El pasado viernes se celebró en Mérida una corrida de toros en homenaje a Borja Domecq Solís, que murió víctima de la covid-19 en marzo de este año en Mérida. Se trata del primer festejo en la ciudad celebrado en la llamada 'nueva normalidad'.

En ella torearon Morante de la Puebla, El Juli y José María Manzanares y en el público se veía una estampa que ha hecho a muchos dudar de que se estuviera cumpliendo con el 75% de aforo que exigen las limitaciones del Gobierno de Extremadura. 

Una plaza prácticamente llena y con zonas en las no se guarda la distancia de seguridad, en la que también se observa a algunos aficionados sin mascarilla.

Unidas por Mérida pide sanciones 

Unidas por Mérida ha exigido este lunes a la Junta de Extremadura que abra expedientes sancionadores para determinar las posibles responsabilidades en las que hayan podido incurrir las empresas y promotores de espectáculos públicos celebrados en la ciudad, entre los que menciona el Festival de Teatro Clásico y una corrida de toros, por "incumplir" las normas de distanciamiento social.

En una nota, afirma que en las últimas fechas se ha asistido a la celebración de eventos como el Festival de Teatro Clásico y la corrida del pasado 28 de agosto "en los que se ha producido flagrantes incumplimientos por parte de los organizadores" a la hora de garantizar el respeto de las normas de distanciamiento social.

Señala que la autorización para la celebración de estos eventos ha supuesto la imposición de una serie de limitaciones que se han respetado con carácter general, como son la limitación en la venta de entradas y de aforo, o la obligatoriedad de llevar mascarilla, pero que "se han visto desvirtuados a no llevarse a cabo una distribución de las localidades vendidas con arreglo a la normativa".

En este sentido, indica que el incumplimiento de las normas de distancia social, como mecanismo de prevención para paliar la difusión de la covid-19, supone la infracción de las disposiciones y normas aprobadas por la Junta de Extremadura y que como tales tienen carácter obligatorio.

Por ello considera que la Junta, como administración competente para la autorización de la celebración de espectáculos públicos de esta naturaleza, tiene la obligación de imponer las sanciones que se deduzcan por las infracciones cometidas, identificar a sus responsables y resolver las sanciones que corresponda en los términos establecidos por la normativa vigente.

En opinión de la coalición, la "pasividad" mostrada por la por Junta de Extremadura mina la legitimidad de las normas impuestas ante parte de una población que asiste "incrédula" a una situación en la que se prohíbe la reunión de más de 10 comensales en una misma mesa, mientras que por otra parte se celebran actos multitudinarios a los que asisten miles de personas "sin el menor respeto a las normas de prevención".

Por todo ello, exige a los órganos competentes de la Junta de Extremadura que inicie los trámites necesarios para identificar las posibles infracciones en las que se hayan incurrido, así como las sanciones que, en su caso, deban aplicarse a sus responsables.