Los vecinos de Sanxenxo, la localidad donde navega y farandulea el rey emérito y cuya población se multiplica por seis en los meses de verano, no pueden pedir una consulta con su médico en agosto. Su centro de salud, en Baltar, tiene tan poco personal que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) decidió hace semanas suspender las citas y atender solamente las urgencias no pediátricas. En Sanxenxo viven 18.000 personas y allí veranean más de 20.000 familias, pero si un niño se pone enfermo y no es una urgencia, tienen que llevarle al Hospital Montecelo, en Pontevedra, a 40 kilómetros por autopista.

Este sábado, cerca de un millar de personas han mostrado su disconformidad ante la falta de medios profesionales y humanos. Durante la concentración frente a un centro de salud, convocada por la Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública, se han coreado cánticos como "lo público es servicio, lo privado, beneficio".  

La manifestación ha contado con la participación de representantes de distintas organizaciones sociales, sindicales y políticas, entre ellas, el secretario general al del PSdeG, Valentín González Formoso, y la portavoz de sanidad del BNG, Montse Prado. La Xunta, que tiene todas las competencias en materia sanitaria, respondió a los manifestantes que se fuesen a protestar al palacio de La Moncloa.

La situación del área sanitaria de Pontevedra de Pontevedra y O Salnés -la comarca a la que pertenece Sanxenxo-, donde se concentra buena parte del turismo estival de Galicia, es crítica. Tres sindicatos médicos advirtieron de que irían a la huelga si la Xunta no afrontaba de inmediato un "plan de choque" para resolver los problemas que padecen. Exigen "los recursos humanos y económicos necesarios para recuperar una plantilla estable que garantice una asistencia digna, eficiente y de calidad a la población, y no a costa de la supresión de los derechos de los trabajadores como vacaciones, permisos o días de libre disposición".

Baltar se ha convertido en el símbolo del colapso de la atención primaria en Galicia, donde se cuentan por decenas los centros de salud que padecen la falta de personal y de medios derivada de los recortes de los gobiernos de Feijóo y su sucesor, Alfonso Rueda.

El verano pasado, Baltar sufrió problemas similares por falta de médicas y enfermeros. A principios de este mes, una mujer murió en el aparcamiento de un ambulatorio vecino, en Vilalonga, a donde tuvo que ser trasladada por su marido en coche porque el Sergas le dijo que no había ambulancias disponibles. 12 meses antes, otro hombre falleció en A Estrada (Pontevedra) ahogado en su vómito en otro centro en el que el único médico había tenido que salir para atender una urgencia.

"Es una vergüenza inadmisible", asegura el doctor Manuel Martín, portavoz de SOS Sanidade Pública, la plataforma que agrupa a sindicatos y organizaciones de usuarios, pacientes y profesionales sanitarios. Según afirman, la situación es consecuencia directa "de los recortes de recursos, de la falta de planificación y de las precarias condiciones laborales del personal".

SOS Sanidade presentó hace unos días en el Parlamento de Galicia una iniciativa legislativa popular que pretende forzar legalmente a la Xunta a revertir los recortes de la última década para garantizar una atención primaria "digna". Visto cómo actúa el Gobierno de Rueda, no parece que vaya a tener éxito más allá de movilizar de nuevo a la ciudadanía.

El Partido Popular tumbó este viernes con sus votos una petición del BNG apoyada por el PSOE para que el presidente de la Xunta explicara en pleno las circunstancias en la que murió la paciente de Vilalonga. Según Alberto Pazos, portavoz popular, la oposición hace "carroñerismo político" y usa "la demagogia y la mentira".

En Galicia son recurrentes las manifestaciones por la privatización y el caos sanitario, como lo son los colapsos en diversos centros, desde pequeños centros rurales a grandes hospitales urbanos. Más aún en verano, cuando el personal coge vacaciones. La Xunta, que tiene competencias plenas en materia sanitaria desde hace más de 30 años a través de la Consellería de Sanidade, que dirige Julio García Comesaña, se ha acostumbrado a echarle la culpa al Gobierno desde que Sánchez sustituyó a Rajoy.

Lo hacía antes con Feijóo y lo sigue haciendo ahora con Rueda. Según el Sergas, lo que tendrían que hacer quienes se movilizan para exigir una sanidad pública en condiciones es optar por otras "iniciativas útiles para la ciudadanía" y apoyar "la reclamación que, desde hace meses, hace la Xunta al Gobierno central para que adopte medidas ágiles y eficientes hacia paliar el déficit de médicos en el conjunto del sistema nacional de salud".