1,2 millones de personas han expulsado los miembros de la Unión Europea desde 2014 hasta 2023. España es el quinto país que más migrantes ha echado —86.625— en este periodo, por detrás de Alemania —284.415—, Polonia —132.720—, Grecia —127.285— y Francia —112.420—, según los datos de la Oficina Europea de Estadística, Eurostat, actualizados a fines de mayo. 

Las expulsiones ejecutadas se redujeron en los años de la pandemia y posteriores, pero han ido recuperándose, y ya se ubican en cifras cercanas a las de 2019, el año anterior al confinamiento cuando se produjo un frenazo a los movimientos. En el año 2023 fueron expulsadas 91.455 personas del territorio de la Unión Europea.

Estas cifras de retornos efectivamente efectuados, aunque abultadas, son pequeñas en comparación con las órdenes de expulsión que se imponen cada año, pero que no se ejecutan. Así, en 2023 fueron 137.000 en Francia, 64.260 en España y 44.620 en Alemania. Mientras que las personas efectivamente expulsadas fueron 10.625 en Francia, 5.995 en España y 10.290 en Alemania.

Las consecuencias de esta divergencia, que se produce por razones económicas, fundamentalmente, son muy graves para el migrante, pues una orden de expulsión agrava su situación de precariedad y su vulnerabilidad, según denuncian las ONG.

El servicio de estudios del Parlamento Europeo calcula, según consta en un documento de la Comisión europea, que "un retorno forzoso cuenta 3.414 euros" y cifra "el coste medio indicativo de los retornos desde los países de tránsito en aproximadamente 2.500 euros por persona".

La Comisión, además del asunto presupuestario, argumenta que "la baja tasa de retorno desde la UE" se debe también a los "procedimientos fragmentados e ineficientes dentro de la Unión" y a "unos bajos niveles de cooperación de los países terceros en materia de identificación y readmisión de los retornados".

Diferentes estudios y también las ONG que se dedican al trabajo con migrantes vienen denunciando las políticas migratorias y de acogida de la Unión y reclamando que se modifique el enfoque, hasta ahora sin éxito.

Por el contrario, los europeos han cerrado el Pacto de Asilo y Migración. La esencia de este acuerdo pasa por fortalecer el control en las fronteras externas; el aumento de las devoluciones y la institucionalización de  acuerdos con otros países para impedir las llegadas.

Se ha llegado a acuñar así el término Europa fortaleza para señalar que la UE, más que un territorio de acogida, es una zona en la que mandan componentes relacionados con la seguridad y con el control de personas y fronteras.

Así, por ejemplo, lo recoge la investigadora Ainhoa Ruiz Benedicto en un trabajo titulado Construir la "Europa fortaleza": militarizar las fronteras, securitizar la migración. "[…] Las migraciones […] pasan de ser una cuestión de política social a una de seguridad. […] Hace que se perciban y traten como amenazas convencionales, con métodos y técnicas propios de la defensa y seguridad nacionales que tradicionalmente han empleado conceptos y medios militares o policiales".

Así, escribe la investigadora: "Las personas desplazadas forzosamente por la violencia de las guerras y las personas migradas que huyen de las grandes desigualdades globales son convertidas […] en una amenaza para la seguridad y un asunto de seguridad nacional, despojándolas en gran parte de su estatus de personas necesitadas de protección".

Rutas de entrada y fronteras

El Consejo Europeo clasifica las rutas de entrada de migrantes en cuatro, a la que añade otra más desde Ucrania, abierta tras la guerra. Dos de ellas, la llamada "ruta del Mediterráneo occidental" y la de "África occidental" afectan a España.

El Consejo de Europa computa también la "ruta del Mediterráneo oriental", por la que llegaron sobre todo quienes escapaban del horror en Siria a partir de 2015. La UE llegó a acuerdos millonarios con Turquía para controlar estos flujos. Grecia expulsó entre 2014 y 2018 a 91.025 personas, según los datos de Eurostat.

Y también está la "ruta de los Balcanes occidentales". "La región —según la describe el Consejo Europeo— es un lugar de tránsito y un corredor clave para los migrantes que se dirigen a la UE, especialmente para los procedentes de Oriente Medio, Asia y África".

Así describe el Consejo Europeo lo que sucede en estas rutas, en las que los migrantes se juegan la vida. "En diciembre de 2022, la UE y los socios africanos pusieron en marcha las iniciativas del Equipo Europa, que se centran, entre otras cosas, en las rutas del Mediterráneo occidental y de África Occidental para garantizar la labor conjunta de los Estados miembros y la UE para hacer frente a los retos que plantea la migración. Entre estas iniciativas figura una específica que moviliza 950 millones de euros para trabajar con los socios africanos pertinentes".

"La frontera —se lee en el trabajo de la investigadora Ruiz Benedicto— ya no es solo una delimitación del territorio y de la soberanía estatal, sino que se expande más allá del propio territorio con la implementación de políticas fronterizas en terceros países. Este modelo de externalización de la gestión de los flujos migratorios se inicia en 1992, se refuerza en 2005, y se acelera en 2015, a partir de la Cumbre de Valetta, donde se amplían los países de África con los que externalizar las fronteras a un total de 35 países prioritarios en 2018".

"Estos terceros países —escribe la investigadora— deben establecer políticas basadas en las necesidades y los requisitos de la Unión Europea. Las medidas contemplan, por ejemplo, aceptar los retornos, establecer un endurecimiento del control de sus fronteras, o la formación de sus cuerpos de seguridad y sus oficiales fronterizos, entre otras".