Juan Pablo Baena no puede trabajar en el río como hasta ahora hicieron él y sus hermanos, familia de buscadores de oro. "Me privatizaron la vida", lamenta. El Cauca se ha distanciado de la población a la que nutrió durante centenares de años. Minero artesanal del metal dorado, Baena ya no barequea en su caudal porque los sedimentos han limitado su oficio. "El Cauca era nuestra empresa, nuestro método de vida", cuenta el integrante del Movimiento Ríos Vivos en un rancho del municipio colombiano de Valdivia. Embalsar las aguas de la segunda arteria azul más importante del país tras el Magdalena impide los modos de vida de quienes vivían a orillas del río, barequeras, pescadores, campesinos.

La construcción de la hidroeléctrica Hidroituango, a cargo de EPM (Empresas Públicas de Medellín), continúa su curso entre retrasos, accidentes y graves impactos socioambientales en el departamento de Antioquia, al noroeste del país. La puesta en marcha del megaproyecto energético se ha acelerado en las últimas semanas y las dos primeras turbinas (de las ocho proyectadas) entrarían en funcionamiento este mes de noviembre. Será la represa más importante de Colombia, la cuarta o quinta de América Latina, a razón de 2.400 MW (megavatios) de capacidad y 13.903 GWh (gigavatios-hora) de energía media anual; la presa tiene 20 millones de metros cúbicos de volumen y mide 225 metros de altura, el equivalente a un rascacielos de 80 pisos. Un coloso.

"La propaganda dice que va a generar muchos recursos para Colombia, pero a nosotros no va a traernos nada al territorio. Nos va a generar problemas", continúa Baena. Y los hechos, al menos de momento, le dan la razón. Con la construcción de la infraestructura, los datos de EPM reflejan que 259 familias fueron evacuadas y 1.299 afectadas aguas arriba. Pero las estimaciones, plazos y previsiones empresariales se vinieron abajo en mayo de 2018, en lo que las gentes del lugar llaman "la contingencia".

Robinson Miranda, director del área Ambiental, Social y Sostenibilidad de Hidroituango, explica la tragedia: un tapón en el desagüe hizo recrecer el embalse de manera incontrolada, con el peligro de que el agua sobrepasara el muro, que aún no estaba acabado. La compañía habilitó la sala de máquinas como salida de emergencia para el torrente, pero la solución apenas fue una tirita que no evitó grandes daños aguas abajo. La gestora del centro de monitoreo técnico de la hidroeléctrica, Adriana Cubides, confiesa que todavía hoy, más de cuatro años y medio después, no saben exactamente por qué se taponó el drenaje.

La magnitud de una tragedia

Varias cifras ayudan a comprender lo ocurrido. 130.000 personas aguas abajo estuvieron en riesgo, en palabras de Miranda, y unas 15.000 fueron evacuadas de los municipios de Valdivia, Cáceres y Tarazá. 2.455 familias tardaron más de un año en poder volver a sus casas y fueron destruidas 74 infraestructuras. Los números reventaron con la presa y, con ellos, las comunidades. Puerto Valdivia, un corregimiento de Valdivia, se llevó la peor parte: la escuela, el centro de salud y un puente fueron arrasados y aún no se han reconstruido. La empresa, que alega problemas de permisos y licencias, afirma que todas las personas, menos una, han vuelto a sus hogares.

Pasear por las calles de Puerto Valdivia ofrece otra perspectiva. El pueblo parece a medio levantar. A un lado del río, donde apenas hay una calle y un puñado de casas, varios operarios trabajan para reconstruir el puente peatonal que unía ambas orillas. "Sí que nos compensaron, pero por la ignorancia de la gente nos dieron lo que quisieron. Nos envolvieron como quisieron y firmamos lo que nos dijeron. Nos han dado limosna", acusa Rosenberg Taborda, cerrajero artesanal que al principio duda en compartir su nombre pero que al instante deja de titubear: "Son relatos de vida, no tengo nada que esconder". Cuando ocurrió lo que ocurrió, la contingencia, y uno se asombra con la terminología escogida, contingencia, dicho de una cosa que puede suceder o no suceder, Taborda fue desplazado a Yarumal, donde siguen viviendo su esposa y sus dos hijos. Desde entonces pasa temporadas en Puerto Valdivia tratando de relanzar su pequeño negocio. "Estoy empezando de cero sin mi familia", añade mientras carga unas estructuras metálicas en la baca del coche.

En la otra orilla, las casas de la familia Barrera están inservibles. En pie, sí, pero inhabitables; colina arriba, los diferentes núcleos familiares viven de renta. El dolor de Nidia Barrera inunda. Recuerda cómo tuvo que sacar a su mamá nonagenaria cogida en brazos y cómo perdió gran parte de sus pertenencias: "Prometieron mucho y no dieron nada". Su hermano, José de Jesús Barrera, cuenta que antes era pescador, que le dijeron que le iban a pagar algo más de un millón de pesos colombianos y que no recibió nada. "Vinieron dos personas de la procuraduría y nos dijeron que en estas casas no se puede vivir; estaban los de EPM y bajaban la cabeza", narra entre recuerdos de cómo el barrio de La Platanera se convirtió en puro lodo.

Las firmas españolas

Mapfre es la aseguradora ligada al proyecto. Los hechos sucedieron en 2018, pero no fue hasta finales del pasado enero cuando abonó 984 millones de dólares (una cantidad similar en euros) en concepto de indemnización. El coste de Hidroituango ha engordado paulatinamente desde el inicio, pasando de 11,7 billones de pesos (más de dos billones de euros) a 18,3 billones (más de 3,6 billones de euros). A pesar de estas cifras desbordantes, parte de la población afectada evidencia no haber recibido ni un peso por estar fuera de los censos oficiales. EPM no asume esta responsabilidad y alega que el registro único de damnificados es tarea de la Unidad de Gestión de Riesgo y de las administraciones municipales. Mapfre, por su parte, aclara que nunca facilita información sobre pólizas o clientes.

Además de la aseguradora, otras empresas españolas han participado en el proyecto, como Ferrovial, el Banco Santander y el BBVA, esta última a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), según confirman desde EPM. Los créditos concedidos por el BBVA y el Banco Santander ya están devueltos, y la empresa pública colombiana también ha saldado su deuda con el BID de manera anticipada, un adelanto que los medios de comunicación explican por problemas de responsabilidad fiscal, mientras que EPM ofrece una respuesta ambigua que promete concretar con datos que no terminan de llegar. Tras las denuncias de casi medio millar de personas, el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del BID ha visitado los municipios afectados para investigar los impactos de la hidroeléctrica.

Pero la pérdida de las formas de vida ligadas al río no es la única crítica a Hidroituango, un megaproyecto que tiene previsto generar el 17 por ciento de la energía del país cuando esté en completa operación, lo que está planificado para 2026. Ideada inicialmente para la exportación, desde EPM repiten que la electricidad de la represa construida en Ituango tiene como objetivo bajar el precio de la energía de Colombia.

Decenas personas opositoras al proyecto denuncian las amenazas y persecuciones que han sufrido, lo que en muchos casos ha provocado desplazamientos ajenos a los censos y, por supuesto, a las indemnizaciones. Una violencia enrevesada que no se explica sin la presencia de grupos armados legales e ilegales que operan en la zona, casos del ELN [Ejército de Liberación Nacional] y de las disidencias de las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia], además de grupos paramilitares como las AGC [Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocido como el Clan del Golfo] y bandas llegadas de la ciudad como los Mesa y los Pachelly. Y no son los únicos, porque sumergirse en el país donde el tinto sabe a café es hacer un máster acelerado en un contexto de violencias plurales del que forma parte Hidroituango.

Violencia y abandono

"El conflicto armado tiene que ver con este megaproyecto porque ha servido para desplazar a la gente. Desalojas o te quemaban la casa", ilustra Blanca Giraldo, que vivió en 1999 su primer desplazamiento de Ituango y el último en 2018, cuando tuvo que salir de la playa en la que vivía junto al río Cauca "por la contingencia" (otra vez la dichosa palabra); y de la playa a un albergue, y del albergue al municipio en el que vive ahora, nuevamente entre amenazas por su oposición al megaproyecto. De la violencia difícilmente se escapa en Colombia: Giraldo cuenta que los grupos armados están reclutando menores.

En mitad de ese contexto tan áspero y arrugado, EPM asegura que el Estado ha llegado a la zona gracias a ellos, que antes ese Estado ni estaba. Su afirmación contrasta con las condiciones de las vías que unen a poblaciones cercanas como Ituango, Toledo o Valdivia. Los derrumbes imposibilitan el tránsito y cuando únicamente lo dificultan hace falta mostrar un permiso de la empresa que autorice expresamente el movimiento. A menudo sucede que ni hace falta el documento porque, sencillamente, las intensas lluvias de los últimos meses han provocado que las montañas que abrazan cada recodo de las carreteras y caminos cedan parte de su masa pendiente abajo.

La comunidad detalla que algunas veredas han recibido víveres por helicóptero. Y carreteras como la principal de acceso a Toledo, casi 2.000 habitantes repartidos en 18 veredas y dos corregimientos, ha estado cortada durante tres semanas; los trabajos de reparación comenzaron, casualidad o no, un día después de que la delegación de periodistas organizada por Zehar-Errefuxiatuekin dejara el municipio. "Las vías terciarias están muy mal y las tienen que arreglar los campesinos. ¿Por qué el megaproyecto tiene máquinas y los municipios no?", pregunta un agricultor que prefiere mantener su identidad en el anonimato. Integrante de la Red de Organizaciones Sociales y Campesinas del Norte de Antioquia (REDOSC), vive en una vereda de Toledo desde la que tarda cuatro horas a caballo en llegar a la cabecera municipal. Robinson Miranda lanza el compromiso de EPM: "Sabemos que el déficit en la región es altísimo. Somos buenos vecinos y vamos a estar ahí muchos años y vamos a seguir invirtiendo".

Las minas antipersona tampoco faltan en esta área de Antioquia, en la que brotan las concesiones mineras. "Todas las organizaciones entrevistadas coinciden en señalar la violencia y la ruptura del tejido social como una estrategia para despojar, controlar a la población y beneficiar la entrada de proyectos extractivos, generando mayor pobreza y desplazamiento forzado", exponen desde Zehar-Errefuxiatuekin. "Nos silencian la voz con los fusiles, pasan muchas cosas que no se dicen y no se saben porque tenemos miedo a perder la vida", comparte Carlos Palacios, de la REDOSC.

Hay que abrirse paso entre los miedos de las personas víctimas y afectadas para desentrañar los niveles de violencia, la profundidad de los impactos del megaproyecto y los intereses que se esconden detrás. El nombre de Álvaro Uribe, exgobernador de Antioquia y expresidente de Colombia, sale varias veces como uno de los beneficiaros de la venta de tierras a la hidroeléctrica y también como el creador de la empresa que impulsó el proyecto.

¿Funcionamiento inminente?

Inicialmente prevista para finales de 2018, Hidroituango expulsa agua por un vertedero superficial, algo nada habitual en estas construcciones, lo que está generando intensas nubes de vapor de agua y el desmonte de la montaña más cercana. La fecha para el arranque de los motores es un fluir constante de informaciones. Reunida durante más de cuatro horas con una decena de periodistas colombianos y españoles, la empresa aclara su calendario: las dos primeras turbinas entrarían en operación este año, otras dos en 2023 y las cuatro restantes, para 2026. La fecha del 30 de noviembre siempre ha estado marcada en rojo porque superar ese día aumentaría los costes debido al pago de garantías. "Tenemos las condiciones para generar", afirma la gestora del centro de monitoreo técnico.

Pero como todo lo que rodea a este megaproyecto, las cifras y los acontecimientos se solapan unos a otros. "El 30 de noviembre no es nuestra fecha. Nuestra fecha es la que determinen las pruebas", rectifica apenas unos días después Daniel Quintero, alcalde de Medellín, cargo político que lleva aparejado el de gerente general de EPM. Y mientras las contradicciones de calendario aumentan, mientras culminan los preparativos técnicos, la población aguas abajo del muro de hormigón se está movilizando para salir de sus casas como forma de precaución. Porque existe miedo a que la montaña no resista la fuerza de las turbinas y ese miedo es palpable.

La misma ingeniera de EPM Adriana Cubides explica que "las condiciones geológicas son complejas, pero eso no implica inestabilidad". Y reconoce que siempre hay un riesgo, "pero está todo monitorizado para que sea menor". Robinson Miranda, por su parte, declara que EPM está preparada para atender una emergencia con las comunidades y que están haciendo todas las previsiones que están a su alcance para que arranque con seguridad.

No lo ven tan claro desde el Movimiento de Ríos Vivos cuando ya se están organizando para sacar a la gente de los municipios aguas abajo, para hacer acopios de víveres y poder financiar los viajes; también se han reunido con el Ministerio de Minas y Energía y con el Puesto de Mando Unificado. "No hay un plan de contingencia actualizado", asevera una integrante de esta organización. "Antes de prender cualquier turbina en Hidroituango, debe evacuarse la población en riesgo como medida de precaución que es un principio universal", ha escrito recientemente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en sus redes sociales. Al cierre de este reportaje, las autoridades han decidido evacuar a todas las familias ubicadas en la zona más próxima al muro de presa antes de que se produzca el encendido de las turbinas. Miedo, miedo por lo que puede suceder o no suceder, y eso sí es una contingencia.​