El número de alumnos con necesidades de apoyo educativo ha crecido de 28.299 en el curso 2019/2020 a 35.910 en el curso 2023/2024, según datos del Departament d'Educació. Un incremento que refleja, sin duda, la realidad cada vez más compleja que se vive en las escuelas e institutos públicos de Catalunya.

"En una clase de 25 o 30 alumnos hay mucha diversidad y el docente se encuentra solo y no llega. Hay mucha frustración, sobre todo cuando tiene que asumir tareas sanitarias que no le corresponden", explica Dani Turón, profesor y coordinador del grupo de trabajo de educación inclusiva del sindicato USTEC. Más allá de la falta de vigilantes y de recursos para la educación inclusiva, las entidades y las familias reclaman la incorporación de más enfermeros y profesionales de la salud en los centros públicos catalanes.

En octubre de 2017, la Generalitat aprobó el decreto de la escuela inclusiva, que establecía que todos los alumnos con necesidades educativas especiales (NEE) debían escolarizarse en centros ordinarios durante la etapa obligatoria, excepto en los casos en que las familias solicitaran un centro de educación especial para discapacidades graves.

El incremento del presupuesto previsto en actuaciones del decreto desde el curso 2017/2018 hasta el 2020/2021 debía ser de 142 millones. Y aunque no se alcanzó la cifra fijada –se invirtieron 117,5 millones–, el Departament d'Educació aseguró que el incremento real de gasto en educación inclusiva en cuatro años, más allá del decreto, había sido de 264 millones. Así lo recuerda a Público la nueva directora general de Educación Inclusiva, Susana Tarapiella, que hace una valoración "positiva" del despliegue normativo y de recursos, aunque admite que aún queda mucho por hacer.

Si analizamos la inversión anual en educación inclusiva desde entonces, Tarapiella afirma que ha habido un "aumento progresivo": mientras que en el curso 2017/2018 se destinaron 359,7 millones, en el curso 2023/2024 la cifra ascendió a 590,5 millones. Estos recursos, en principio, han servido para contratar monitores y personal de atención educativa. Entonces, si el presupuesto ha ido creciendo, en paralelo con el aumento de alumnos con necesidades, ¿por qué persiste el malestar entre el profesorado y las familias?

La respuesta es sencilla: la escuela inclusiva "es la escuela de todos", y aún faltan recursos para garantizar una "buena atención" a cada uno de los estudiantes, asegura Turón. Por su parte, Víctor Saura, docente, periodista y miembro de la Plataforma Ciutadana per a una Escola Inclusiva, argumenta que "el incremento de recursos se nota poco porque la complejidad del alumnado ha aumentado mucho". Ambos coinciden en que solo reduciendo las ratios de las aulas ya mejoraría mucho la atención.

La falta de monitores es solo "la punta del iceberg"

Una de las quejas que ha resonado con más fuerza en los últimos tiempos es la falta de monitores escolares. Se trata de un perfil profesional que vela por garantizar la autonomía de los alumnos con NEE –sobre todo en lo que respecta a movilidad, higiene o alimentación– y para facilitar su participación con el resto de los compañeros en situaciones de aprendizaje. Estos vigilantes no son propios d'Educació, sino que están subcontratados mediante una empresa privada y, por tanto, las horas repartidas dependen del presupuesto invertido.

Según Tarapiella, "los Servicios Territoriales son los encargados de hacer la distribución de horas semanales en cada uno de los centros". Estas horas, continúa, "parten de la valoración que hace el EAP [Equipo de Asesoramiento y Orientación Psicopedagógica] de la necesidad de apoyo complementario en el contexto educativo para el alumnado con NEE". Ante las reclamaciones de las familias afectadas, la directora general aclara que "el monitoreo de apoyo es un recurso del centro, no del alumno", y que los centros deben poder atender a los estudiantes sin él, que solo es un "apoyo adicional que se suma al resto de recursos" disponibles.

Turón explica que "cada año hay revuelo con los monitores", pero que esto es solo "la punta del iceberg", porque los centros "deberían tener muchos otros recursos, como pueden ser profesionales de educación especial o de enfermería". En este sentido, lamenta que hay alumnos que padecen enfermedades crónicas complejas que no reciben la atención adecuada y asevera que a los docentes "no les corresponde hacer funciones sanitarias porque no son especialistas".

Coincide con este razonamiento Víctor Saura, quien asegura que "lo que crea más malestar es todo lo relacionado con la atención sanitaria de los alumnos en horario escolar". Turón dice que tampoco se deben capacitar a los monitores para realizar ciertos cuidados y que las familias, "si creen que no hay suficientes recursos en la escuela ordinaria pública, acabarán llevando a sus hijos a la privada, que no está al alcance de todos, o a una escuela especial".

De hecho, según los datos proporcionados a Público por el Departament, ha habido un aumento de matrículas de niños con NEE en centros de educación especial: se ha pasado de 11.005 alumnos en el curso 2021/2022 a 11.464 en el 2022/2023, hasta llegar a 12.286 en el 2023/2024. Tarapiella atribuye este incremento a "varios factores", entre los cuales destaca que "los centros de educación especial a menudo ofrecen recursos adaptados a la realidad de cada niño y joven, permitiéndoles desarrollarse en un entorno que se ajusta mejor a sus necesidades". La directora general no se ha pronunciado sobre la reivindicación de enfermeras escolares.

Medidas para fomentar la escuela inclusiva

Como medida para paliar el malestar de las familias, Saura reivindica la apertura de la Unidad de Atención a las Familias y Apoyo a la Inclusión Educativa, que se puso en marcha el pasado febrero. Dice que es un lugar donde "hablar con un interlocutor directo", que puede hacer de intermediario entre los padres y la administración.

Tarapiella revela que hasta el momento se han atendido más de 610 casos, "la mayoría de los cuales están relacionados con la implementación de medidas y apoyos en el aula, normativa o protocolos de actuación, entre otros". Asimismo, recuerda las palabras de la consellera d'Educació, Esther Niubó, en una rueda de prensa en septiembre, donde confirmaba la consolidación de la Unidad como un "recurso esencial para el acompañamiento especializado" en este 2024/2025.

En este sentido, Tarapiella afirma que hay que seguir trabajando, tomando como referencia las propuestas efectuadas por la Taula de Participació per a un Sistema Educatiu Inclusiu (TAPSEI). Entre otras líneas estratégicas que se han trazado, la Generalitat pretende impulsar medidas y "apoyos universales", como por ejemplo a través de las "dinamizadoras de educación inclusiva"; incrementar el número de centros que disponen de "recursos intensivos" o consolidar y ampliar la coordinación con otros departamentos como el de Salut y Drets Socials.

Respecto a las perspectivas de Turón con el nuevo Govern, afirma que aún "están arrancando motores" y que habrá que ver cómo "respira" el nuevo Departament. "Antes de las elecciones, Illa decía que la educación debía tener una mejor financiación. Son millones de euros que se han dejado de invertir desde hace muchos años", añade. Saura, por su parte, dice que la consellera Niubó, cuando estaba en la oposición, impulsó una Comisión de Estudio sobre la Inclusión en el Parlament y que, por el momento, confía en su "sensibilidad" con el asunto.