El Partido Popular, con Isabel Díaz Ayuso como punta de lanza, ha encontrado un filón en el caso de las supuestas filtraciones de la Fiscalía General del Estado con las que se trató de desmentir un bulo que salió de la Puerta del Sol. La presidenta de la Comunidad de Madrid asegura que "se ha orquestado una operación de Estado" contra ella y la dirección del PP ha tardado menos de 24 horas en hacer seguidismo, acusando al PSOE de usar su Congreso Federal para "dar carta de naturaleza" al "uso de herramientas del Estado para atacar a rivales políticos". Así lo ha dicho este lunes, en calidad de portavoz tras la reunión del comité de dirección del partido, Ester Muñoz, vicesecretaria de Educación y Sanidad del PP.

"Sí, llamo cobarde al presidente del Gobierno, que ha decidido intentar destruirme y, para eso, ha puesto en funcionamiento a todos los poderes del Estado, a la Fiscalía General del Estado, cuyo fiscal está imputado, a la abogada del Estado, a fiscales y a funcionarios por el camino que bien se reían de mí y de mi entorno", ha dicho Ayuso en una entrevista en el programa 'Espejo Público' (Antena 3). Un día antes, el domingo, mientras Alberto Núñez Feijóo cerraba la reunión Intermunicipal que el PP celebró durante toda la semana en Valladolid, la baronesa popular ya denunció una "corrupción de Estado" contra los rivales políticos. En concreto, contra ella.

Pero no fue la primera en hablar en estos términos. El sábado 30 de noviembre, el diario El Mundo publicaba la siguiente información: Lobato prueba la operación de Estado contra Ayuso: los correos al fiscal general se usaban en Moncloa 10 horas después.

Las heridas que el éxito de la moción de censura contra Mariano Rajoy causó en el PP siguen muy abiertas más de medio lustro después y los populares fantasean con "tumbar" el Gobierno de Pedro Sánchez del mismo modo. Así, anticipan un "goteo" de escándalos judiciales como el que cercó al expresidente del PP y buscan también un intercambio de los papeles que se instauraron en una parte importante de la opinión pública en la última década. 

"Por mucho menos nos machacaron a nosotros" o "si todo esto lo llega a hacer un gobierno del PP" son algunas de las frases que salen de la dirección nacional del PP desde el inicio del curso político y el estallido del 'caso Koldo'. Es la misma cúpula popular que rechaza las preguntas sobre el 'caso Bárcenas' o el 'caso Kitchen', argumentando que entonces no tenían responsabilidades en la jefatura del partido.

Espionaje a Podemos

Actualmente, el juez Santiago Pedraz investiga en la Audiencia Nacional la 'guerra sucia' llevada a cabo contra Podemos por parte del Gobierno de Rajoy. El informe remitido por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional detalla el espionaje ilegal al que fueron sometidos a principios del año 2016 los 69 diputados de Podemos y sus partidos aliados que fueron elegidos en las elecciones de diciembre de 2015.

Además, el pasado 26 de noviembre, el que fuera jefe de Información de la Policía Germán Rodríguez Castiñeira aseguró ante Pedraz que el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño le pidió que buscase los antecedentes policiales de los 69 diputados de Podemos, a lo que se negó alegando que eso era ilegal.

La 'operación Cataluña'

El Gobierno de Rajoy, a través del Ministerio del Interior comandado entonces por Jorge Fernández Díaz, también investigó al margen de la ley a partidos independentistas, encargando informes falsos a mandos policiales y utilizando información confidencial como datos fiscales. Estas maniobras parapoliciales dan nombre a la 'Operación Cataluña', objeto de investigación en una comisión en el Congreso de los Diputados. 

Génova y Ayuso tapan y minimizan estos hechos mientras se presentan como víctimas de una "operación de Estado" inédita en democracia.