Las entidades sociales piden aprobar la ILP para la regularización de migrantes pese a la reforma de la ley de extranjería

La alianza de entidades formada por Andalucía Acoge, Cáritas, CEAR, CONVIVE Fundación Cepaim, Red Acoge y Servicio Jesuita a Migrantes, ha realizado un seguimiento detallado a los procesos de reforma del Reglamento de Extranjería, impulsados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los colectivos han trasladado propuestas concretas a las distintas carteras para dar respuesta a las situaciones de vulnerabilidad de las miles de personas a las que acompañan. No obstante, lamentan que, pese a la apertura de canales formales de escucha, "las propuestas de la sociedad civil apenas han tenido impacto en la norma aprobada". La ILP para la regularización de medio millón de migrantes, por ejemplo, sigue pendiente de tramitación parlamentaria. 

Como aspectos positivos, las plataformas destacan que el desarrollo de los visados facilitará que las personas puedan llegar a España con las autorizaciones de residencia y trabajo necesarias desde su país de origen, y que "la flexibilización de determinados requisitos permitirá la regularización de algunas personas extranjeras que estén sin autorizaciones en territorio español". En el caso del arraigo social, por ejemplo, se reduce un año el tiempo de residencia exigido para poder solicitarlo. El arraigo socioformativo permite trabajar hasta 30 horas mientras se realiza la formación y una vez finalizada se podrá cambiar el permiso de residencia por uno de trabajo presentando una oferta o contrato laboral.

El Reglamento, sin embargo, exige que "para un número importante de personas sea necesario vivir, al menos, dos años de manera irregular" para poder acceder a una autorización de residencia y trabajo. Las entidades alertan especialmente sobre las "graves consecuencias" que tendrá la aplicación de la reforma para miles de solicitantes de asilo a las cuales se les deniega dicha solicitud. Según la Oficina de Asilo y Refugio, más de 190.000 personas solicitantes de asilo se encuentran pendientes de resolución o admisión y estiman que podrá dejar en situación administrativa irregular a cerca del 88% de las personas a las que no se les reconoce el estatuto de protección internacional. 

Estas personas, durante el periodo de tramitación de la solicitud, que suele ser de entre uno y dos años, cuentan con una autorización para permanecer y trabajar en el Estado español. Con la reforma del Reglamento, la denegación de la solicitud de asilo supondrá no solo la pérdida de esta autorización, sino que, durante el primer año de vigencia del Reglamento, tendrán que permanecer seis meses en situación irregular si quieren solicitar los permisos por arraigo, y una vez pase este tiempo, "deberán esperar dos años más para poder solicitar las autorizaciones", porque no se les reconocerá el tiempo de residencia previo.

De esta forma, el nuevo Reglamento de Extranjería hace que personas y familias que se encuentran trabajando formalmente, cotizando, y desarrollando sus proyectos de vida con reconocimiento de derechos en España, "sean penalizadas, dejándolas en situación administrativa irregular", es decir, perdiendo los derechos reconocidos.

Las entidades sociales creen que una de las consecuencias de esta decisión es "el desincentivo de las personas a solicitar protección internacional en España". El Ejecutivo buscaría de esta forma reducir el número de solicitudes y dar respuesta a la falta de capacidad de la administración para tramitar y acoger al creciente número de personas que se ven forzadas a huir su país de origen y buscar protección en España.

La alianza de colectivos humanitarios considera que se genera de esta manera una "inseguridad jurídica" que puede contradecir lasmanifestaciones realizadas por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que afirmó que la reforma "representa un equilibrio entre la extensión y protección de los derechos de las personas migrantes y el rigor jurídico y la atención a las necesidades de España". 

Las entidades sociales señalan que, además de crear nuevas situaciones de irregularidad administrativa, "este Reglamento no va a resolver de manera inmediata la situación de irregularidad en la que se encuentran miles de personas" y por ello destacan la necesidad de aprobar en paralelo la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización extraordinaria como vía para garantizar derechos a miles de personas que viven y trabajan en nuestro país.