UrbanizaciónDos polémicos proyectos amenazan los penúltimos paraísos del litoral andaluz

La batalla por la defensa de los penúltimos paraísos naturales del mega urbanizado litoral andaluz registra dos nuevos episodios en las provincias de Cádiz y Almería. En el primero de ellos, el alcalde de Barbate, Miguel Molina, está dispuesto a dar luz verde a la urbanización de 1,6 millones de metros cuadrados, una parte de los cuales afecta al conocido pinar del municipio gaditano. El proyecto, que incluye la construcción global de casi 2.500 viviendas y un hotel de 300 habitaciones junto al Cabo de Trafalgar, ha levantado las airadas protestas de los ecologistas, que amenazan con ir a los tribunales.

Los suelos fueron calificados como urbanizables en el PGOU de 1995 y están en manos de titulares privados. Ecologistas en Acción entiende que el largo tiempo transcurrido sin haber sido desarrollados los terrenos desactiva su calificación inicial y abre la puerta a integrarlos en el Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate, que cuenta con más 5.000 hectáreas terrestres y marítimas de alto valor ecológico. La parte del pinar que ahora se pretende urbanizar afecta a 200.000 metros cuadrados y fue desagregada en los años sesenta del monte público conocido como Dunas de Barbate y vendida al Ayuntamiento con el objeto de ampliar las instalaciones portuarias. El puerto no llegó a usar este terreno y, por razones no aclaradas, terminó en manos 

Juan Clavero, portavoz de Ecologistas en Acción en Cádiz, sostiene que si en 25 años no se ha urbanizado esta unidad es porque el pueblo tiene un crecimiento negativo y no necesita construir nuevas viviendas. “Ahora el Ayuntamiento quiere dar otros 16 años de plazo para urbanizar este suelo cuando tiene la oportunidad de sumarlo al Parque Natural y además sin indemnizar a los propietarios, como prevé la ley

Los ecologistas aseguran que el PGOU de Barbate de 1995 respondía a un modelo depredador urbanístico, que acabó explotando en la grave crisis inmobiliaria de 2008

Los ecologistas aseguran que el PGOU de Barbate de 1995 respondía a un modelo depredador urbanístico, que acabó explotando en la grave crisis inmobiliaria de 2008. Aquel plan contemplaba crecimientos "desmesurados e injustificados", con enormes "impactos ambientales" sobre una de las zonas más sensibles en términos ecológicos del Estrecho de Gibraltar. Por eso estiman que es el momento de rectificar aquel patrón "especulativo" y no volver a caer en los mismos errores.

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, afronta la cuestión desde otra perspectiva diametralmente opuesta. En su opinión, la actuación prevista en las 20 hectáreas de pinar tendrá un impacto mínimo y, en ningún caso, alcanzará al Parque Natural. Molina defiende el derecho del Ayuntamiento a urbanizar una pequeña parte de su municipio, cuyo 83% del suelo se encuentra afectado por figuras de protección de distinto rango. "Solo tenemos un 17% de nuestro suelo para actuar y el paro en Barbate roza el 40%. ¿Qué les digo yo a estas familias?", preguntó en conversación telefónica con Público. Y añadió: "Barbate contribuye al medio ambiente más que ningún otro municipio de España. Más esfuerzo no se le puede pedir a la población barbateña".

La Junta de Andalucía autorizó en 2018 la "reprogramación" del plan de actuación, al no estimar "efectos significativos sobre el medio ambiente".

El regidor subraya que la zona de pinar urbanizable se encuentra colindante con el pueblo y se había convertido en una escombrera en los últimos años, por lo que no entiende la posición obstruccionista de los ecologistas. El proyecto que tiene previsto impulsar en este enclave es "eminentemente hotelero", puntualiza Molina, con un establecimiento de 300 habitaciones y alojamientos turísticos.

Tampoco ve viable desclasificar el suelo para incorporarlo al Parque Natural, porque esa decisión comportaría un litigio con sus 150 propietarios, que ahora deben ponerse de acuerdo para constituir una junta de compensación que desarrolle el plan de actuación en los próximos años. La urbanización de la zona cuenta ya con todos los permisos pertinentes, incluidos los ambientales, según confirma el alcalde. La Junta de Andalucía autorizó en 2018 la "reprogramación" del plan de actuación solicitado por el Ayuntamiento de Barbate, al no estimar "efectos significativos sobre el medio ambiente".

Los ecologistas están convencidos de que la reprogramación del PGOU vulnera numerosas normativas, entre otras la Ley Estatal del Suelo, la LOUA y el POTA, por lo que acudirán a los tribunales y reclamarán ante la UE para conseguir su anulación. El de Barbate es el pinar más extenso de Cádiz, recuerda Juan Clavero, y ostenta un valor añadido por conformar un bosque mixto al incluir unos 3.000 enebros. "Es un pinar espectacular que acaba en un acantilado", remarca.

Calas vírgenes

El proyecto del Parque Natural del Cabo de Gata de Almería tiene una envergadura manifiestamente inferior, pero es un caso de gran simbolismo. Se trata de uno de los espacios naturales de España con más figuras de protección debido a sus excepcionales condiciones paisajísticas, antropológicas y geológicas. Es una de las comarcas más áridas de Europa, que ha conservado sus características naturales intactas a lo largo del tiempo, gracias a su secular aislamiento. El Parque Natural incluye 49.500 hectáreas terrestres y 12.000 marinas, con 63 kilómetros de costa, salpicada de formidables acantilados y fondos marinos catalogados por su inigualable calidad ecológica. 

Junto a una de sus calas vírgenes, la de San Pedro, la Junta de Andalucía acaba de sacar a exposición pública el pasado 19 de febrero la construcción de un hotel situado en un paraje conocido como El Ricardillo. Es una zona consignada como de máxima protección ambiental en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Cabo de Gata, únicamente accesible a pie desde la localidad de las Negras. La edificación del establecimiento hotelero, que tendría once habitaciones y otras dependencias turísticas, originaría un evidente impacto por la irrupción de vehículos en un paraje inhóspito, así como la eventual generación de residuos humanos en un enclave sin red urbana de alcantarillado y la polución acústica que provocaría el uso de fuentes energéticas autónomas.

La Consejería de Medio Ambiente advirtió que la construcción de un hotel en esa ubicación tendría "importantes afecciones ambientales y paisajísticas"

Así lo estima la asociación Amigos del Parque Natural Cabo de Gata, que ha anunciado que presentará alegaciones en contra del hotel y asegura estar dispuesta a llevar el caso ante los tribunales si el expediente prospera. "Hablamos de una zona virgen. El proyecto es, a todas luces, inviable", declaró a Público Enrique Ruiz, abogado y vicepresidente de la asociación. "El PORN no permite este tipo de edificaciones y no entendemos como lo han admitido a trámite", lamenta.

El proyecto ya recibió un dictamen medioambiental negativo por parte de la Junta de Andalucía en julio de 2018. En un escrito preliminar, la Consejería de Medio Ambiente ya advirtió que la construcción de un hotel rural en esa ubicación tendría "importantes afecciones ambientales y paisajísticas". La asociación Amigos del Parque Natural Cabo de Gata recurrió entonces y sus alegaciones dieron carpetazo al expediente. Ahora el proyecto vuelve a la carga y, tras la salida a exposición pública, se abre un periodo de alegaciones por un plazo de 30 días.

La red de calas y acantilados del Parque Natural del Cabo de Gata goza de rincones excepcionalmente aislados, únicamente transitables a pie, lo que ha permitido un estado de conservación poco común en el sobreexplotado litoral andaluz. Esta comarca almeriense ha logrado mantenerse milagrosamente a salvo de la industria masiva del turismo de playa, aunque algunas zonas se encuentran asediadas por la agricultura intensiva de los invernaderos y la creciente penetración del sector terciario. La preservación de los valores singulares del Parque Natural y la vigilancia ante los excesos es justamente el cometido de este colectivo conservacionista, que ha activado un buen número de denuncias en los últimos años.