La ley de amnistía ha provocado la reacción más airada de la cúpula judicial incluso antes de que existiera el texto embrionario sobre el acuerdo entre Junts y el PSOE. Antes de que la norma tuviera un articulado, cientos de jueces se echaron a la calle con sus togas y puñetas puestas, en una inusual estampa que no mereció reproche alguno de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, que debe velar por el cumplimiento de la apariencia de imparcialidad.

Una vez que fue plasmado en el BOE, el olvido judicial para los condenados y encausados por el procés independentista catalán se ha encontrado con todo tipo de obstáculos judiciales, como por ejemplo, la apertura de nuevas piezas de investigación para los afectados, entre ellos, el expresident Puigdemont. 

La negativa del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía para el delito de malversación por el que fueron condenados los líderes independentistas es la culminación, con un broche de insumisión, de la campaña política que desde el Alto Tribunal se ha exhibido con el tema del procés desde que el Gobierno indultó parcialmente a los condenados, en junio de 2021.

Posteriormente, el Supremo volvió a mostrar su repulsa por el Ejecutivo de Sánchez y por la iniciativa legislativa cuando el Parlamento derogó el delito de sedición y se reformó el de malversación precisamente para aplicar una reducción en las penas de inhabilitación de Oriol Junqueras, entre otros. 

Desde la Sala Segunda, la misma que juzgó el procés, el presidente Manuel Marchena ha hecho política con la toga puesta. Al menos, eso parece a tenor de su oposición a adaptar aquellas reformas legislativas, en febrero de 2023, a las penas impuestas en su día a los condenados del procés. 

La revisión que hizo la Sala Segunda de su sentencia original no fue exactamente lo que el legislador buscaba. Por ejemplo, en el caso del expresidente de ERC, Oriol Junqueras, se anuló su condena por sedición, pero por el delito de desobediencia que lo sustituyó el Supremo aparejó el tipo de malversación de caudales públicos agravado, con lo que su pena de inhabilitación se quedó exactamente igual que antes: trece años, que se cumplirán en 2031.

La ley del 'solo sí es sí'

Pero la oposición de la cúpula judicial a aplicar la voluntad del legislador se hizo patente mucho antes. Con la ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del solo sí es sí , se libró una batalla ideológica contra un Gobierno que tenía en un ministerio a una ministra de Unidas Podemos. Además, Irene Montero se había atrevido a mencionar el machismo de algunos jueces. Desde el Poder Judicial, jaleado por Vox y PP, la campaña de descrédito hacia el ministerio de Igualdad fue mayúscula.

La doctrina fijada por la Sala Segunda del Supremo sobre la caducidad de la disposición transitoria quinta del Código Penal, que sigue en vigor, con la que se hubiera podido evitar  las rebajas de penas a agresores sexuales, fue, en realidad, el triunfo de la cúpula judicial conservadora sobre el Gobierno de Pedro Sánchez. Dicha disposición transitoria impide rebajar una condena retroactivamente si también es posible imponerla con arreglo a la nueva ley.

El Supremo fijó la doctrina que debían seguir los jueces en los casos de aplicación de la ley del solo sí es sí, la norma que puso en el centro el consentimiento sexual de la mujer, dando la razón a los juzgados que desde el primer momento se habían posicionado en contra de la ley y de la titular de Igualdad.

La campaña de la derecha se fraguó en Madrid

Desde Madrid especialmente se manifestó la resistencia de la judicatura a la más paradigmática iniciativa legislativa de la pasada legislatura. Los juzgados madrileños fueron los primeros que comenzaron a rebajar las penas a los agresores sexuales, informando puntualmente incluso a los medios de comunicación del altísimo número de condenas rebajadas.  

En noviembre de 2022, un mes después de entrar en vigor la ley, la Junta Sectorial de la Audiencia Provincial de Madrid, integrada por los magistrados de las quince secciones penales, acordó por mayoría en relación con la revisión de sentencias aplicar el principio de la legislación más favorable al reo sin tener en cuenta la citada transición del Código Penal.

Así, desde Madrid, el ingente número de rebajas de penas a violadores sirvió de base a toda la campaña que desde la derecha se dirigió al gobierno de coalición. La exministra de Igualdad entonces, Irene Montero, atribuyó genéricamente al machismo las rebajas de las condenas y dijo que había jueces que "están incumpliendo la ley" por "machismo".