España necesita al menos 35.000 plazas para atender la demanda actual de personas en dependencia severa o grandes dependientes y requiere la creación de al menos 76.350 plazas en residencias de mayores para alcanzar el ratio de cico plazas por cada 100 personas mayores de 65 años.

Estos son los datos arrojados por el último informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, que analiza el estado de las residencias de mayores tras el impacto de la covid-19. 

El informe registra el estancamiento del número de plazas en residencias de mayores. En 2021 han aumentado los números totales apenas un 2%, un aumento de 7.766 plazas, muy lejos de los números que esta asociación estima como necesarios. Andalucía y la Comunidad Valencia, con 31.475
y 23.485 respectivamente, son las regiones de España con mayor déficit de plazas. 

"Si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5%, en el último año este déficit alcanza las 76.350. Según los últimos datos oficiales hay en lista de espera de ser atendidas 80.862 personas con Grado II y III, más 60.000 pendientes de valorar, que previsiblemente obtendrán uno de esos grados, lo que eleva el número hasta las 140.862 personas", concluye este informe en materia de Servicios Sociales. 

El informe identifica a Castilla y León y Castilla-La Mancha como las Comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública, seguidas de Extremadura y Aragón. Por contra, las regiones con menos plazas de financiación pública son Canarias y la Comunitat Valenciana, que no alcanzan un 1,5%. Madrid es la única Comunidad donde las plazas exclusivamente privadas tienen una cobertura mayor (2,53%) que las de financiación pública (1,83%). 

Alcanzar ese ratio, 5 plazas por cada 100 personas mayores de 65, aunque es una aspiración aún inalcanzable para la mayoría de comunidades autónomas, también puede llevar a engaño, según apunta el informe, puesto que la media de edad de las personas en residencias es de 85 años. Por tanto, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales concluye con una reclamación al IMSERSO, y es que proponga al Consejo Territorial un acuerdo para fijar una ratio "más adecuada a la sociedad actual y a la situación y demandas de las personas mayores, contando para ello con el asesoramiento de las organizaciones científicas y las entidades del sector".

La semana pasada, Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, anunciaba un anteproyecto para diseñar una ley de Servicios Sociales que obligue a las Comunidades Autonómas a diseñar un acuerdo de mínimos en torno a esta materia. Con esta ley, que deberá pasar por el Congreso de los Diputados y aspira a ser aprobada en torno a junio y julio, se intentan corregir las enormes desigualdades que existen entre las diferentes regiones de España en materia de Servicios Sociales.