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SEVILLA.- La Fiscalía de Sevilla ha decidido abrir de oficio unas diligencias de investigación por los cánticos dirigidos en el campo del Betis contra la expareja del futbolista Rubén Castro, imputado por maltratarla, según han informado a Europa Press fuentes del ministerio público.
La abogada de la exnovia del delantero del Real Betis Rubén Castro, Amparo Díaz, pedía que la Fiscalía de Sevilla denunciara los cánticos insultantes y machistas contra la mujer, que denunció por malos tratos al futbolista y para el que el fiscal pide dos años de cárcel.
Los hechos ocurrieron el sábado 21, cuando en una zona del Gol Sur del estadio bético, lugar en el que se ubican los ultras del equipo verdiblanco, se escuchó el estribillo "Rubén alé, Rubén alé, no es culpa tuya, es una puta, lo hiciste bien", en referencia a la denuncia judicial que puso la mujer.
La Fiscalía ha solicitado dos años y un mes de cárcel para Rubén Castro por cuatro delitos de maltrato y un quinto delito de amenazas leves hacia su exnovia, ya que considera que la habría agredido físicamente en cuatro ocasiones y le habría mandado un mensaje de texto amenazante a su teléfono móvil.
En una zona del estadio bético se escucharon cánticoa machistas "Rubén alé, Rubén alé, no es culpa tuya, es una puta, lo hiciste bien"
La abogada se ha quejado de que el Betis ha reaccionado contra los cánticos cuando ha visto perjudicada la imagen del club, porque ha asegurado que se producen desde hace tiempo y sin que nadie del resto del público les reprochara esa actitud.
La abogada se refería a las declaraciones del presidente del Real Betis, Juan Carlos Ollero, que calificó de "repugnantes" los cánticos y aseguró que se enteró ayer porque en el campo no los escuchó.
La Liga de Fútbol Profesional (LFP), por su parte, ha manifestado su intención de denunciar que en una zona del Gol Sur del estadio bético se escucharon los insultos machistas hacia la novia del futbolista.
Los autores de éstos cánticos vejatorios proferidos desde el Fondo Sur del Estadio Benito Villamarín podrían ser sancionados con multas individuales de hasta 60.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos por un plazo máximo de dos años según la Ley Contra la Violencia en el Deporte. Además se les podría imponer la sanción de realizar trabajos en favor de la comunidad.
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