El Pacto de Estado contra la violencia machista acaba de cumplir cuatro años desde su aprobación. Su puesta en marcha fue el fruto de dos años de intensas movilizaciones feministas que culminaron en una gran manifestación el 7 de  noviembre de 2015, convocada por más de 300 organizaciones bajo la denominación de "movimiento feminista". Los asesinatos de mujeres y niños registrados ese año soliviantaron al feminismo que salió a las calles en masa para reclamar que la violencia machista fuera considerada como una cuestión de Estado, al igual que lo había sido el terrorismo de ETA.

Desde 1960 hasta su disolución, la banda terrorista había asesinado a unas 830 víctimas, y en 2015 las mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas (sólo estas se cuentan en las estadísticas oficiales en nuestro país) ascendían ya 1.379 desde el año 1995. 

La indignación por la bajada de los presupuestos para combatir esta violencia y la poca atención que recibía tanto en medios de comunicación, como por parte de muchas administraciones, desbordó la paciencia y acabó el 7 de noviembre de 2015 en la movilización más multitudinaria que se había registrado hasta la fecha.

En enero de 2017 las cortes recogieron el guante. A propuesta del Grupo Socialista, se organizó una comisión parlamentaria con representación de todos los grupos de la Cámara, que durante casi nueve meses escucharon a más de 60 expertos y acordaron 214 medidas en un documento común que fue finalmente aprobado en el Congreso por unanimidad el 28 de septiembre de 2017, con la única abstención de Unidas Podemos. La formación morada consideró que se trataba de un documento que se había quedado corto en su ambición y en su financiación.

El pacto se trataba de un plan a realizar en cinco años, con una dotación total de 1.000 millones de euros (200 anuales), que se ejecutaría desde la administración central, las comunidades y los ayuntamientos. En su definición se acordó crear una comisión de seguimiento parlamentaria y mecanismos anuales para fiscalizar el cumplimiento del pacto, así como la utilización de los fondos. 

Según diversas fuentes consultadas, a lo largo de estos últimos cuatro años se han producido algunos avances. Pero una gran parte del feminismo considera que éstos siguen siendo escasos y lentos y que la violencia machista sigue sin ser una cuestión de Estado. Por ello, se están organizando para volver a movilizarse.

Una parte del movimiento feminista, con la Platamforma 7N contra las Violencias Machistas como motor, está convocando charlas y acciones para que concluyan en una amplia manifestación el próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bajo el lema #Hartas, denuncian que la violencia de género no es una prioridad en la agenda. Que la irrupción de la ultrderecha ha hecho retroceder los avances en algunas comunidades autónomas y que tanto las 214 medidas de pacto de Estado, como los presupuestos finalistas que se aprobaron, no se han ejecutado y que en algunas comunidades "se alardea del negacionismo de la violencia de genero".

Nadie discute la importancia de las medidas que contiene el documento y la necesidad de impulsar cambios de calado, muchos de los cuales ya estaban en la propia ley contra la violencia de género de 2004, pero que nunca fueron puestos en marcha. Pero critican la falta de compromiso.

"Cuando el pacto se aprobó, ya dijimos que era un acuerdo de mínimos. Lamentablemente, esos mínimos ni siquiera se han cubierto a día de hoy. Que erradicar la violencia contra las mujeres sea cuestión de Estado, entendemos va más allá de la existencia de un pacto. Implica que instituciones, sociedad, organizaciones… todas caminen en esa dirección, y, lamentablemente, no es así", afirma a Público Lidia Fernández, portavoz de la Plataforma 7N contra las violencias machistas y responsable de Mujer en Madrid del sindicato Comisiones Obreras.

Para esta experta, el pacto era una herramienta necesaria pero no suficiente "y como se ha visto, requiere de mucha voluntad política que evidentemente ha faltado". Afirma que la erradicación de la violencia contra las mujeres es una carrera de fondo, "no se logra a base de anuncios sino del desarrollo de políticas que verán sus resultados a largo plazo. La vida de las mujeres merece que pongamos este tema en el frontispicio de la acción política, en todos sus ámbitos". Y concluye que, aunque en su aprobación fueron muy críticas, "hoy creemos que debe ejecutarse, impulsarse y comprometerse con su futuro".

"El contenido del pacto era ajustado al no incluir compromisos legislativos y así se ha demostrado. Se ha hecho dotación presupuestaria sin auditoría de los contenidos que se publican y sin haber un compromiso legislativo firme con cosas fundamentales como, por ejemplo, la lucha contra la explotación sexual. La ley de trata sigue en el limbo, los asesinatos machistas han dejado de estar en la agenda y el género es hoy en día un eje de debate para su legitimación y no para su abolición. Las mujeres continúan desprotegidas porque, al no ser un documento de compromiso legislativo, se aplica como quiere el Gobierno de turno", responde Marta Sorlí, exdiputada por Compromís que participó en la comisión que elaboró el pacto. Hoy no ocupa un cargo político. 

Para Sorlí, la aprobación del pacto sigue siendo un hito histórico, porque recalca que "desde la transición no se había dado un acuerdo (casi) por unanimidad de la cámara". No obstante, afirma, "debería de estar encima de la mesa de cada Consejo de Ministros y no en un cajón del ministerio de Igualdad. Necesitábamos un Pacto de Estado para que la lucha contra la violencia de género fuera un compromiso transversal, común y conjunto a todo el Gobierno y a todas las instituciones, que afectara y se aplicara desde todas las áreas del ejecutivo por igual".

Ángeles Álverez, exdiputada socialista que impulsó y fue parte de la comisión del Congreso que acordó el documento, discrepa. Afirma que en aquél pacto "se consolidaron acuerdos conceptuales que son fundamentales para una buena respuesta del Estado ante esta violencia y que van a ser el anclaje que va a sostener los compromisos, gobierne quien gobierne". "La violencia masculina contra las mujeres ya es una cuestión de Estado. Están implicadas todos los poderes del Estado y también la sociedad civil. Las exigencias de mayor diligencia no implican negar el esfuerzo que se ha venido haciendo", afirma. Y añade que el pacto no es solo un acuerdo a cinco años. "Los cinco años se marcaron a efectos del compromiso económico y como tiempo razonable para hacer las reformas necesarias. Pero pasado ese tiempo hay que seguir implementando medidas y dando respuestas a los nuevos obstáculos".

No se conoce el nivel de cumplimiento

Saber el nivel de cumplimiento de las medidas del Pacto de Estado es una tarea difícil. El Pacto de Estado creó una comisión de seguimiento parlamentaria para fiscalizar los avances y cumplimientos del acuerdo, que ha tenido una actuación irregular en los últimos cuatro años y que ha abundado en las comparecencias de expertas, pero no ha producido documentos públicos que hagan un seguimiento de los avances.

La implementación de muchas de las medidas están en manos de las distintas comunidades autónomas, que gestionan anualmente en conjunto 100 millones de euros del pacto y que deben reportar anualmente sus logros y gastos al Ministerio de Igualdad. Pero no existe, hasta la fecha, un documentos que permitan conocer a ciencia cierta los avances globales, sino sólo actuaciones concretas. 

Algunas comunidades, además, han sido acusadas por distintas expertas o representantes políticas, de no destinar la mayor parte de los fondos recibidos a luchar contra la violencia hacia las mujeres. Uno de los casos es el de la Comunidad de Madrid. 

"Desgraciadamente la Comisión de seguimiento está siendo infrautilizada y no se han cumplido las medidas referidas a la obligatoriedad de presentar un informe anual. Una comparecencia no es un informe. No es lo mismo decir que se ha cumplido una medida que dar la referencia exacta de qué se modifico o como se dio cumplimiento. Las fichas de seguimiento a las que hace referencia el pacto tampoco se conocen y tampoco se obtienen respuesta a través del portal de trasparencia. Cuatro años es un buen momento para presentar el preceptivo informe al que obligan los acuerdos", comenta Ángeles Álvarez a Público.

Marta Sorlí es aún más crítica. Afirma que no sólo no se están haciendo públicos los cumplimientos de las medidas, sino que tampoco se está auditando en tiempo y forma los contenidos pagados con esos fondos. "Interesa más tener sobre la mesa debates relacionados con que es ser mujer y no tanto que consecuencias tiene ser mujer".

"Con exactitud no conocemos su nivel de cumplimiento, pero quedan muchas medidas por ser desarrolladas. En realidad, la mayor parte del Pacto. Esto solo puede tener como lectura que la erradicación de la violencia machista no es prioritaria. También hay que decir, respecto al compromiso económico, que el hecho de que no se permita el gasto estructural y plurianual, algo que el propio pacto no señala, tiene como consecuencia que las acciones que se desarrollan por las administraciones no tengan un carácter transformador", explica Lidia Fernández.

Blindar los compromisos

Las medidas del Pacto de Estado son necesarias. Surgen de la aportación de varias decenas de expertos y expertas que aportaron su visión en los meses que duró la comisión parlamentaria (tanto en el Congreso como en el Senado) y a las que se comprometieron todos los partidos políticos que tenían representación en la Cámara. En ese momento, Vox no estaba dentro de las instituciones. Hoy en día tiene 52 parlamentarios que están haciendo una política contraria a ese acuerdo. 

Recientemente, la ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró que trabaja en una fórmula para blindar el pacto y que éste se convierta en una política de Estado, gobierne quien gobierne. Entre ellas, propone la modificación de la ley contra la violencia de género de 2004, que asegure su continuidad más allá de los cinco años iniciales y que además blinde los fondos para hacerlas posible.