La contaminación de la actividad minera persiste en el tiempo. Desde 1973 las explotaciones de minas en España se regulan bajo una ley franquista que ampara la impunidad de las agresiones medioambientales de las empresas mineras. El Observatorio Ibérico de la Minería (MINOB) ha documentado la existencia de más de 100 minas en España que vulneran los derechos sociales y ambientales.

Joám Evans, coordinador del Observatorio, asegura a Público que los análisis realizados en cada explotación, evidencian la dejadez de control por parte de las administraciones públicas. Casi 300 infracciones se relacionan con falta de autorizaciones o permisos ilegales, deficiencia de restauración o avales financieros y corrupción administrativa.

Según datos del Observatorio, las cifras son alarmantes, puesto que faltan 400 minas por examinar. Andalucía, con 24, y Galicia, con 21, son las comunidades con más casos de explotaciones mineras ilegales. Cristóbal López, coordinador del Área de Minería de Ecologistas en Acción, comenta a este medio que para que exista una actividad minera sostenible, "tiene que haber una ley que obligue a serlo y unas empresas social y ecológicamente responsables". 

Los detalles de la documentación se presentarán durante el I Encuentro Ibérico sobre impactos sociales y ambientales de la minería que se celebrará del 12 al 15 de octubre en Extremadura. En esta primera edición participarán medio centenar de representantes de distintos movimientos, plataformas y colectivos implicados en la resistencia a proyectos mineros de España y Portugal.

Infracciones e impactos en la salud 

La vulneración de derechos en el caso de la minería ilegal abarca distintos ámbitos. "Desde incumplimientos en materia de competencias laborales, faltas de seguridad, prohibiciones o limitaciones en derecho a sindicarse, el valor a estar informados...", informa Evans. 

El coordinador del Observatorio explica que la salud humana puede verse afectada, ya que estas explotaciones ilegales producen contaminación de agua, emisiones de polvo y daños al patrimonio cultural. "Estas dificultades se agravan porque muchas de estas minas se encuentran en espacios protegidos o en las proximidades de poblaciones", declara el especialista.

López reivindica el derecho a una calidad de vida. "Los ríos cercanos a estas minas contienen residuos que van a balsas de lodo. Todo esto acaba contaminando no solo el río, sino el agua, un comunicador de contaminación peor que el aire", explica. 

Los casos más destacados de minas ilegales se encuentran en la zona norte y sur de la península.

Mina de Touro 

En 1974 y, más tarde, en 1987, esta mina gallega explotó a cielo abierto. Las autoridades abandonaron la explotación sin restaurarla y la emplearon para procesar y verter residuos peligrosos. La excavación ha sido responsable de la inyección de metales pesados al sistema fluvial del Ulla y la ría de Arousa.

Actualmente, el depósito de residuos de las depuradoras de esta explotación genera malos olores y polución. En los últimos años, el organismo hidráulico ha aplicado algunas sanciones contra el operador minero. Los problemas asociados a la mina de Touro han sido objeto de varias preguntas en el Parlamento Europeo donde se han tramitado varias peticiones.

Mina de El Valle-Boinás 

El interior de esta mina situada en Asturias, está repleto de oro, plata y cobre. La explotación emprendió su actividad a cielo abierto en 1996. El río contiguo a la excavación presenta una continuada contaminación con metales pesados y almacena grandes toneladas de lodo con concentración de cianuro. Su proyecto ha implicado la destrucción de yacimientos arqueológicos, incluyendo asentamientos, fortificaciones y labores mineras de la Edad del Hierro y de época romana.

Tras la apertura de varios expedientes sancionadores a lo largo de los años, en la actualidad se ha establecido un procedimiento penal en el que la Fiscalía demanda una multa de 20 millones de euros y la paralización de la mina durante 5 años. Las condiciones laborales en la excavación han llevado a numerosos accidentes graves, varios de ellos mortales y algunos asociados a malas prácticas y al uso de subcontratas.

Mina de Las Cruces 

Esta explotación contenía un yacimiento bajo un acuífero que estaba considerado reserva estratégica de emergencia para la ciudad de Sevilla. La mina ha sido sancionada por detracciones ilegales de aguas del acuífero y sus directivos han sido condenados por contaminarlo con arsénico.

En 2018 el Tribunal Supremo confirmó una sanción del Consejo de Ministros de 923.091 euros por detracción ilegal de aguas subterráneas y una indemnización de 276.927 euros por daños al Dominio Público Hidráulico. 

Mina de Aguablanca

Esta mina situada en Badajoz contenía níquel y cobre. Desde el año 2005 hasta 2015 provocó contaminación por metales en la Rivera de Cala. La mina está próxima de El Real de la Jara, dónde se ha denunciado polución por polvo en suspensión, ruido, vibraciones, grietas en las viviendas y daños por tráfico pesado.

Al inicio de las operaciones, la excavación recibió más de 6,6 millones de euros de los fondos de incentivos regionales de Extremadura (FEDER). Desde el año 2003 se han presentado denuncias administrativas y judiciales por infracciones cometidas por la empresa minera.

Mina de Riotinto

Estas excavaciones en Huelva se han explotado intensamente durante los últimos 150 años, agotando muchos depósitos y contaminando los ríos Tinto y Odiel. Actualmente, las operaciones se centran en el yacimiento de Cerro Colorado, que ha generado enormes balsas de residuos mineros con más de 500 hectáreas de extensión y con riesgo de rotura. El grado de contaminación de esta mina compromete la disponibilidad de agua para consumo humano y regadío, y daña la ría de Huelva.

La población cercana a la mina ha denunciado los daños por vibraciones en las viviendas y la contaminación atmosférica por nubes de polvo con valores medios de cobre, zinc y arsénico, hasta diez veces en relación a otras poblaciones, lo que ha llevado a una denuncia penal por parte de la Fiscalía.

Iniciativa ciudadana

El MINOB es una iniciativa de ciudadanía ambiental que se creó hace un año para documentar y hacer públicas posibles vulneraciones de derechos sociales y medioambientales causadas por la industria extractiva en España y Portugal. En esta decisión participan una treintena de colectivos con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

El Observatorio expone todo tipo de situaciones: ataques, amenazas o pleitos intimidatorios contra activistas; explotaciones clandestinas que operan sin permisos o sin haberse sometido a una evaluación de impacto ambiental; o minas que infringen los derechos laborales.

Además, el portal cuenta con un sistema de monitoreo y alerta temprana para detectar, mapear y denunciar vulneraciones y malas prácticas.