La fiscalía de Granada pide revocar el tercer grado a Juana Rivas y su abogado denuncia la violencia institucional

El fiscal del juzgado de lo Penal nº1 de Granada ha solicitado al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria la revocación del tercer grado otorgado a Juana Rivas y que sea ingresada en prisión. 

Según el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso Público, "la concesión del tercer grado es incompatible con la necesaria realización de los fines retributivos y de prevención general y especial de la pena". El fiscal afirma en el escrito que "en ningún momento reconoce o admite haber cometido un delito, ni manifiesta conciencia alguna por el daño causado a las víctimas", entre las que cita a su expareja, Francesco Arcuri, al que no muestra "empatía" y con el que "mantiene una grave e importante relación conflictiva".

La defensa de Rivas ha mostrado su indignación. En un comunicado difundido este jueves su abogado, Carlos Aránguez, ha calificado el escrito como "un acto de violencia institucional judicial" al que se está sometiendo a Rivas. Afirma que su defendida "cumplía todos y cada uno de los requisitos establecidos en la legislación" para conceder el tercer grado penitenciario, que fue solicitado por el CIS Matilde Cantos de Granada, donde ingresó el pasado 11 de junio.

El escrito está firmado por Valentín Ruiz, el mismo fiscal que la semana pasada se oponía en términos igualmente duros a la concesión del indulto a Juana Rivas. El pasado viernes la Fiscalía Provincial de Granada emitió un comunicado desacreditado al Ruiz y afirmando que su escrito no debía ser tenido en cuenta porque "el que lo suscribe" no es "competente para emirtir informes sobre el indulto".

Aránguez ha mostrado su "perplejidad" por el hecho de que un mes después de que se le concediera el tercer grado penitenciario a Rivas el fiscal "lo haya recurrido y solicite su ingreso en un centro penitenciario". 

"Sorprende que el mismo juez y fiscal que emitieron un informe contrario [al indulto]" ahora vuelvan a "intentar revocar la situación de semi-libertad de Juana", afirma Aránguez. El abogado recuerda que opinar sobre la medida de gracia no les corresponde a ellos, "tal como aclaró la jefatura de la Fiscalía Provincial de Granada, sino al Tribunal Supremo".

Este escrito llega, recuerda Aránguez "en unos momentos en los que el Gobierno tiene que decidir si concede o no el indulto a mi patrocinada" y afirmó que se opondrá "enérgicamente" a que progrese dicha petición de vuelta a prisión.

Juana Rivas entró voluntariamente el Centro de Inserción Social (CIS) "Matilde de Cantos" de Granada el pasado 11 de mayo. Cinco días después Instituciones Penitenciarias accedía a la concesión del tercer grado para cumplir la pena de prisión de dos años y seis meses, con un dispositivo de localización. Rivas tiene, además la obligación de presentarse semanalmente en el CIS y de no salir del municipio. 

El fiscal arremete contra Rivas

El escrito de Valenín Ruiz es duro y en él hace valoraciones y consideraciones personales hacia Rivas para revertir el tercer grado que no están basadas en pruebas, sino en suposiciones y estereotipos. Afirma que el pago de la indemnización de 12.000 euros por indemnización, a la que la condenó el Supremo en sentencia firme y que Rivas pagó antes de ingresar en es el CIS, "no fue fruto del arrepentimiento", sino que "pude ser un instrumento más de la penada, utlitarista o funcional, del que se ha aprovechado, no para resarcir en conciencia a las víctimas, sino par cumplir los requisitos necesarios con el fin de poder ingresar el el CIS" y evitar hacerlo en "el centro penitenciario de Albolote, que es u centro cerrado" y donde hubiera tardado más en conseguir el tercer grado. 

El Tribunal Supremo tiene en su poder varios de los documentos prescriptivos para el indulto, pero hasta este jueves no había realizado el informe con su valoración, requisito necesario para que el Gobierno pueda decidir sobre la concesión o no de la medida de gracia. Los abogados de Rivas confían en que el indulto pueda llegar al consejo de Ministros del próximo martes 13 de julio para que la madre de Maracena pueda acudir al último juicio que se celebra en Italia el día 19 de este mes y pueda optar a obtener la custodia de los menores.