La piel de Ghalia Djimi está grabada por el dolor: debajo de sus coloridas vestimentas hay cicatrices imposibles de borrar. Fueron provocadas por los perros que le atacaron en una cárcel secreta del régimen marroquí, donde estuvo encerrada casi cuatro años. Durante todo ese tiempo fue obligada a llevar una venda en los ojos. Si intentaba quitársela, la torturaban. Así una y mil veces, para placer de los sádicos.

Ghalia, vicepresidenta de la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos e integrante del Comité de Familiares de Desaparecidos Saharauis, habla correctamente en castellano. A veces falla en alguna palabra, pero rápidamente busca una alternativa para hacerse entender. El horror que le tocó vivir se hace incomprensible, y no precisamente porque ella no sepa explicarlo. Al contrario. Cuando alguien le pregunta por el periodo más siniestro de su vida, se expresa sin alterar ni un ápice el tono de su voz calmada. “Al final, nuestra experiencia nos ha hecho fuertes”, dice antes de despedirse de Público en el hall del Paraninfo de la Universidad del País Vasco, situado cerca del Museo Guggenheim.

La activista (y sobreviviente) habló con este periódico durante un receso de la XII Jornadas sobre Estrategias Positivas de Desarrollo, que este año llevan como título Defensoras de Derechos Humanos: Defensora de la vida, el cuidado y la protección. Justo lo que Ghalia -invitada por el Gobierno Vasco, el ayuntamiento de Bilbao y la Agencia Vasca de Cooperación para dar su testimonio- lleva varios años haciendo y por lo que perdió tres años y siete meses de su vida en un centro clandestino de detención. El viernes pasará también por el Parlamento Vasco, donde dejará su testimonio.

¿Cuál es la situación actual del pueblo saharaui?

En general, como pueblo sufrimos un conflicto olvidado. Quienes estamos bajo la ocupación vivimos en una situación lamentable, porque Marruecos no acepta a ningún saharaui que reivindique sus derechos fundamentales. Aquí hay un tema de descolonización que sigue pendiente, y Marruecos nunca responde a sus compromisos hacia la legalidad internacional.

Usted ha denunciado en distintos foros la impunidad del Reino de Marruecos.

Sí, la impunidad sigue desde el primer día de la invasión hasta ahora. Por ejemplo, yo estuve desaparecida entre 1987 y 1991, y aún veo a mis torturadores en El Aaiún, la ciudad donde vivo. Están tranquilos, porque la impunidad sigue presente. Mi madre, que había desaparecido cuatro años antes, sigue en paradero desconocido.

¿Usted dónde estuvo encarcelada?

Estuve en un centro secreto dentro de la Compañía Móvil de Intervención en El Aaiún.

¿Qué trato recibió?

Fui torturada. Perdí mi cabello a causa de los productos químicos que utilizaban. También tengo las marcas de las mordeduras de perros. Lo más sensible para mí fue que obligaron a desnudarme. Tenía entonces 26 años y era la primera vez que me desnudaba delante de un hombre. Aquello fue muy duro, por no hablar de la tortura diaria: para que no supiese dónde me encontraba, estuve tres años y siete meses con los ojos vendados permanentemente. Cuando un guardia veía que intentábamos subirnos la venda, nos torturaba.

¿Qué decían las autoridades cuando sus familiares reclamaban por usted?

Ahí nadie puede reclamar. La mayoría del pueblo saharaui bajo ocupación tiene miedo. Cuando mi madre desapareció, empecé a contactar a familiares de desaparecidos. En ese contexto, algunos me dijeron “deja este tema. Mejor perder a un miembro de la familia que a la familia entera”. Eso fue un choque para mí. ¿Cómo alguien puede olvidar a su padre, su marido o su hijo a causa del terror? Eso ocurre porque Marruecos ha practicado el terrorismo de estado.

¿Qué sintió cuando le quitaron la venda?

Me la quitaron cuatro días antes de liberarme. Fue muy duro, con irritación en los ojos, porque estuve casi cuatro años sin ver el sol. Fue muy difícil, pero gracias a nuestra justa causa tenemos la determinación de continuar la lucha pacíficamente.

¿En qué condiciones están a día de hoy los presos saharauis?

Se encuentran en condiciones muy difíciles, tanto para ellos como para sus familiares. Casi todos están en Marruecos, y las familias deben desplazarse cientos de kilómetros para visitarles una vez a la semana. Hay enfermedades, traslados, maltrato por parte de los presos marroquíes que les acusan de separatistas… Es muy complicado.

¿En qué situación se encuentran las mujeres saharauis?

En los campamentos, la mujer está muy situada, porque trabaja y desarrolla siempre sus capacidades. Pero en el territorio ocupado hay dos posibilidades: si apoyas a Marruecos, tienes tranquilidad. Ahora bien, si te declaras contra la ocupación, tienes una situación difícil. A mí me costó una lucha de tres años volver al puesto de trabajo que tenía antes de ser secuestrada, pero muchas defensoras de derechos humanos están en la miseria total. El gobierno siempre castiga a las activistas que reivindican la independencia, y también a sus hijos. Actúan con sentimiento de venganza.

¿Qué debe hacer la comunidad internacional?

Tiene una responsabilidad muy importante. Fue bajo su auspicio que en 1991 el Frente Polisario y Marruecos firmaron el alto el fuego. Llevamos 27 años esperando, bajo condiciones muy graves, con una situación muy complicada en los campamentos. También hay una parte de la ciudadanía bajo la ocupación y bajo la tortura. Mi generación tiene paciencia y tolerancia, pero los jóvenes no, y son ellos quienes dicen que la comunidad internacional no presta atención a este punto de conflicto efervescente. La comunidad internacional debe asumir su responsabilidad. También España, que es la raíz del problema, o Francia, que apoya a Marruecos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

¿Existe el riesgo de que los acuerdos de paz se rompan?

Sí, en cualquier momento. La situación es muy grave.

Acaba de nombrar usted a España

El gobierno español tiene una responsabilidad histórica, y también moral. Nosotros entendemos los intereses entre España y Marruecos, pero hay que respetar los derechos de un pueblo que está sufriendo. España debe contribuir a arreglar este conflicto.