La casilla de fines sociales de la declaración del IRPF también tiene beneficiarios del ámbito religioso: hasta una treintena de entidades católicas han recibido más de 5,32 millones de euros procedentes de esa asignación en el último reparto realizado por el Gobierno, correspondiente a la campaña de la renta de 2018.
Esas treinta entidades obtuvieron subvenciones por valor de 5,3 millones de euros, un dinero aportado por el mismo Estado que con cargo a ese ejercicio transfirió a la iglesia católica un total de 256 millones por la vía de las casillas del IRPF.

Esos 5,3 millones de euros suponen algo más de la décima parte de los 49 que repartió el Gobierno central a través de la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales, aunque no fueron los únicos procedentes de esa casilla, cuyo reparto lleva haciéndose desde la declaración de 2017 en un porcentaje de un 20% desde el ejecutivo central y un 80% desde los autonómicos.

Según la Plataforma del Tercer Sector, que agrupa a buena parte de las ONG que operan en el campo de los servicios sociales, el tramo estatal de 2017, de 48 millones frente a una demanda de 207, llegó a 609 proyectos de 230 entidades, mientras que el de 2018, con 49 millones para solicitudes por 194, alcanzó a 673 iniciativas de 258 entes. Ni uno ni otro ofrecen datos de las distribución de fondos de las comunidades, que mueven alrededor de 200 millones.

Dinero de la casilla social para pedir más equis en ella

Entre las organizaciones católicas que más fondos recibieron de ese reparto estatal se encuentran Cáritas, con 1,74 millones (casi la cuarta parte del total) para varios proyectos de ámbitos como las prisiones, los ancianos y las víctimas de violencia machista, aunque también para cuestiones de intendencia y organización; Ymca, que recibió 476.276 euros para programas de inclusión, juventud, empleo y acosos escolar; Accem, al que le fueron asignados 341.551 para actuaciones en materia de migración, jóvenes y exclusión social, o la Fundación Cruz Blanca y la coordinadora de geriátricos Lares, que obtuvieron, respectivamente, 231.315 y 155.134.

Destacan también por su cuantía los 418.506 euros que recibieron varios grupos de boy-scouts, los 450.713 de la jesuítica Fundación Padre Garralda o los 399.551 de los salesianos centros Don Bosco, 240.000 de ellos con Didania y los scouts.
Sin embargo, la asignación que más llama la atención es la de 149.102 euros que recibió la Plataforma de ONG de Acción Social, 100.000 para financiar la "Campaña X Solidaria" con el objetivo de que los contribuyentes marquen la casilla de fines sociales en su declaración de la renta y otros 49.102 cuyo objetivo consiste en financiar una "campaña de comunicación para que las empresas marquen la X de fines sociales en el Impuesto de Sociedades: empresas XSolidarias, empresas eXtraordinarias".

La plataforma no es una entidad propiamente católica ni de orientación religiosa, aunque entre sus miembros se incluyen varias de las ONG católicas de mayor potencia, como Accem, Cáritas, Didania o las fundaciones Esplai y Juan Ciudad.

"No pueden delegar ese cometido"

Estas dos últimas subvenciones suponen, en la práctica, destinar fondos de la casilla de fines sociales a pedir que más contribuyentes pongan una cruz en ella, así como a lograr que las empresas hagan lo propio en el Impuesto de Sociedades, para el que este año aparece por segunda vez ese recuadro en los modelos de autoloquidación, en este caso sin la competencia ni la complementariedad del recuadro que envía fondos a la iglesia católica.

"No es de recibo que se achaque a los que pedimos que no se marque a o a los contribuyentes que no la marcan la responsabilidad de que los fines solidarios dispongan de más o menos medios económicos con los que poder atender su función", señala Juanjo Picó, portavoz de Europa Laica, que aboga por "cambiar el tiro, porque es la responsabilidad del poder político, de acuerdo con su voluntad y prioridad programática y legislativa, quien debe fijar las partidas presupuestarias para este sector, sin que se delegue tal cometido, en todo o en parte, con el sucedáneo individual de esta casilla que, además, actúa como excusa para seguir financiando el culto y el clero católico desde el erario público".

Europa Laica, que se opone a "que se desvíen impuestos y recursos públicos a asuntos y organizaciones particulares", llama a las ONG de ese sector a "poner el punto de mira también en ese foco". La atención a “los fines solidarios de interés general debe ser parte de las políticas de gobierno de las distintas administraciones, fijando partidas en sus presupuestos a nivel central, autonómico y local".

Las cuentas de las casillas

Sin embargo, eso no ocurre, ni mucho menos, en la práctica: ni con la financiación del llamado tercer sector ni, tampoco, con la de las confesiones religiosas. Aunque no en la misma medida, ya que las primeras obtienen el grueso de su financiación de esa fuente mientras que, entre las segundas, esa vía aporta una parte muy escueta de los fondos públicos que maneja en el caso de la iglesia católica.

Esta recibió entre 2010 y 2019, a falta de cerrar definitivamente la liquidación de las declaraciones de 2017 y 2018, un total de 2.559 millones de euros procedentes de su casilla del IRPF, según indican los datos de la Agencia Tributaria, que indican cómo en los últimos 25 años la aportación mensual a cuenta, que se complementa con otros desembolsos, ha pasado de poco más de nueve millones de 1995 a los casi quince de principios de 2019 (las series acaban en febrero de ese año), ejercicio en el que la propia Conferencia Episcopal prevé alcanzar su récord de ingresos tributarios.

Esas cuantías suponen apenas un 2,5% de los alrededor de 10.000 millones de euros en los que algunas estimaciones sitúan su asignación real, y anual, de fondos públicos, que incluye el perdón de alrededor de mil en impuestos como el IBI y Patrimonio y la transferencia de 4.500 a través de conciertos educativos, otros 3.200 en acuerdos sanitarios y, entre otros, unos 500 para el mantenimiento de monumentos.

Por el contrario, la magnitud de esos 250 millones, sobre cuya gestión plantea dudas el Tribunal de Cuentas, se dispara cuando se pone en relación con otras dos cifras: los apenas seis que se reparten musulmanes, judíos y evangélicos a través de la Fundación Pluralismo y Convivencia o los 6,2 que transfiere a Cáritas según la propia Memoria de Actividades de la Conferencia Episcopal mientras gasta 3,9 en pedir a los contribuyentes que pongan la cruz en su casilla.

El número de los ciudadanos que lo hacen se ha reducido de una manera notable en los últimos años, al caer más de un 40% en una década, de los algo más de cuatro millones de 2008 a los menos de 2,4 de 2017, último ejercicio con datos cerrados.

En ese periodo, tanto el volumen de declarantes que marcaban la casilla de fines sociales como los que no tachaban ninguna de las dos se han mantenido de una manera estable, entre los 6,5 y los 6,9 millones en el primer caso y entre los 5,5 y los 6,6 en el segundo, con tendencias, respectivamente, a la baja y al alza en los últimos cinco años.

Por otro lado, esos 250 millones de euros duplican con creces el dinero que los contribuyentes destinan en exclusiva a la iglesia católica, que en ese mismo decenio cayó de 145,2 a 94,8 millones (-34,8%) mientras el de los fines sociales se mantenía de manera estable en el entorno de los 180.

La aportación se dispara en la práctica al añadirle la mitad del dinero derivado por los contribuyentes que marcan las dos casillas, que aumentó más de un 75% al pasar de 84 millones a 149 entre 2008n y 2017. En esos casos, la Agencia Tributaria detrae de la recaudación un 1,4% en lugar de un 0,7% para destinar la mitad a cada una de las casillas.

Varias organizaciones, entre ellas IU y Europa Laica, impulsando de nuevo en esta primavera de pandemia y valorización de los servicios públicos una campaña para animar a no marcar ninguna de las dos casillas en la declaración del IRPF.

"La mejor muestra de solidaridad es aportar con nuestros impuestos a la financiación de la sanidad, de la educación, la dependencia o las pensiones", señala su coordinador en Aragón, Álvaro Sanz, para quien en estos momentos "lo más responsable y solidario es colaborar con lo público, que es sector que atiende los gastos comunes tan necesarios en sanidad, educación, asistencia social, pensiones o infraestructuras. Ahí, a la caja común, es donde deben ir nuestros impuestos".