A Cecil, un león africano de 13 años, lo mataron a flechazos en 2015. Walter J. Palmer, un dentista estadounidense, pagó una cifra cuantiosa de dinero para abatir a este felino emblemático que habitaba en el Parque Nacional Hwange, una de las reservas naturales más grandes de Zimbabue. El asesinato de este mamífero puso en el foco mediático el debate sobre la legalidad y la ética de las importaciones de trofeos de caza; la llegada de cabezas, cuernos y piezas de animales en riesgo de desaparición a los países desarrollados.

Pese a la controversia de aquel caso, las matanzas recreativas se han seguido produciendo y los trofeos en forma de peletería y taxidermia no han parado de llegar. La Unión Europea es el segundo mayor importador de animales cazados incluidos dentro de CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) y España está a la cabeza. Es el segundo Estado del viejo continente que más ejemplares abatidos importo entre 2014 y 2018, con 2 117 trofeos de caza de 51 especies diferentes. Solo le supera Alemania, que ostenta el récord de 3.959 ejemplares en esa franja de años.

Desde 2015 –año en el que el león zimbabuense fue abatido a flechazos– hasta el año 2020 las importaciones españolas de trofeos de caza han incrementado un 39% y el número de ejemplares ha pasado de 397 a 552, tal y como revelan los datos del CITES recogidos por Humane Society International (HSI). Las tres especies más perseguidas por los cazadores son el elefante africano, el león africano y el babuino de chacma o papión negro.

La importación de especies incluidas dentro del CITES se realiza dentro de los marcos reglamentarios de la UE. A pesar de que muchas de los ejemplares que mueren a manos de cazadores legales están protegidos y, en algunos casos, se encuentran en una situación poblacional menguante, las normas internacionales permiten otorgar permisos para poder traer estos trofeos a Europa. ¿Por qué? La razón de ser es la lucha contra el furtivismo. Según la propia web del Ministerio para la Transición Ecológica "las áreas de caza, cuando están bien gestionadas, son reconocidas como una herramienta fundamental para la conservación de la vida silvestre a nivel mundial". La industria, por ende, se presenta como alternativa al descontrol de la caza ilegal.

Anna Mula, abogada y portavoz de la Fundación Franz Weber, pone en duda los beneficios de este tipo de permisos, los cuales son a su juicio un elemento "de explotación más para especies que están ya amenazadas o que son muy vulnerables por el furtivismo o por otros factores como el cambio climático". Su organización reclama al Gobierno que impida que se otorguen más permisos para traer piezas como ya han hecho algunos otros Ejecutivos europeos.

En Francia, tras el polémico caso del león Cecile, se prohibió la importación de trofeos de este felino. En 2016, el Gobierno de Países Bajos avanzó aún más y prohibió la importación de más de 200 especies protegidas por el CITES. Se han registrado mociones similares en Reino Unido o Finlandia y la Cámara de Diputados italiana debate un proyecto de ley para prohibir la llegada de ejemplares abatidos que estén en régimen de protección.

"El principal problema tiene que ver con la conservación. Aunque se suele decir que el dinero de la industria suele emplearse para mantener el territorio y para la población local, hablamos de especies bajo amenaza en las que matar un único ejemplar puede generar consecuencias muy negativas para toda la conservación de toda la especie", indica la portavoz de Franz Weber.  "Nos dicen: 'si matamos a un ejemplar los ingresos irán para combatir la caza furtiva'. Pero esos ingresos no son significativos si se comparan con lo que pueden proporcionar otras actividades como el ecoturismo de observación, que además genera empleos en la zona", agrega.

La lucha contra el furtivismo mediante la regulación de la caza genera ciertas dudas. El caso más conocido en España es el del empresario Marcial Gómez Sequeira que quiso abrir un museo de caza con los más de 1.250 animales abatidos por él. Tal y como relata El País, en noviembre de 2021 la Policía intervino 49 de los trofeos cinegéticos disecados y otras 132 piezas de marfil y abrió una investigación al cazador por presunto tráfico ilegal de especies protegidas al constatar que en algunos casos no disponía de la documentación para su tenencia y para su importación a España. 

El propio Parlamento Europeo alertaba en 2016 de los riesgos de que la caza furtiva introdujese piezas ilegales dentro de los marcos de mercado legales. "Muchos trofeos obtenidos a partir de actividades lamentables de caza furtiva salen del mercado negro y acaban en los flujos comerciales legales", decía el texto de un informe emitido en la Comisión de Medio Ambiente sobre el plan de acción de la UE contra el tráfico de especies silvestres.

En base a todo ello desde la Fundación Franz Weber y la Humane Society International reclaman que se actúe y aplique "el principio de precaución" para que "cese la importación de trofeos de caza" y "garantizar" que esta industria no es "una amenaza para el estado de conservación de los animales fuera de nuestras fronteras".

Desde el Ministerio para Transición Ecológica explican que España ya considera la protección de las especies, y por tanto sus trofeos, que no están presentes de manera natural en el territorio. Hay un listado de 3.500 especies, según informan fuentes del gabinete de Teresa Ribera, a las que se aplican el régimen de protección que establece el propio convenio internacional. "Si los instrumentos internacionales permiten la importación de trofeos -con las condiciones que sean- en España se verifican tales condiciones para el cumplimiento previamente a su posible autorización. Y si el convenio o norma comunitaria prohíbe la importación del trofeo, no se permite dicha importación", indican.