Retos del nuevo GobiernoElevar la violencia machista a cuestión de Estado, rescatar a la infancia e impulsar la igualdad LGTB

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La llegada de Pedro Sánchez a la presidencia, con el apoyo de fuerzas progresistas como Unidos Podemos o Compromís, ha devuelto la esperanza a amplios sectores sociales que llevan años luchando contra corriente por la puesta en marcha de políticas sociales largamente paralizadas o ninguneadas desde el Ejecutivo del Partido Popular en los últimos siete años.

Las distintas manifestaciones del nuevo presidente en materia de derechos de las mujeres o de la infancia, así como los primeros pasos anunciados en estos primeros días de su presidencia, apuntan en esta dirección.

Durante su discurso de investidura, el entonces candidato a presidente se comprometió a elaborar un Gobierno paritario y europeísta, que "atenderá las urgencias sociales". También se comprometió a impulsar leyes que terminen con "todas las brechas de género", a cumplir todas las medidas incluidas en el pacto de Estado contra la violencia de género, impulsar una ley para asegurar la igualdad de género en el empleo y a mejorar el Estado del Bienestar para combatir la pobreza. “Hoy firmamos una página nueva de la Historia de la democracia de nuestro país y empezamos a escribir sus primeros párrafos”, afirmó en su discurso de la moción de censura.

Cuatro días después de haber jurado su cargo, el nuevo presidente ya anunció la recuperación del ministerio de Igualdad (cuya responsable será Carmen Calvo, que simultaneará el puesto con la vicepresidencia) y la creación de un Alto Comisionado para luchar contra la pobreza infantil.

Pero los retos en materia de políticas sociales que favorezcan a las mujeres y a los colectivos más vulnerables es amplia y precisa de decisión política y, en ocasiones, destinar los fondos necesarios. Estos son algunos de los retos clave del nuevo Gobierno en materia de políticas sociales y de género. 

Plan y financiación para atajar la violencia machista

El pasado 28 de septiembre, el Congreso aprobaba por mayoría el pacto de Estado contra la violencia de género, un conjunto de 214 medidas a aplicar en cinco años y en las que comunidades autónomas y ayuntamientos debían asumir gran parte del trabajo de atención, prevención y protección de las víctimas. El Gobierno del PP comprometió 1.000 millones de euros para la tarea, a razón de 200 millones anuales (80 para la administración central, 100 para las autonomías y otros 20 millones para ayuntamientos). Estos fondos, importantes aunque no suficientes, fueron bloqueados por el Partido Popular en los Presupuestos Generales del Estado de este año y sólo se incluyeron después de que los grupos parlamentarios aprobaran por mayoría una enmienda transaccional presentada por el PSOE. Ocho meses después de aprobado el pacto, los fondos aún no han llegado a las distintas Administraciones y las medidas contenidas en el pacto de Estado apenas se han puesto en marcha. 

En este sentido, las organizaciones feministas reclaman que los 200 millones se gasten dentro de este año, a pesar de lo avanzado de las fechas, y de forma que mejoren sustancialmente las políticas contra la violencia de género y que éstos incrementen los algo más de 39 millones que ya estaban contemplados en los presupuestos para este fin. 

Una de las preocupaciones de las organizaciones es que exista un control de los fondos destinados a los distintos ministerios para luchar contra esta violencia, en especial los 71 que afirma el proyecto de presupuestos que están destinados a los ministerios de Interior, Justicia, Empleo y Hacienda, pero que no se sabe a ciencia cierta en qué partidas están contenidos ni cuál es su objetivo final.

El documento incluía, además, un plazo de seis meses para comenzar a acometer las modificaciones legales necesarias para cumplir varias de las medidas contenidas en el acuerdo. Entre ellas, la modificación de la ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, que devuelva a las comunidades y entes locales las competencias en violencia de género, así como la reforma de la Ley de Violencia de Género de 2004 para asegurar, entre otras cosas, la ampliación de los delitos contra las mujeres, tal como lo estipula el Convenio de Estambul, que nuestro país ratificó en 2014.

Instituto de la Mujer

Otro de los pasos clave es reflotar y reorientar el Instituto de la Mujer para devolverle el papel clave que debe jugar en las políticas de igualdad y de las que ha carecido en durante los años de Gobierno del Partido Popular. En los últimos siete años este instituto no sólo ha perdido financiación, sino también peso político debido a una nefasta gestión y falta de objetivos. La actual directora de esta institución, Lucía del Carmen Cerón, ha recibido críticas de todos los grupos de la oposición, que han solicitado su presencia en el Parlamento en numerosas ocasiones para que diera cuenta de sus planes, explicara sus declaraciones en una entrevista concedida a Público poco después de su toma de posesión, y por el despido de diez trabajadoras que gestionaban los Fondos Sociales Europeos. Será imprescindible nombrar a una gestora eficaz y con visión de género para dirigir esta institución, que dependía hasta ahora del ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y que ahora pasará a depender del nuevo ministerio de Igualdad recientemente anunciado.

Educación en igualdad y formación en perspectiva de género

Es urgente, también, consensuar un proyecto educativo que incorpore en todas las etapas educativas la formación en igualdad y que corrija los altos índices de violencia sexual entre jóvenes menores de edad que se ha disparado en los últimos años. Según datos del último informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) durante 2017, el número de victimas de violencia de género que más creció (un 14,8% con respecto al año anterior) fue la comprendida en edades menores a los 18 años. 

Otro reto importante en temas de formación, es la que deberían tener jueces, juezas y en general todo el personal jurídico, que según la ley está obligado a tener formación en perspectiva de género, pero que hasta la fecha no se ha puesto en marcha, más allá de los juzgados especializados. La reciente sentencia a La Manada, volvió a poner esta reclamación encima de la mesa con fuerza.

Una ley contra la discriminación LGTBI

El nuevo Gobierno tiene por delante finalizar la tramitación y aprobación de una ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales y de igualdad social de lesbianas gais, bisexuales, transexuales, trangénero e intersexuales, más popularmente conocida como Ley de Igualdad LGTBI. 

Esta ley fue registrada en el Congreso de los Diputados el cuatro de mayo del año pasado sin que hasta el momento haya sido tramitada. Las organizaciones de defensa de los colecitvos LGTBI exhortan al nuevo Gobierno a aprobarla y a garantizar que su redacción respete, lo más posible, el texto aprobado por el Congreso que ha sido consensuado por la mayoría de los colectivos de defensa de estos derechos.

Otra de los compromisos largamente desoídos es suprimir la patologización de las identidades trans, tanto a nivel nacional como internacional. En este sentido, los colectivos también esperan que el gobierno facilita las condiciones de refugio y asilo por persecución por orientación sexual o identidad de género.

Protección a la infancia

Uno de cada tres niños en España, el 29% de los menores de edad, está en riesgo de pobreza o exclusión social, según datos de Save the Children, que afirma que la infancia de nuestro país es el colectivo que más está sufriendo las consecuencias de la crisis económica y de los recortes en las ayudas sociales. Una de las primeras medidas acordadas por Pedro Sánchez nada más ser investido presidente de Gobierno, fue anunciar la creación de un Alto Comisionado para luchar contra la pobreza infantil para atajar este drama. Si bien las organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia afirman que esta es una medida importante, reclaman que el compromiso político vaya acompañado de una prioridad en el gasto público, que no sólo significa invertir en la infancia, sino "invertir mejor", tal como explica Save the Children. Esta organización valora que una inversión cercana a los 4.300 millones de euros permitiría que 638.770 niños y niñas salgan de la pobreza.

Otro de los compromisos políticos en torno a la infancia, es la aprobación de una ley de violencia contra la infancia. A pesar de que en septiembre del año pasado se había alcanzado el compromiso en parlamentario para que esta norma estuviera lista el próximo mes de septiembre, las organizaciones que forman la Alianza para Erradicar la Violencia contra la Infancia han denunciado en varias ocasiones que el Gobierno del PP no tenía previsto su debate y que los trabajos avanzaban a paso muy lento. Esta Alianza, está formada por organizaciones como Aldeas Infantiles SOS, Educo, Plan International, Save The Children, UNICEF Comité Español y World Vision, esperan que el nuevo ejecutivo cumpla con el calendario acordado.

Reclaman que el compromiso político vaya acompañado de una prioridad en el gasto público, que no sólo significa invertir en la infancia, sino "invertir mejor", tal como explica Save the Children.