El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes el proyecto de ley de derechos LGTBI y tras, que contiene un cambio clave para las organizaciones de este colectivo, que es la autodeterminación del sexo registral con la única voluntad de la persona solicitante. El texto de la ley permitirá dicho cambio sin la obligación de someterse a dos años de tratamiento hormonal ni un certificado médico que acredite sufrir una disforia de género, como es preceptivo hasta ahora, sin la necesidad de testigos ni otro medio de prueba.

El texto contiene algunos cambios que mejoran la ley desde que fue aprobado su primer borrador por el Gobierno en junio de 2021, aunque el texto completo no se ha hecho público hasta el momento de su presentación.

La ministra de Igualdad afirmó que con este avance se manda un claro mensaje de que "todas las vidas LGTBI y tran importan" y resaltó que España vuelve a estar, como en 2005, "a la vanguardia" y como referencia internacional de los derechos LGTBI y trans".

Montero avanzó que el texto que irá al Parlamento no ha sufrido grandes cambios en los "derechos fundamentales" con respecto al primer borrador y
desgranó algunos de los avances que contiene esta nueva ley.

Entre ellos, cabe destacar el de la "libre determinación del género, sin testigo, sin hormonación y sin informe médico que diga que son enfermos". Este reconocimiento del cambio registral del sexo durará como máximo cuatro meses y es de doble comparecencia. La norma da también derechos a la infancia trans y mantiene las medidas en lo relativo a la edad en la que los menores pueden pedir el cambio de sexo registral y los requisitos. 

Derechos a los menores trans

En este sentido los jóvenes entre 16 y 18 podrán solicitar el cambio registral igual que los adultos, sin ningún requisito extra. Los que tengan entre 14 y 16 requerirán de una autorización parental o de los tutores, mientras que los que tengan entre 12 y 14 mediante autorización judicial. 

La norma reconocerá el derecho a las personas trans migrantes a cambiar su sexo registral en los documentos expedidos en España. La ley afianza su derechos al permitir su cambio de sexo registral y de nombre en los documentos expedidos en España, si acreditan que no pueden realizar este cambio en su país de origen. La norma mejora, además, el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo en terceros países y se permitirá a las oficinas consulares realizar estos matrimonios cuando una de las personas de la pareja tenga nacionalidad española. También prohibe las terapias de conversión, que pasarán se considerará como una sanción administrativa grave. "Las vidas de os LGTBI y trans no necesitan de ninguna cura", ha afirmado la ministra.

La ley tiene también previsto reforzar la educación en diversidad sexoafectiva y que los menores de 12 años sean tratados en el sistema de educación con su nombre sentido en lugar del que figura en el registro.

Otro de los apartados clave son las medidas para impulsar la no discriminación de las personas LGTBI y trans en los puestos de trabajo y hace un llamado específico sobre las mujeres trans, "que son las que tienen más problemas en la incorporación al empleo", destacó Irene Montero.

Entre los derechos que garantizará la nueva ley al colectivo LGTB, figuran un par de medidas clave largamente reclamadas por lesbianas y bisexuales. El texto garantiza el acceso de lesbianas y mujeres solas, bisexuales y hombres trans con capacidad de gestar a tener acceso a las técnicas de reproducción humana asistida, equiparando éste al que ya tienen las mujeres casadas o con pareja heterosexual demostrada. La norma reconocerá, además, la filiación de las hijas e hijos de las parejas de lesbianas y bisexuales sin necesidad de que deban antes haber contraído matrimonio, una discriminación que se arrastraba hasta nuestros días.​

Un año de tramitación

El texto para una ley de derechos LGTBI y trans llega de vuelta al Consejo de Ministros justo un año después de que el Ejecutivo aprobara el primer borrador, el 29 de junio de 2021 coincidiendo, como ahora, con la celebración del Orgullo.

La norma, que ahora queda lista para iniciar su tramitación en el Parlamento, no ha estado exenta de polémicas y desencuentros entre los socios de Gobierno y parte del movimiento feminista. La presentación de la norma en primera vuelta al Consejo de Ministros en 2021 fue retrasada por desencuentros entre el Ministerio de Igualdad y Justicia y el Partido Socialista, socio mayoritario en el Ejecutivo, que vertió duras críticas hacia el hecho de que el texto contemplara la autodeterminación del sexo registral sin más requisitos que la voluntad de las personas trans de cambiar su sexo en el DNI. Los Socialistas se opusieron a la inclusión de esta autodeterminación sin que se contemplara algún tipo de "garantía jurídica" y cuestionaban algunos preceptos que contenía la norma en relación al tratamiento de los menores trans. También una parte del feminismo ha expresado su oposición a dicha medida, un paso que en los últimos dos años ha dividido al movimiento que, incluso, llegó a convocar manifestaciones diferenciadas durante el último 8 de marzo.

Las discrepancias en el seno del Gobierno se allanaron una vez que la entonces vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, saliera del Ejecutivo y que Igualdad introdujera algunos matices en el anteproyecto. Por ejemplo, el hecho de que las personas trans que soliciten el cambio de sexo en el registro tengan que volver a confirmarlo transcurridos tres meses desde la solicitud. Otra de las concesiones para el acuerdo fue que habría una única ley de derechos LGTBI y trans, y no en dos separadas como quería el ministerio que dirige Irene Montero.

El texto propuesto por Igualdad y aprobado este lunes por el Gobierno, nace de una larga reivindicación de los movimientos LGTBI, que exigían la despatologización de las personas trans y una serie de derechos a nivel nacional para este colectivo, que en la actualidad cuenta sólo con leyes regionales y que son dispares. 

Una vez aprobado por el Consejo de Ministros que se ha adelantado a este lunes, el texto iniciará el trámite parlamentario, donde podrá sufrir aún modificaciones y mejoras antes de ser aprobado.