Cargas policialesHuman Rights Watch ve "uso excesivo de la fuerza policial" en el 1-O

La organización Human Rights Watch (HRW) considera que la crisis en Catalunya es un asunto político y no de derechos humanos, por lo que no le corresponde a esta organización opinar, aunque sí lo hará en casos de uso excesivo de la fuerza policial, como en el referéndum ilegal del 1 de octubre.

"HRW se centra en cómo trató la policía a los manifestantes porque eso es un tema claro de derechos humanos, pero la cuestión más amplia de si Catalunya debería ser parte de España no es un tema sobre el que vaya a pronunciarse", dijo en una entrevista con EFE su director ejecutivo, Ken Roth.

En su informe anual, presentado este jueves en París, HRW dedica un breve apartado a España y otros países de la Unión Europea en el que constata que el referéndum se celebró pese a que el Tribunal Constitucional lo había suspendido y considera que la votación estuvo "empañada por el uso excesivo de la fuerza por la Guardia Civil y la Policía Nacional".

Roth puntualizó que aunque "el derecho a la autodeterminación se encuentra en los tratados", "no hay una definición" sobre cuál debería ser el sujeto que reclama ese derecho, si España, Catalunya o la UE, razón por la que "se ve como una cuestión política más que de derechos humanos".

Suspenso en materia de inmigración

En su informe, HRW destaca igualmente que el creciente número de inmigrantes que han llegado a España por el Mediterráneo afrontó condiciones "deficientes" en las instalaciones policiales y "obstáculos" a la hora de solicitar el asilo.

Unas 16.000 personas alcanzaron la costa española en los diez primeros meses de 2017, que se suman a las cerca de 5.000 que cruzaron la frontera en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, muchas de ellas saltando las respectivas vallas.

HRW apunta que España sólo ha acogido a 1.257 de los 9.323 demandantes de asilo que se había comprometido a reubicar de Grecia e Italia, y a 631 de los 1.449 procedentes de fuera de la UE.

Además, la ONG señala que algunas de las condenas dictadas a lo largo del año por comentarios publicados en las redes sociales, tratados como apología del terrorismo, se pronunciaron "sin pruebas de un vínculo directo a una incitación a la violencia".