Los hospitales públicos deberán garantizar el derecho al aborto

Los hospitales públicos que cuenten con servicios de ginecología y obstetricia deberán garantizar el derecho al aborto. Así lo recoge la reforma de la ley en esta materia, que, además, no sólo elimina la obligatoriedad de contar con el consentimiento paterno a las menores de 16 y 17 años, también acaba con la exigencia del periodo de reflexión de tres días. 

Así lo ha anunciado la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante su comparecencia en la comisión correspondiente del Congreso, en la que ha dado a conocer algunos de los cambios que están preparando desde su gabinete de cara a la reforma de la Ley del Aborto. 

Uno de estos cambios es que se garantice la interrupción voluntaria del embarazo en todos los centros que cuenten con servicios de ginecología y obstetricia. Y, atendiendo al derecho de objeción de conciencia, la ministra ha subrayado que se respetará "escrupulosamente", siendo este también "escrupulosamente compatible con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos".

Además, la reforma busca que las menores de entre 16 y 18 años "puedan acceder" a su derecho de interrumpir el embarazo voluntariamente "de forma autónoma", por lo que no precisarán una autorización paterna.  La iniciativa de Igualdad también erradica los tres días de reflexión obligatoria que recoge la ley a día de hoy.

Las mujeres podrán ser derivadas a un hospital "por procedimiento de urgencia" para ejercer su derecho al aborto

"¿Se imaginan, señorías, que esto sucediera con un hombre que acude al centro de salud para proteger el derecho a la salud?", se ha preguntado la ministra. Por ello, las mujeres, en el momento en el que acudan a un centro de salud por que quieran abortar, podrán ser "inmediatamente" derivadas a un hospital para "acceder a este derecho por procedimiento de urgencia", ha explicado Montero. 

La reforma, además, pretende acabar con la obligatoriedad de la entrega del "sobre" que actualmente se entrega a las mujeres que buscan acabar voluntariamente con sus embarazos en el que se les insta a reflexionar sobre la posibilidad de ser madres. Desde Igualdad quieren que este sólo se les entregue si ellas lo solicitan. 

La información, una de las apuestas de la reforma

La ministra ha explicado que la mujer que decida abortar decidirá el método de interrupción del embarazo y, para poder tomar esta decisión, en el centro de salud recibirá toda la información que precise. 

Asimismo, Montero ha anunciado la creación de una línea telefónica especializada en derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres que deseen abortar podrán acudir a este recurso en busca de datos acerca del procedimiento o para conocer, en caso de que tenga algún tipo de dificultad al acceso de esta práctica, qué derechos le asisten, dónde y cómo defenderlos.

Comunidades sin registrar abortos en centros públicos

Cuatro comunidades autónomas no registraron ningún aborto en centros sanitarios públicos durante el año 2020: Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia, según los datos sobre la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) del Ministerio de Sanidad. 

En 2020 descendió en un 10,97% el número de abortos respecto de 2019

Este registro indica que en 2019 hubo un total de 211 centros que practicaron esta técnica frente a los 209 que lo hicieron en el año de la pandemia, año en el que, además, descendió el número de interrupciones voluntarias del embarazo un 10,97%.  

La salud menstrual y otras iniciativas

El Ministerio de Igualdad, además, apuesta por ofrecer educación sexual en todos los niveles educativos, de tal manera que se permita a los más pequeños un acercamiento a la sexualidad "desde la igualdad y el respeto al otro, a la otra", ha apuntado la ministra. 

Otros  puntos en los que trabaja el departamento de Igualdad son el reconocimiento de un permiso maternal preparto o el de la salud menstrual, entre otros. Sobre esta última, la ministra ha defendido que esta materia "pasará a ser un estándar determinante a la hora de valorar el acceso a la salud de las mujeres". Por lo tanto, considera que garantizarla ha de ser "obligación del Estado".

De la misma manera que ha destacado que es deber del Ejecutivo el "blindar el derecho al aborto en la sanidad pública". Y ha recriminado la postura de la "derecha reaccionaria", que "cuestiona de forma permanente y agresiva" los avances en esta materia.  Algo que, según la ministra, no solo "demuestra su machismo", sino también "su voluntad de que la mujer no sea libre".