Moguer, un municipio de Huelva de 21.000 habitantes, el pueblo del Nobel de Literatura Juan Ramón Jiménez, mantiene una larga y ardua batalla judicial con Aqualia, multinacional con una cartera de negocio superior a los 15.000 millones de euros. El ayuntamiento acaba de ganar un juicio en primera instancia a la empresa, que le reclama, por un error en el pliego de condiciones de adjudicación del servicio de agua, 2,8 millones de euros más intereses (cerca de 3,5 millones), el equivalente al 15% del presupuesto municipal del pasado año. Ese pago conllevaría una "brutal" subida del recibo que pagan los vecinos, dice el alcalde.

Aqualia, participada por Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y el fondo inversor australiano IFM Investors, es la cuarta empresa de gestión del agua de Europa y la novena del mundo por población atendida, según los datos que facilita la propia compañía del ranking de Global Water Intelligence del pasado mes de marzo. En julio de 2010, cuando el PP gobernaba el Ayuntamiento de Moguer, consiguió en un concurso público la adjudicación por un periodo de 25 años del servicio integral (abastecimiento y saneamiento) del agua del municipio, que incluye el núcleo costero turístico de Mazagón. A cambio, la empresa tuvo que abonar un canon fijo de 5,5 millones de euros, además de hacer una inversión de 1,6 millones en la mejora de las infraestructuras hidráulicas sin repercusión en las tarifas, según informó la entonces corporación municipal.

Un año después, en las elecciones municipales de 2011, el PSOE desbancó al PP y se hizo con la alcaldía moguereña de la mano de Gustavo Cuéllar, que aún sigue en el cargo. Y empezaron los desencuentros. La empresa, según el actual concejal de Medio Ambiente, Enrique Soriano, comenzó a reclamar una compensación económica por un supuesto aumento de los costes del servicio, con respecto a lo acordado en la concesión, que suponía una subida del 35% en el recibo de los usuarios a la que el ayuntamiento se negó en rotundo. Tan sólo admitía un incremento del IPC en la tarifa.

A falta de acuerdo, el tema acabó en los juzgados en 2015. Y en 2017, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), según el consistorio, ratificó la primera sentencia de un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Huelva que daba la razón en parte al ayuntamiento moguereño frente a la reclamación de 2,4 millones de euros, más intereses de demora, que le había hecho Aqualia por pérdidas económicas con la gestión del servicio de agua al haberse incluido en el pliego de condiciones de la concesión el consumo de dos comunidades de regantes y una urbanización que no pertenecían al ámbito de actuación del servicio y que provocaban un desfase de un 20% en la facturación.

El alcalde, al anunciar esa resolución judicial, manifestó en un comunicado: "seguimos sufriendo las consecuencias de la mala gestión del Partido Popular con relación a la concesión del agua a una empresa privada en unas condiciones desfavorables, claramente, a los intereses municipales, que ha llegado a poner en peligro la propia estabilidad económica de este consistorio".

En julio de 2018, el ayuntamiento anunció otra fallo del TSJA que reducía finalmente a 304.000 euros la indemnización de 2,4 millones de euros reclamada por la multinacional, una cantidad que correspondía, fundamentalmente, al incremento anual del IPC de las tarifas del agua y otros conceptos pendientes de abono. Sin embargo, Aqualia inició un procedimiento de responsabilidad patrimonial, al entender que el Tribunal Superior no había rechazado su petición de indemnización, sino la vía judicial que había emprendido para recamarla.

Y el pasado 26 de mayo, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 3 de Huelva le dio la razón al ayuntamiento y desestimó la reclamación de la multinacional, que, con el paso del tiempo, ya ha alcanzado casi los 3,5 millones de euros (2,8 millones más los intereses de demora), aunque la sentencia no es firme y ya ha sido recurrida por la empresa ante el TSJA. En la sentencia, el juez considera que el hecho denunciado ha prescrito porque la empresa no comunicó hasta junio de 2018 el supuesto error del pliego de la concesión aprobado en junio de 2010. "La conclusión de lo dicho no ha de ser otra que la estimación de la alegación de prescripción, por cuanto el hecho o acto causante de ese perjuicio, constatado desde el mismo comienzo de la vida contractual, data de la adquisición de conocimiento por la actora del error en las condiciones pactadas, que debe situarse en el mes de junio de 2010. No efectuando reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración hasta el mes de junio de 2018, de donde se sigue con claridad el transcurso del plazo anual de prescripción y la consecuente desestimación de la demanda", argumenta el magistrado en los fundamentos de derecho del fallo.

"Un caramelo para la empresa"

"Esto es una pelea continua, porque a la empresa no le salen los números. Ellos pagaron un canon con la adjudicación, pero este ayuntamiento se opone tajantemente a que esa adjudicación, que era más un caramelo para la empresa que para el beneficio del ayuntamiento, repercuta en los bolsillos de los ciudadanos", subraya el concejal Enrique Soriano, quien asegura que no saben dónde gastó la anterior corporación municipal los más de cinco millones de euros de ese canon.

La multinacional, sin embargo, afirma que sólo hay una sentencia favorable al ayuntamiento, la del pasado mes de mayo, y que en cambio hay otras cinco resoluciones judiciales que han obligado al consistorio al "pago de cuantiosas cantidades económicas", sin especificar, en concepto de intereses de demora por incumplimiento del contrato. "Si el ayuntamiento asumiera este error del pliego, bien por voluntad propia o porque así le obligue el TSJA, al que ha recurrido Aqualia, para equilibrar económicamente el servicio tendría que subir las tarifas en torno a un 20%. Aun así, las de Moguer seguirían siendo entre un 42% y un 221% más baratas que las de Giahsa", señala la compañía a este periódico.

Aqualia manifiesta, además, "no entender" que "se lleven 11 años de litigios judiciales" con el ayuntamiento, "recibiendo duras críticas, cuando el contrato sólo ha traído beneficios" para el consistorio y la ciudadanía.

Otros litigios en la provincia onubense

Moguer no es el único municipio onubense con el que Aqualia mantiene litigios en los juzgados. Valverde del Camino también anda en ello desde que, al igual que Moguer, la corporación cambió de color político: del PP, que aprobó en 2012 la adjudicación también por 25 años, con la actual secretaria general del PP regional como alcaldesa, Dolores López, al PSOE, que sigue al mando. Valverde se abastecía hasta 2012 con la empresa de capital público Giahsa, de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva que echó a andar con la participación de 69 municipios en 2010 y de la que algunas corporaciones gobernadas por los populares se salieron por considerarla feudo socialista, para acabar adjudicando el suministro de agua a una empresa privada.

En este caso, la multinacional del agua ha ganado recientemente un contencioso al ayuntamiento, que deberá pagar más de 365.000 euros a Aqualia, la cual había mostrado su disconformidad con la liquidación de los ejercicios de 2013 y 2014 en volumen y número de usuarios facturados. El ayuntamiento, según ha asegurado a Público, no va a recurrir la sentencia de un juzgado de Huelva, porque su delicada situación financiera no le permite correr el riesgo de asumir más gastos judiciales, pero está muy descontento con el servicio que le está prestando la empresa FCC en la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos, tareas que también les adjudicó la anterior corporación.

"La lucha contra esta empresa es constante, porque quieren maximizar el beneficio económico que obtienen con todo. Han venido a exprimir al ayuntamiento. Incumplen los servicios de recogida de basura, de enseres y punto verde, y por eso les hemos tenido que imponer sanciones de 39.000 y 6.000 euros que han recurrido también", afirma el primer teniente de alcalde y concejal de Economía y Hacienda, Carlos Vélez.

El Ayuntamiento de Valverde del Camino, un pueblo que no llega a los 13.000 habitantes, famoso por su producción de botas camperas, no se plantea, sin embargo, recuperar la gestión del ciclo integral del agua por la misma razón que no va a recurrir la sentencia que ha perdido en el juzgado: por razones económicas, porque no podría hacer frente a los ocho millones de euros que, según estima Vélez, debería pagar a la multinacional como indemnización por el rescate del servicio varios lustros antes de la finalización de la concesión. Aunque ganas y motivos no les faltan, reconoce el primer teniente de alcalde.

Cerca de 40 remunicipalizaciones del agua en España

La remunicipalización del agua es un proceso que va al alza, que va ganando adeptos, aunque continúa siendo un recorrido arduo y costoso, sobre todo para ayuntamientos pequeños y con pocos recursos económicos. En el mundo, se han registrado entre 2000 y 2019 un total de 1.408 remunicipalizaciones de servicios públicos, 311 en el suministro del agua, de ellos 38 en localidades españolas, según un estudio del Transnational Institute (TNI). Es una tendencia que emergió en el año 2000 con la guerra del agua de Cochabamba en Bolivia, la revuelta popular contra la privatización del suministro adjudicado a una multinacional estadounidense que se narra en la película de Iciar Bollaín También la lluvia, y que tuvo su punto álgido en 2010 tras la decisión del Ayuntamiento de París de recuperar la gestión del agua en la capital del país con dos de las mayores empresas del sector a nivel mundial.

Sin embargo, a pesar de esas remunicipalizaciones, en España todavía es mayoritaria la población (53%) abastecida por empresas privadas, fundamentalmente dos, Agbar y Aqualia, cuando hace 25 años el 63% de los habitantes del país tenía suministro de empresas plenamente municipales, según la Red Agua Pública (RAP), integrada por plataformas ciudadanas, ambientales y sindicales. Y la cosa varía bastante territorialmente, con porcentajes de gestión privada que llegan al 80% en Cataluña o al 95% en Murcia y que bajan mucho en comunidades como Madrid, donde es mayoritariamente pública.

Gonzalo Marín, portavoz de la RAP, precisa que, estando en contra de cualquier proceso de externalización de los servicios municipales, tampoco basta con que la gestión sea pública, como la del Canal de Isabel II de Madrid, que, a su entender, realiza una política mercantil basada fundamentalmente en el beneficio y muy opaca. "No sólo hay que recuperar la gestión, sino también el modelo de gestión, que sea coherente con el derecho humano al agua, que permita la participación ciudadana, la transparencia, la sostenibilidad, que no tenga ánimo de lucro, porque el agua no es una mercancía", subraya Marín.

La privatización del agua en España, según el portavoz de la RAP, tuvo su eclosión a raíz de la crisis económica de 2008 que dejó a los ayuntamientos sin la importante fuente de financiación que suponía la construcción inmobiliaria y llevó a muchos de ellos a privatizar servicios municipales para obtener los ingresos que habían perdido con el ladrillo. Sin embargo, el canon pagado por las empresas adjudicatarias a cambio de la concesión del servicio no tenía un carácter finalista, era poco transparente y la mayoría de los equipos de gobierno locales lo utilizaban a su libre albedrío, critica Gonzalo Marín.

"Está demostrado que una gestión pública adecuada es más económica que la privada, que sólo tiene en cuenta sus propios beneficios", sostiene el representante de la RAP. A su juicio, la gestión pública permite canalizar más fácilmente la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas, porque, entre otras cosas, está sometida a unas elecciones cada cuatro años.

El informe del Relator Especial de Derechos Humanos al Agua

El Relator Especial de Derechos Humanos al Agua y el Saneamiento Leo Héller presentó el pasado año ante la Asamblea General de la ONU un informe en el que advierte de que la "prestación de servicios de agua y saneamiento por parte de operadores privados propicia un conjunto particular de riesgos para los derechos humanos, basado en una combinación de tres factores: la maximización de los beneficios, el monopolio natural que caracteriza el suministro de agua y saneamiento, y los desequilibrios de poder".

En su informe, el Relator Especial señala, además, que aunque la privatización se suele promover como una forma de lograr una mejor calidad y unos servicios más seguros y disponibles, "ya que se considera que las entidades privadas son más eficientes y tienen más conocimientos especializados, las pruebas indican que la privatización no es la panacea para la mejora y la ampliación de los servicios".

Leo Héller habla también de "falta de transparencia y rendición de cuentas" en los procesos de desprivatización y menciona en concreto el caso de Terrasa, en España, el cuarto ayuntamiento con más habitantes de Catalunya, que en 2016 decidió recuperar la gestión del agua tras 75 años en manos de una empresa privada participada por Agbar. "Después de la remunicipalización, las autoridades locales se dieron cuenta de que todos los datos almacenados en los ordenadores habían sido eliminados, lo que dificultó la búsqueda y el uso de información fiable para gestionar de forma adecuada las operaciones técnicas y la gestión financiera", señala el Relator.

Alcázar de San Juan, un municipio de 30.000 habitantes de Ciudad Real, se halla en pleno proceso de remunicipalización de la empresa del agua cuya gestión comparte el ayuntamiento con Aqualia. El Tribunal Supremo confirmó en junio de 2020 la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que había anulado el acuerdo del Pleno municipal que en 2014 aprobó por la vía de urgencia la constitución de esa sociedad mixta para hacerse cargo del ciclo integral del agua. Entiende que ese acuerdo no es válido porque la decisión se adoptó por mayoría simple y no por mayoría absoluta, como se requería.

La privatización de Aguas de Alcázar originó unas fuertes protestas vecinales y hasta cargas policiales contra las manifestaciones en el pueblo, rechazo popular motivado por los orígenes de esa empresa, según Fernando Ruiz de Osma, portavoz de la Plataforma del Agua. "Aquí se tiene mucho cariño a la empresa por razones históricas –dice-, porque fueron los vecinos los que participaron en ella a principios del siglo XX para traer el agua desde una finca, Las Perdigueras, y consiguieron que fuera el primer municipio de la zona con agua corriente".

Esta misma semana, la corporación ha aprobado los estatutos de la nueva empresa municipal, ya sin participación privada, que, según Ruiz de Osma, se va a hacer cargo de la gestión del agua en este municipio manchego. "Esto ha sido una victoria por encima de una multinacional que se tiene que ir de Alcázar de San Juan, después de una lucha que ha sido muy larga, difícil, porque nos enfrentábamos a una empresa muy poderosa".

Y el último municipio en anunciar la recuperación de la gestión del agua ha sido Puente Genil, en la provincia de Córdoba. El pasado lunes, la corporación, dirigida por PSOE y Ciudadanos, ha aprobado extinguir el contrato con Aqualia al cumplirse los 25 años de la concesión del servicio e iniciar el proceso para que a partir de ahora se encargue de ello Emproacsa, empresa pública de la Diputación. Sin embargo, aquí también va a haber batalla legal, porque la multinacional entiende que el ayuntamiento no le ha comunicado su decisión dentro de plazo y, por tanto, la concesión se debe prorrogar cinco años más de manera tácita.

La Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, AEOPAS, ha elaborado un documento de propuestas legislativas para fortalecer los servicios públicos de agua, en el que reprocha que la autonomía de los entes locales en este campo "se ha visto socavada a partir de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Social. "Dichas leyes –argumenta- han impuesto un mandato de austeridad económica, en el contexto de la crisis de 2008, que ha probado no sólo ser erróneo, sino que va en dirección contraria a la línea de soluciones que se están adoptando en la actual coyuntura de crisis provocada por la pandemia, flexibilizando temporalmente el déficit y la deuda pública y otras limitaciones fiscales a los entes locales".

A juicio a AEOPAS, el marco legislativo vigente delega en exceso la relación entre el ente local y la empresa concesionaria del servicio a partir de lo que dictan los pliegos contractuales y soslaya los motivos que pueden conducir a una resolución anticipada de la concesión. "Por todo ello –añade-, la ley debería recoger determinados aspectos como incumplimientos muy graves, como sobrecargar la tarifa con costes injustificados, disponer de una contabilidad concesional diferenciada o impedir el acceso del ente local a la información, con independencia de que estén recogidos en los correspondientes pliegos de condiciones".