España se prepara para introducir el factor de la "empleabilidad" como uno de los criterios de peso a la hora de seleccionar a refugiados o solicitantes de asilo a los que reasentar y acoger desde un tercer país.

Se trata de un criterio novedoso en el sistema de asilo español que se pondrá en práctica, entre otras vías regulares de migración, para personas procedentes de América Latina. Es la principal región emisora de solicitantes de asilo en España y la mayor fuente de migración irregular, ya que la mayoría de ciudadanos latinoamericanos pueden viajar fácilmente en avión a España con un visado de turista y, en mucho casos, permanecen en el país después de cumplir los 90 días de estancia legal.

El Gobierno quiere amortiguar el fenómeno de la irregularidad mediante la creación nuevas vías de migración legal y ordenada con el foco puesto en Latinoamérica. La pasada semana anunció un acuerdo con EEUU para que puedan llegar a España de manera regular migrantes y solicitantes de asilo latinoamericanos desde "centros de procesamiento" que EEUU construirá próximamente en Colombia y Guatemala.

Canadá también forma parte de este proyecto, impulsado por Washington y anunciado por el secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, junto a una batería de medidas para combatir la migración irregular hacia su frontera con México y luchar contra el tráfico de personas.

Los detalles todavía no han trascendido más allá de que España pretende aplicar diferentes modelos de migración legal, desde solicitudes de asilo y protección internacional a reagrupaciones familiares o programas de migración circular con contratación de trabajadores en origen que tienen que regresar al finalizar el trabajo, como el de las temporeras marroquíes que acuden a la campaña de la fresa en Huelva.

Ampliado el programa de reasentamiento de refugiados

Con la vista puesta en este programa trilateral que se negocia desde el pasado junio, el Consejo de Ministros aprobó el miércoles una ampliación del Plan Nacional de Reasentamiento de Refugiados, que se diseña cada año desde el gran éxodo hacia Europa que se dio en 2015 por la guerra en Siria. En 2022 sirvió para acoger en España a más de mil personas, la mayoría refugiados sirios que estaban en Líbano. La ampliación aprobada el miércoles para 2023 se extenderá durante tres años y quiere ser complemento a estas cuotas de reasentamiento, pero destinado a personas de América Central y del Sur y con el factor empleo como criterio de selección.

El Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, que pilota este proyecto, aún no puede avanzar el número de refugiados latinoamericanos que llegarán cada año por esta vía. Dependerá en gran parte de las empresas —patrocinadores, según el leguaje empleado— que ofrezcan contratos de trabajo, de la escasez de mano de obra en España para determinados empleos, y de las habilidades o aptitudes de los refugiados latinos.

Esta ampliación se utilizará para desarrollar parte del programa pactado con EEUU, en empresas que ofrezcan contratos de trabajo para personas necesitadas de protección internacional que cuenten con habilidades que se ajusten a actividades con escasez de mano de obra.

La selección de refugiados empleables se realizará en los Centros Regionales de Gestión de la Migración que aún tienen que construirse en Colombia y Guatemala. Allí solo podrán acudir ciudadanos de otros países latinoamericanos que se encuentren en tránsito migratorio o que hayan solicitado protección internacional en estos países. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) trabajarán en estos centros para proponer perfiles y filtrar entre migrantes por razones económicas y los que huyen de conflictos, violencia o persecución y requieren protección internacional.

Empleabilidad frente a vulnerabilidad

Fuentes del ACNUR consultadas por Público ven "positivo" que se pongan sobre la mesa "espacios de protección para refugiados y vías alternativas para gente que no puede volver a su país". Consideran una "buena noticia" que se amplíe el programa español de reasentamiento de refugiados, aunque no puede opinar sobre los criterios de empleabilidad de los que habla el Ministerio de Inclusión porque todavía le falta información. Aun así, advierte de posibles riesgos.

"Estos criterios no deben sustituir en ningún caso los factores por los que se rige la protección internacional, ni impedir o dificultar que las personas puedan ejercer el derecho de asilo en una frontera", puntualiza la agencia de la ONU para los refugiados, que recuerda que en materia de reasentamiento debe "primar la vulnerabilidad", aunque también se tengan en cuenta otros factores o intereses de los países acogida.

Otras instancias del Gobierno recelan de que se apliquen criterios laborales en programas de reasentamiento de refugiados, ya que se mezcla el derecho de asilo con programas de migración laboral por razones económicas. "La empleabilidad debe ser ajena a la protección internacional porque si no se quiebra el sistema. Dejaría de lado a personas vulnerables o discapacitadas que también tendrían derecho al reasentamiento en España porque su vida está en riesgo, pero que no son aptos para trabajar", apuntan estas fuentes.

El Ministerio de Inclusión insiste en que acceder a un empleo es clave en los procesos de integración y alega que este factor es un complemento y que en ningún caso va a sustituir a los criterios de vulnerabilidad. "Si una persona no es seleccionada por criterios de empleo puede ser reasentada por otra vía, no es excluyente", matiza.

Falta saber qué previsiones tiene el Gobierno sobre la envergadura del programa de reasentamiento de refugiados y, en general, sobre el número de personas que pueden llegar a España gracias al acuerdo con EEUU. Solo en 2022 pidieron asilo en España casi 119.000 personas. Más del 80% procedía de Latinoamérica, sobre todo de Venezuela (45.748 solicitudes), Colombia (36.012) y Perú (8.937). Fuera de estas estadísticas están los latinoamericanos llegados como turistas que se quedan en el país de forma irregular.

Mientras Inclusión ensaya estas nuevas fórmulas aún está pendiente de tramitar y de que el Congreso debata la Iniciativa Legislativa Popular para la regularización extraordinaria de migrantes impulsada por decenas de colectivos y que afecta a cerca de medio millón de personas, la mayoría procedentes de Latinoamérica que llevan años en España pero todavía sin papeles y viviendo de la economía sumergida, víctimas de la precariedad y la total desprotección laboral.