Los ecologistas gallegos se movilizan contra dos proyectos de megaparques eólicos en una sierra protegida de Ourense

La asociación Stop Eólicos Xurés-Celanova, en Ourense, ha denunciado que una consultora con sede en San Roque (Cádiz) y constituida con 3.010 euros de capital social planea construir dos megaparques eólicos en la serra de Larouco, al sur de la provincia.

Los ecologistas aseguran que se trata de un único parque divido en dos para tener con una declaración de impacto ambiental menos severa. Los proyectos contarían con quince molinos de 150 metros de altura que estarían situados a unos cuantos centenares de metros de varias zonas pobladas en la frontera entre España y Portugal.

Según la asociación, ambos proyectos esconden en realidad "una ampliación de hecho del polígono de Iberdrola en O Larouco, con 49 aerogeneradores operativos sobre la cima de la sierra".

La compañía que preside Ignacio Sánchez Galán ya se enfrentó a la contestación vecinal tras intentar construir una línea de alta tensión en la misma sierra, para dar salida a su producción eólica en una zona protegida muy frecuentada por montañistas, amantes de la naturaleza y profesionales y aficionados al parapente, el ala delta y deportes aeronáuticos.

Sin embargo, Iberdrola niega tener algo que ver con los proyectos ni estar detrás de las empresas que los promueven.

Stop Eólicos sostiene que la empresaa "acostumbra a utilizar este tipo de sociedades interpuestas" para levantar sus infraestructuras eólicas sin llamar la atención y para evitar que las protestas dañen su imagen comercial, y recuerda que la multinacional "mantiene en trámite desde hace un año un proyecto eólico (San Martiño) que se superpone" con los anteriores.

El pasado 28 de octubre, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó dos acuerdos de la Xunta para someter a información pública los permisos y estudios de impacto de los parques eólicos Mistral y Tramontana, en los municipios de Baltar, Cualedro y Xinzo da Limia.

Ambos proyectos están promovidos por la empresa Four Winds Holdco, con sede en un edificio de apartamentos de la urbanización de lujo Sotogrande, en la localidad gaditana de San Roque.

Según la información registral a la que ha tenido acceso Público, Four Winds Holdco SL fue absorbida en agosto de 2020 por M2 Energy Investment Partners SL, una empresa del sector de la intermediación financiera con sede en Marbella (Málaga), propiedad a su vez de dos empresarios con compañías que explotan parques eólicos vinculados a su vez, según Stop Eólicos, a Iberdrola.

Público ha preguntado a Four Winds y a su matriz si es la eléctrica la que está detrás de los proyectos, pero tampoco han contestado.

Según lo publicado en el DOG, el parque Tramontana tendría ocho generadores con pies de 92 metros de altura y aspas de 102 metros de diámetro, y el Mistral, otros siete de idénticas características.

Ocuparían una superficie conjunta de más de 1.023,88 hectáreas y estarían a distancias de entre 588 metros y 1,8 kilómetros de varias aldeas y núcleos poblados en la frontera entre España y Portugal, entre ellas la localidad lusa de Sendim, que quedaría literalmente rodeada por los aerogenereadores.

Si llegaran finalmente a construirse, sumando a las infraestructuras que ya están en funcionamiento, habría 84 molinos, 68 de ellos en la serra do Larouco, en un radio de apenas 7,5 kilómetros.

Los nuevos tendrían una potencia instalada de 49,5 megavatios (Mw), es decir en el límite previsto por la ley española para que el proyecto pueda ser tramitado por la Xunta y no por el Gobierno central, con competencias para autorizar o denegar la construcción de parques de más de 50Mw.

En realidad, según Stop Eólicos, los parques de Tramontana y Mistral en la serra do Larouco constituyen un único proyecto, y están siendo tramitados por separado en lo que constituye, en opinión de sus portavoces, "un claro caso de fragmentación fraudulenta por la división en dos de lo que en realidad es un mismo proyecto o incluso puede ser considerado como la ampliación de una infraestructura ya existente".

La intención de Iberdrola, según la asociación, sería eludir "una evaluación ambiental conjunta y global de la totalidad de las infraestructuras", lo que "restringe el derecho de la ciudadanía a la participación pública en la evaluación ambiental" de proyectos "estrechamente relacionados entre sí".

La Xunta, que tramita en la actualidad cerca de 300 megaparques que provocan un enorme rechazo en Galicia, ha dado sólo treinta días de plazo para presentar alegaciones al de Larouco, a pesar de que, según Stop Eólicos, los expedientes suman más de 3.000 folios y de que, en su versión digital, algunos de los documentos más relevantes ni siquiera pueden ser consultados.

En cuanto al impacto ambiental, el informe alerta de que la instalación de los parques afecta a espacios naturales sensibles en los que habitan 104 especies animales protegidas -en su mayoría aves-, que cerca del 40% de su superficie ocuparía humedales catalogados y que tendría un impacto severo sobre un castro de la edad de hierro y un yacimiento neolítico, y un impacto moderado sobre otros conjuntos patrimoniales de relevancia arqueológica.

Además, alerta del impacto visual de los megamolinos, que afectarían a entre el 96% y el 99% del Área de Especial Interés Paisajístico (AEIP) Fraga da Rousía; a entre el 61% y el 63% del AEIP Penedo da Raína Loba, y a buena parte de la AEIP Penas da Serra do Larouco e Serra da Pena-Couto Mixto.

La Real Federación Aeronáutica Española y la Federación Aeronáutica Internacional ya se ha manifestado en contra de ambos proyectos, según informa la cadena Ser.

Enrique Cuquejo, vicepresidente del Club de Parapente de Baltar, ha asegurado a Público que su asociación también está preparando alegaciones a los parques y que ha solicitado una reunión con el secretario xeral para o Deporte de la Xunta para explicarle su oposición a los mismos.

Este diario ha preguntado a la Xunta sobre los extremos denunciados por las asociaciones ecologistas y sobre si había informado al Gobierno portugués de ambos proyectos, tal y como está obligada por la legislación europea. El departamento competente, la Consellería de Economía e Industria que dirige el vicepresidente primero Francisco Conde, tampoco quiso responder a la consulta.