La Fiscalía pide cárcel para un concejal del PP por amenazar con un arma a un vecino: "Os voy a matar por guapos"

"Con esta pistolica os voy a matar por guapos, ahora estoy tranquilo porque lo que llevo en el bolsillo es un paquete de tabaco". En esos términos se dirigió Pablo Pardillos Julián, concejal del PP en Manchones (Zaragoza), a un vecino al que apenas media hora antes había amenazado de muerte con un arma de fuego, según recoge el escrito de acusación que la Fiscalía ha presentado en el Juzgado de Daroca, en el que pide un año y medio de prisión para el edil.

Los hechos, por los que el concejal se enfrenta a una petición de cinco años de destierro por parte de la víctima y por los que la jueza de Daroca ya ha ordenado la apertura del juicio oral en un auto en el que le impone una fianza de responsabilidad civil de 3.000 euros para hacer frente a eventuales obligaciones económicas, ocurrieron el 20 de mayo del año pasado.

Según recoge el escrito de acusación, sobre las 14.00 horas de esa fecha, el concejal cruzó su tractor en el camino por el que circulaba con el suyo A. B. C., al que se dirigió con un arma corta en la mano. "Tras tirar de la corredera" se situó a dos metros de este y, "con la finalidad de amedrentarlo", le "apuntó con una pistola mientras le decía con ánimo intimidatorio: ‘te voy a matar’, señala la Fiscalía, que añade que después "el acusado se subió al tractor y se fue".

Pardillos y A. B. C. están vinculados a cada uno de los dos grupos en los que ha acabado dividiendo al vecindario la tensa vida local de Manchones, un pueblo de un centenar de vecinos en el que dos de los tres últimos alcaldes han sido condenados por su gestión en el ayuntamiento, uno por prevaricar para torpedear el proyecto de granja de pollos de la familia del denunciante (la Audiencia utilizó el término "alcaldada" y otro por manipular el censo

para ganar las elecciones, mientras el que ejerció entre ambos fue imputado por otro delito electoral.

“Ocho balas compatibles con la pistola"

Antes de que hubiera pasado media hora del primer encuentro, A. B. C., acompañado por su hermano y por el padre de ambos, se dirigieron junto con una patrulla de la Guardia Civil hacia la finca de Pardillos, en la que también se encontraba el actual alcalde, su primo Francisco Pardillos Marín.

Cuando llegaron los agentes, el denunciante, "en estado de gran nerviosismo", le decía al concejal "que si tenía huevos que sacara la pistola, que eran unos hijos de puta y que no tenían huevos delante de la Guardia Civil".

Tras el altercado, señala la Fiscalía, los agentes hallaron en un tractor una bandolera de color marrón propiedad del acusado "que contenía en su interior 8 balas compatibles con la pistola (arma pequeña) con la que el acusado había amenazado" al vecino, que nunca llegó a ser localizada y que, según la descripción que obra en la causa, "podía alojar hasta ocho balas 7 en el cargador y 1 en la recámara".

El ministerio público considera a Pardillos autor de un delito de amenazas, mientras que la víctima y su familia le imputan, además de ese mismo cargo agravado, otro de tenencia ilícita de armas y uno más contra la integridad moral por los que le reclaman penas que suman ocho años y medio de prisión y cuatro de inhabilitación para cargos públicos.

El PP acumula crisis conflictos en la Diputación y en los principales ayuntamientos

La acusación particular añade a esas peticiones la "prohibición de residir y acudir" a Manchones durante cinco años y la de no aproximarse en un lustro a menos de 25 kilómetros del denunciante y su familia y de sus lugares de trabajo y de residencia, pena accesoria que, en caso de condena, se impone una vez cumplidas las de reclusión que puedan recaer sobre los acusados.

Pardillos Julián se encuentra en la actualidad desterrado de Manchones

por orden de la jueza de Daroca, una medida que la Audiencia de Zaragoza avaló al considerarla "necesaria" para "evitar otros enfrentamientos" y salvaguardar "la integridad física de la víctima".

Esta no será la primera ocasión en la que Pardillos Julián, que hasta hace una década había gestionado algunos clubes de alterne, se siente en el banquillo, puesto que ya fue condenado en Andalucía por un delito de prostitución coactiva años antes de presentarse para concejal con los conservadores en este pequeño pueblo de Zaragoza en las últimas municipales.

El hito que supuso la presentación de una lista de condenados en las municipales de 2019 ya puso en entredicho la gestión de las candidaturas en el PP zaragozano, cuya dirección suma la situación de Manchones, con un elenco ‘fichado’ al Par, a una retahíla de conflictos entre los que destacan las dos crisis consecutivas en el grupo de la Diputación y la ruptura con Cs que deja en el aire la alcaldía de Tarazona (10.500 habitantes).

A eso se le añade el desgaste que provocan en sus siglas episodios como el apoyo explícito con su voto del alcalde de la capital, Jorge Azcón, a los negocios inmobiliarios  de algunos familiares, o las ayudas económicas  que uno de sus concejales, Ángel Lorén, ha concedido a una empresa en la que trabajan parientes suyos.

El Ayuntamiento rescinde el alquiler a dos testigos de cargo

El de las amenazas no es el único conflicto judicializado ahora mismo en Manchones, donde sigue abierto el segundo proceso por la presunta alteración del censo para favorecer a la candidatura del PP en las elecciones municipales de 2019, en las que los Pardillos integraban la lista de los conservadores.

En ese asunto figuran como testigos de cargo una pareja a la que el ayuntamiento acaba de anunciar la rescisión del alquiler de la vivienda municipal en la que desde hace casi tres años vivían como inquilinos.

El consistorio acaba de comunicarles que deberán dejar la casa "libre y expedita (…) no más tarde del día 29 de agosto de 2021" mediante una carta que, según indica, tiene para el contrato de alquiler valor de "denuncia del mismo o preaviso a los efectos oportunos".

La familia ha solicitado al consistorio una prórroga de un año para poder buscar una alternativa habitacional o, en su defecto, una ampliación de seis meses en aplicación de las medidas especiales por la pandemia.