas a otras 7.300 familias, es el de una situación de emergencia energética generalizada entre los sectores de población de menores rentas, dentro del cual destacan los pensionistas.

Las medidas del ‘escudo social’ por la pandemia, que evitaron más de 200.000 cortes de suministro en los primeros meses, no condonan ni congelan la deuda que van adquiriendo con las compañías las familias que no pueden pagar sus recibos, lo que las expone a la pérdida del suministro y a un calvario de pleitos y embargos cuando dejen de estar vigentes.

El hecho de que las predicciones de la Aemet apunten a un otoño y un inicio del invierno con temperaturas por encima de la media evita que ese cuadro pudiera agravarse, si cabe, por una mayor demanda energética, aunque las previsiones de las compañías eléctricas  apuntan a que los precios seguirán subiendo a lo largo de todo el año que viene en el mercado mayorista, aunque algunos expertos sitúan el final de esos aumentos al acabar la próxima primavera.

A esos factores se les añaden los niveles de récord que presentan las cotizaciones de las principales fuentes de energía, y que, según las estimaciones de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), en septiembre ya habían hecho aumentar en más de 800 euros la factura energética media de las familias españolas en relación con la del año anterior: 260 en electricidad, casi 190 en gas y de 300 a 400 en carburantes.

Todos esos elementos confluyen en un país en el que, según el INE, más de un tercio de los hogares (35,4%) carece de capacidad para afrontar gastos imprevistos de 650 euros, lo que se está traduciendo en una intensificación de los apuros económicos y, con ellos, en una extensión del malestar ciudadano.

Los prohibitivos precios de la energía y los combustibles

Según los datos de Red Eléctrica el precio del kilovatio en la tarifa PVPC, que es la que suelen utilizar los hogares de menores ingresos, entre ellos todos los beneficiarios del bono social, ha oscilado a lo largo del mes de noviembre entre los 24,5 y los 33,7 céntimos, que viene a ser el triple de la horquilla de 9,9 a 14,1 de hace un año y, con ligeras variaciones, también de los cinco anteriores por estas fechas.

A esas cifras hay que añadirles los cargos y los peajes de la parte fija de la tarifa y aplicarles los efectos de la tarificación por tramos horarios.
Con el precio del gas desbocado, sus principales alternativas para la calefacción, que son el butano y el gasóleo, alcanzan precios prohibitivos para los hogares. De hecho, la bombona de butano clásica, la de 12,5 kilos, se situó el pasado día 15 a solo 58 céntimos del récord de 17,50 euros que alcanzó entre la primavera de 2013 y enero de 2015.

Por último, aunque el Boletín Petrolífero de la UE sitúa el gasóleo de calefacción en España como uno de los más baratos de Europa, con una tasación media de 84,9 céntimos el litro que solo supera a las de Bélgica, Croacia, Lituania y Luxemburgo, el consumo de invierno para un hogar medio ronda los quince litros diarios, lo que sitúa la factura mensual en el entorno de los 380 euros, algo más que difícil de costear para muchos hogares.