La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha anunciado este jueves que su departamento trabaja para llevar a las Cortes "cuanto antes" una iniciativa que permita "institucionalizar" y convertir en "permanente" el Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

Durante su intervención en el Senado, ante la comisión que realiza un seguimiento del Pacto, la ministra ha recordado que este acuerdo se alcanzó en 2017 con un caducidad de cinco años, un plazo que, ahora, la ministra quiere convertir en permanente para mantener lo que considera "el único gran consenso de Estado del que dispone el país".

Montero ha advertido que esta medida no consiste solo en poner negro sobre blanco este acuerdo, sino también en "ampliar el abanico de las violencias que se ejercen contra las mujeres", mantener el "cumplimiento con los estándares internacionales" e, incluso, en "recuperar" aquellas cuestiones en las que inicialmente no hubo avenencias en el Pacto.

"Introduzcamos novedades, modernicemos el Pacto y adaptémoslo a la actualidad de las violencias que sufren las mujeres y a los cambios en esas violencias en el último año", ha declarado la titular de Igualdad ante la comisión.

Una estrategia para principios de 2022

Esta institucionalización, ha anunciado también Montero, irá acompañada por la puesta en marcha de una Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas (2022-2025). Esta iniciativa, ha explicado, tiene como objetivo "fortalecer el Pacto de Estado" y "ampliar la respuesta holística e interdisciplinar frente a todas las formas de violencias machistas". Esta Estrategia, ha apuntado, será licitada el próximo mes a través de procedimiento abierto, de forma que su elaboración, ha indicado, concluya en el primer trimestre de 2022. 

"Quiero que tengan por seguro que no vengo a esta Cámara a hacer un brindis al sol, este Gobierno se compromete férreamente con estas propuestas", ha declarado la ministra de Igualad.

Como ejemplo de su compromiso, Montero ha recordado la reunión de urgencia que su departamento convocó el viernes 21 de mayo, del propio Pacto en donde se consensuó, según ha explicado, la elaboración de un Plan de Revisión y Modernización de las actuaciones contra la violencia de género en tres fases: diagnóstico; análisis de mejoras y de diseño; y elaboración del programa de mejoras.

También ha destacado la inversión que su departamento en la lucha contra las violencias machistas. Tal y como ha explicado, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, se destinarán 268 millones de euros para la lucha contra esta lacra, de los cuales, 100 son para transferencias directas a las comunidades autónomas y 80 para la Administración General del Estado.

Vox sin respuesta por "respecto a las víctimas"

Además, ha recordado, se han incrementado 20 millones las partidas para los ayuntamientos, pasando de 20 a 40 millones para las entidades locales. "Nunca se había dedicado tanto presupuesto a luchar contra las violencias machistas", ha reconocido Montero.

La portavoz de Vox en esta comisión, Yolanda Merelo, ha criticado que el Gobierno comience a hacer evaluación de las medidas de protección a las víctimas "tres años después" de la aprobación del Pacto y "17 años después" de la Ley contra esta lacra, además del "despilfarro" y "gasto" que, a su juicio, se está realizando en asociaciones.

Para Merelo, las medidas existencias contra la violencia de género "fallan" porque "no se basan en la verdad", sino en "datos manipulados" y en la "guerra de sexos". La ministra no ha decidido no responder a esta intervención de la diputada de Vox, "por respeto a las víctimas".

Sí se ha referido, en respuesta a las críticas que algunos grupos han dedicado a la intervención de Merelo, a "no normalizar el discurso de la extrema derecha" en esta materia porque, ha apuntado, "tiene consecuencias directas en la vida de muchas mujeres" que, tras escucharlo, piensan que lo que les pasa "es por su culpa" o "no es violencia".

Mensaje a los que no pactan con la extrema derecha 

En este sentido, ha señalado que su equipo y ella misma han recibido críticas por aparecer en lugares donde se producen testimonios de mujeres en los que otras puedan reconocer la violencia que sufren, en referencia a sus intervenciones en la televisión sobre el caso de Rocío Carrasco, y ha indicado que seguirán allí.

Montero se ha dirigido, además, al PP para señalar que en esa normalización del negacionismo tienen responsabilidad quienes tienen "pactos" con la ultraderecha.

A pesar de poner en valor la intervención "de calidad" y "precisión" de la senadora popular, Ana Isabel Alós, Montero ha indicado que las dudas que ha mostrado sobre las políticas del Gobierno se deben a estos pactos con Vox y a las medidas que, junto a ellos, y que, a su juicio, van en contra de los derechos de las mujeres.

En su discurso, Alós, ha reconocido "avances" en la puesta en marcha de medidas del Pacto, pero ha señalado también que estas son "insuficientes". La senadora ha resumido algunas de las peticiones más solicitadas por CCAA y organizaciones que el Senado ha estado escuchando en las últimas semanas, como la formación de los actores judiciales y más efectivos, una mayor flexibilidad en el uso de los fondos que llegan a los ayuntamientos; o más inversión en las herramientas de protección que usan los cuerpos de seguridad para las víctimas, entre otros.

Del mismo modo, ha rechazado las acusaciones de Montero sobre la ayuda de su partido a normalizar el discurso negacionista. A su juicio, no se lucha contra la violencia de genero "no contestando" a Vox, como ha decidido Montero en esta sesión, sino leyendo la evolución de las cifras sobre esta lacra de los últimos años en los que, ha recordado, también ha gobernado el PP.

Preocupación por las competencias 

Por su parte, los portavoces de Geroa Bai y PNV, Joseba Martínez y María Dolores Etxano, respectivamente, han advertido a la ministra que las competencias en materia de política social las tienen las competencias y, aunque han reconocido que es necesario evaluar las actuaciones ante la violencia de género, sí han pedido a Montero que dé "una vuelta" al tema competencias. 

"No es nuestra voluntad vulnerar ninguna competencia", ha contestado la ministra, quien ha explicado que su departamento está en la labor de "coordinar" y "echar una mano". Es por eso que ha llamado a estas formaciones a "comunicarse" con el Ministerio, tanto si creen que este se equivoca en esta materia o que la redacción puede impedir algún tipo de acuerdo o trabajo en la materia.

Desde Teruel Existe, su portavoz Beatriz Martín, ha recordado a la titular de Igualdad la necesidad de que las medidas que pone en marcha su departamento lleguen también a la España vaciada y a la mujer rural.