El conflicto del metal en Cádiz sigue coleando mes y medio después del fin de la huelga que mantuvo paralizado durante nueve días el principal sector industrial de la provincia para exigir una subida salarial conforme al IPC. Ahora lo hace en un juzgado de Puerto Real, donde van a declarar entre este miércoles y jueves ocho personas acusadas de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y daños en las movilizaciones de noviembre. La defensa planteará acciones legales por detención ilegal y uso desmedido de material antidisturbios en las protestas, mientras organizaciones sindicales y sociales han convocado manifestaciones en varias ciudades españolas para protestar por lo que consideran una "represión" contra la clase trabajadora.

La declaración en el Juzgado de Instrucción número 2 de Puerto Real es consecuencia de la operación que realizaron agentes del Cuerpo Nacional de Policía el pasado 16 de diciembre en Río San Pedro, un barrio obrero de esa localidad gaditana donde se montó un amplio despliegue policial para detener a cinco personas acusadas de causar daños y desórdenes públicos durante las movilizaciones de la huelga del metal. Otras tres personas, sin embargo, fueron llamadas a declarar mediante una citación por correo, sin necesidad de llevar a cabo arrestos.

Esas detenciones causaron malestar en el barrio, cuya Plataforma Vecinal manifestó su "hartazgo" con el comportamiento de las fuerzas de seguridad del Estado durante el conflicto de los trabajadores del metal, que tuvo su momento más polémico en el uso de una tanqueta para encarar a los huelguistas. La mujer de uno de los detenidos denunció, incluso, que su marido había sido arrestado cuando llevaban a su hija al colegio, aunque la Jefatura de Policía de Cádiz aseguró luego en un comunicado que el hecho se había producido "cuando regresaba" de dejarla en el centro.

El acta de una de las detenciones refleja que los hechos que se les imputan sucedieron en Río San Pedro el 22 de noviembre, el día que se inició la segunda semana de huelga con fuertes enfrentamientos entre manifestantes y agentes antidisturbios en las proximidades de centros educativos de la zona, coincidiendo con la entrada del alumnado a los colegios, lo que provocó las protestas de muchos vecinos.

La defensa de los detenidos va a solicitar al juez el archivo de las diligencias, según uno de los abogados, Pedro Castilla, quien alega que los incidentes que se imputan se produjeron en el marco de una huelga que, a nivel provincial, reclamaba no sólo una subida salarial, sino el fin de la precariedad y la temporalidad de los trabajos. Y, más concretamente, que tuvieron su origen en un piquete informativo formado ante las puertas de la factoría de Navantia en Puerto Real, tras lo cual –agrega- se produjo "un uso desproporcionado" de material antidisturbios y un despliegue desmedido de vehículos y fuerzas policiales, incluida una tanqueta, en medio de un barrio y en las proximidades de centros escolares y de personas mayores.

Además, a juicio de este letrado, la detención de los vecinos de Río San Pedro fue ilegal, porque no existía ningún indicio de que fueran a fugarse y desentenderse de una citación para declarar en el juzgado que se podría haber realizado por correo, sin necesidad de llevar a cabo un despliegue policial como el que se hizo para llevarlos a comisaría, ante la presencia de familiares y vecinos, vulnerando el honor y la intimidad de los detenidos. Y prueba de que se podía haber hecho de otra manera es, señala Pedro Castilla, que dos semanas después fueron citados por correo otros dos de los manifestantes que van a declarar ahora en el juzgado.

Denuncian vejaciones y amenazas en comisaría

La defensa letrada está estudiando poner en conocimiento de la fiscalía y adoptar acciones legales tanto por la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado durante las movilizaciones de la huelga como por la forma en que se llevó a cabo la detención de los vecinos de Río San Pedro, así como por las "vejaciones y amenazas" que algunos de ellos aseguran que recibieron durante el tiempo que estuvieron retenidos en comisaría el pasado 16 de diciembre.

Otro aspecto que critica duramente el abogado de los detenidos es la filtración que se hizo a algunos medios de comunicación de Cádiz de los antecedentes penales y policiales de alguno de los arrestados. "Nos parece una barbaridad –afirma Pedro Castilla- que supone una violación del honor y la intimidad, con el único interés de desacreditar a los manifestantes detenidos, para crear una opinión pública negativa en torno a ellos".

La Coordinadora de Trabajadores del Metal de la Bahía de Cádiz (CTM) ha decidido prestar apoyo jurídico a los detenidos, porque entiende que forman parte de una clase trabajadora que estaba "manifestándose por su tierra y por el futuro de las nuevas generaciones". Según su portavoz, Jesús Galván, detrás de todo lo que ha pasado debe de haber algún mando policial que ha tomado decisiones al margen del subdelegado del Gobierno con el uso que hicieron de la tanqueta y del material antidisturbios cerca de los colegios, e igualmente con la detención de los vecinos de Río San Pedro, que "ha vuelto a incendiar todo otra vez".

CTM es una de las organizaciones que ha convocado una manifestación el próximo sábado en Cádiz contra la "represión" que tendrá su réplica en otras ciudades españolas, como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Vigo o Puertollano. "Vamos a dar respuesta a la represión desmedida que hicieron aquí en noviembre y a la que todavía no habíamos contestado. El Gobierno no se puede ir de rositas con lo que sucedió, y los responsables más directos son el subdelegado del Gobierno y el ministro del Interior. Y no nos vale con que la ministra (de Trabajo y Economía Social) Yolanda Díaz pidiese explicaciones", advierte Galván.

Protestas también contra la Ley Mordaza y la reforma laboral

Las manifestaciones han sido organizadas por un gran número de entidades sindicales, políticas y sociales de diferentes partes de España, como CGT, CNT, CUT, Solidaridad Obrera, mareas de pensionistas o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que, además de exigir el archivo de las diligencias contra los manifestantes de Cádiz, van a pedir la derogación completa de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, y de la reforma de la Ley Laboral, no sólo de los contenidos incluidos en el pacto entre Gobierno, sindicatos y empresarios.

La de Madrid va a partir, a las 17.30 del sábado, del estadio del Rayo Vallecano para dirigirse hasta la Plaza Vieja de Vallecas, donde tendrá lugar una asamblea. Manuel Fernández, portavoz de Solidaridad Obrera, recuerda que ya durante la huelga del metal llevaron a cabo movilizaciones de apoyo a los trabajadores de Cádiz, "porque –explica- vimos que era una lucha que iba mucho más allá de un convenio, que iba contra la precarización del trabajo, por el derecho a tener derechos".

Según el representante de una de las organizaciones convocantes de la manifestación de Madrid, la huelga de Cádiz se convirtió en un referente de cómo se debe llevar a cabo una lucha de este tipo, implicando en ella a los barrios, a las familias, a toda la población que vive de una manera directa o indirecta del trabajo en las empresas del sector del metal. "Y los aparatos del Estado –afirma Manuel Fernández- están desatando la represión contra esa lucha obrera, te reprimen sólo por luchar. Se critica mucho a Erdogan y a otros países por lo que hacen, pero es una barbaridad que aquí se hagan esas detenciones, que vaya la policía a las casas y te detengan con esa pantomima represora, con la que sólo pretenden aterrorizar a las familias trabajadoras".

En la concentración de Vallecas también se va a exigir la revocación de los procedimientos judiciales y "sus sentencias represivas condenatorias" contra cantantes y grupos musicales como Valtonyc, Pablo Hasel o La Insurgencia, y la de sindicalistas en "nocaso14N y caso La Suiza"; el archivo de las actuaciones de la Audiencia Nacional para ilegalizar a la organización política Izquierda Castellana y la derogación de varios artículos del Código Penal y de toda la Ley Mordaza.

La reforma laboral será un asunto también principal en todas las manifestaciones que se han convocado en solidaridad con los manifestantes detenidos por la huelga del metal de Cádiz. A juicio de las organizaciones convocantes, el acuerdo al que han llegado los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, con la patronal CEOE y el Gobierno para modificar la reforma que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 es totalmente insuficiente.

"La reforma que no deroga nada. Porque, pese a las promesas electorales que llevaron al actual gobierno al poder, es evidente que el acuerdo aprobado no consiste en una derogación, ni total ni parcial, ni mucho menos de los aspectos más lesivos, de la reforma laboral de 2012, por no hablar de la de 2010, que abrió el camino y construyó las instituciones jurídicas esenciales que luego el PP no tuvo más que desarrollar en la gran ofensiva desreguladora implementada en 2012", señalan en un manifiesto las entidades convocantes de la concentración en la capital de España.