Un informe del Consejo de Europa sobre la protección en España de las lenguas regionales o minoritarias hecho público este martes critica la política lingüística de España y considera que la llamada "ley Wert" perjudica el sistema de inmersión lingüística.

"Las autoridades centrales continúan imponiendo el castellano en una amplio abanico de ámbitos", dice el informe respecto al catalán y pone como ejemplos la señalización de carreteras, diplomas universitarios, deportes y publicidad.

El informe aprobado por el Comité de Ministros, órgano de ejecución del Consejo de Europa donde están representados sus 47 Estados miembros, evalúa el grado de compromiso de España con la Carta europea de lenguas regionales o minoritarias. El texto se basa en la visita que realizó una delegación de expertos a España en diciembre de 2018.

Destaca el informe "los numerosos casos documentados" por ONG de discriminación hacia los catalanoparlantes, en especial por parte de la Policía Nacional. El texto recomienda para el catalán y el resto de lenguas cooficiales de España la modificación inmediata de la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar su uso en los procesos judiciales, si lo pide una de las partes.

La segunda recomendación urgente es promover la utilización de las lenguas cooficiales en el seno de la administración del Estado en las respectivas comunidades autónomas. El informe califica de "satisfactoria" la situación del euskera y compara el 71% de vascófonos de entre 16 y 24 años en la actualidad, frente al 62% en 2006 y el 25% en 1991. Recomienda reforzar el uso del euskera en el sistema de salud (Osakidetza) y en la Ertzaintza.

En cuanto al gallego, señala que los estudios reflejan una caída del número de hablantes. Prueba de ello es que el número de alumnos que habla gallego y lo practica diariamente "ha disminuido considerablemente" con una "presencia insuficiente en la enseñanza". 

Del valenciano asegura que se encuentra en una "situación preocupante", sobre todo en el marco de la administración del Estado y el sistema judicial. Señala que la Ley relativa a la educación plurilingüe de 2018 "no es conforme" a la Carta europea porque "imposibilita la aplicación de modelos de programas de inmersión". Recomienda que la enseñanza del valenciano se asegure en todos los niveles, así como su uso en la economía y los servicios sanitarios y sociales.

Respecto al catalán balear, el informe confirma el "profundo cambio" de la política lingüística desde 2015, gracias a la reinstauración de la Dirección General de política lingüística y a la derogación de leyes y medidas que restringían el uso del catalán en la administración.