La actualidad de las últimas semanas en Catalunya ha estado marcada por las protestas de los funcionarios de las prisiones catalanas a raíz del asesinato de la cocinera de la cárcel de Mas d'Enric (Tarragona) a manos de un preso. Los trabajadores cortaron durante horas los accesos a los centros penitenciarios de Lledoners, Quatre Camins y Joves, Ponent, el centro de mujeres de Wad-Ras y Brians 1 y 2. Sin iniciar oficialmente una huelga, muchos no se presentaron en su sitio de trabajo y alteraron el día a día de los internos, con las consecuencias que esto supuso.

Una quincena de entidades en defensa de los derechos humanos, juristas y asociaciones de familiares de presos denunciaron ante varios organismos la vulneración de derechos de los internos. En un comunicado apuntaron que las protestas privaron a los reclusos de salir de sus celdas, acudir a los servicios médicos, disfrutar de permisos, recibir visitas, ropa, dinero o comunicarse con sus letrados, entre otros.

Una de las entidades impulsoras de la denuncia fue la Asociación de Familiares de Presos de Catalunya. Hablamos con su portavoz, Gràcia Amo, un referente para las personas privadas de libertad con problemas de salud mental después de que su hijo muriera en Brians II. Hablamos con ella sobre el día a día en las prisiones catalanas, de las reivindicaciones de los funcionarios y del rumbo del Departamento de Justicia.

Los sindicatos de las prisiones han convocado una huelga el 26 de abril y el 11 de mayo después de la destitución del director de la cárcel Mas de Enric.

¿Cómo están viviendo las familias los efectos de las protestas de los funcionarios de las prisiones?

Lo estamos viviendo con bastante sufrimiento. Muchas de las familias de los presos forman parte de nuestro grupo y las noticias que nos llegan nos dejan bastante intranquilos. Que los funcionarios estén fuera y no con ellos crea una serie de inconvenientes, como la falta de médicos. El otro día una familia nos contaba que su preso sufrió un ataque epiléptico y tocó el timbre que hay en todas las habitaciones y nadie lo atendió. Tuvo que pasar el ataque epiléptico solo y sufriendo por su vida. Este ataque le sobrevino porque tomó la medicación fuera de la hora que le correspondía. Ha sido una no huelga, no hubo servicios mínimos. 

¿Cuál es su principal preocupación?

Partimos de la base de que la cárcel es un sitio violento. La principal preocupación de las familias, en el momento en que los funcionarios iniciaron esta no huelga, era la seguridad de los internos porque estaban encerrados y no fueron atendidos como debían en condiciones normales. Ahora estamos preocupadas porque, como era de prever, se están dando casos de peleas entre los presos por esta situación y nos preocupan las represalias que puedan haber contra ellos.

¿Cree que se está utilizando las protestas como un castigo colectivo a los presos?

Sí. Entiendo que si una persona mata a otra tiene que tener unas consecuencias, pero eso no puede afectar a los 8.000 presos de Catalunya. Los 5.000 presos que estuvieron encerrados en sus celdas sin poder salir no mataron a Núria [la cocinera de Mas d'Enric]. Su muerte no debería haberse producido nunca, pero creo que se está utilizando a esta persona para hacer unas reivindicaciones que no tienen nada que ver. Los presos tienen derecho a seguir su rutina.

Queremos que haya una investigación a fondo sobre esta tragedia y que se depuren responsabilidades a quien realmente las tiene, pero la vida del resto de presos no puede verse afectada por un hecho que nada tiene que ver con ellos.

Hemos presentado una denuncia penal a la Fiscalía y al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por coacciones, vulneración de derechos de los presos y de sus familias y por aislamiento ilegal de las personas privadas de la libertad. Es completamente injusto lo que se ha hecho con los presos. Ellos no son responsables de lo ocurrido, ellos ya están cumpliendo su condena. Ésta no les toca.

¿Qué piensa sobre las reivindicaciones de los funcionarios?

Las entendemos, pero estas mejoras laborales no pueden suponer menos seguridad para los presos. La utilización de sprays es peligroso, lo dice el Departamento de Salud, que ya realizó un informe en el que se detallaban las consecuencias que podría tener el uso de este gas.

No tenemos nada que decir sobre reivindicaciones como la falta personal, la falta preparación de los funcionarios, la jubilación anticipada o contratos de menos horas. Ahora bien, las demandas de mejoras laborales no pueden pisotear los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

Las familias se han posicionado contra la dimisión de Calderó. ¿Por qué?

Una de las principales demandas de los funcionarios es el cese del secretario de Medidas Penales y director general de Servicios Penitenciarios, Amand Calderó, pero las familia decimos que no. Los funcionarios dicen que el señor Calderó hace más caso a las familias que a ellos. Y esto no es verdad. Lo que sí es cierto es que tiene una actitud positiva hacia las familias y ganas de solucionar las problemáticas de todos, no sólo las de los presos, también las de los funcionarios. A diferencia de ellos, para nosotros esto no es una guerra. Al contrario.