Dos hoteles, una isla privada y unas paradisíacas dunas: la historia de Riu en Fuerteventura

Una estampa paradisíaca corona el norte de Fuerteventura. Las Dunas de Corralejo, que se extienden a lo largo de 18 kilómetros cuadrados, son uno de los sellos más utilizados para atraer al turismo a Canarias. Sin embargo, el deterioro que han sufrido en los últimos 50 años ponen sobre la mesa un posible final. La construcción de dos hoteles de lujo en la década de los 70 abrió el debate sobre la urbanización de todas las dunas. Luego, el movimiento ciudadano consiguió paralizar la expansión, pero los dos hoteles quedaron en la zona. Ahora, se ha iniciado un trámite para hacerlos desaparecer.

De aquellas políticas del siglo XX quedan aún los restos. Ambos hoteles fueron construidos a finales de los años 70, pero no fue hasta los 90 que Riu Hotels & Resorts comenzó a operarlos. Esta no era la única propiedad de la multinacional, hasta 2007 tenía en su dominio el islote canario de Lobos. Ese año Riu cedió al Ministerio de Medio Ambiente del Gobierno de España la propiedad del islote de Lobos, recogido como espacio protegido, a cambio de una ampliación en la concesión para ocupar el suelo en el que estaban situados dos hoteles de su cadena: Riu Tres Islas y Riu Oliva Beach. Hasta entonces, el Islote de Lobos había pasado de manos de los conquistadores a empresas privadas. Pero ahora podía ser público.

Hoteles construidos antes de la ley

El futuro de los hoteles localizados en plena línea de costa y sobre un paraje protegido lleva años tambaleándose. Sobre ellos recae la apertura de dos expedientes para retirarles las concesiones de explotación, el inicio del fin para la cadena hotelera sobre las Dunas de Corralejo. "No, los hoteles no tienen previsto cerrar. Los expedientes de caducidad tienen por delante un largo recorrido administrativo y en su caso también judicial", sentencia Riu Hotels SA en declaraciones a esta redacción.

Los dos hoteles son anteriores a la Ley de Costas y a la declaración de Parque Natural Protegido que hubiesen prohibido su construcción. El avance de las leyes dio lugar a un nuevo deslinde en mayo de 1992, que fue ratificado en 2003 por el Tribunal Supremo. La importancia ecológica le dio la categoría de Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC). "Todo ello no ha impedido que actualmente el sistema de dunas se encuentre a una intensa presión antrópica", defiende un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Gilberto Martel, secretario del colectivo Turcón Ecologistas en Acción, afirma que a pesar de ser dos expedientes y dos alojamientos diferentes, "tanto en el caso del hotel Tres Islas como del hotel y los apartamentos Oliva Beach no se puede hacer una diferenciación porque todos están haciendo un uso privativo del dominio público". Al mismo tiempo, defiende el valor de las Dunas de Corralejo al ser una muestra de los "pocos campos dunares vivos que quedan en Canarias y el único de Fuerteventura".

Preservación de las Dunas de Corralejo

El deterioro de las Dunas de Corralejo, en el municipio de La Oliva, no pilla por sorpresa. Los expertos ya advirtieron en la década de los 80 el impacto que la explotación turística estaba teniendo sobre ellas. Entonces el turismo masivo aún no había llegado a las cifras de hoy. Luego, a principios de los 2000, el plan de uso y gestión de las dunas y un informe de la Dirección General de Costas confirmaron los malos augurios. Por su parte, el citado estudio de la ULPGC observó las imágenes aéreas recabadas entre 1969 y 2009 para conocer el impacto antropológico en la zona.

La investigación concluía que las edificaciones han interrumpido en algunos sectores la entrada de sedimentos desde la playa hacia el campo de dunas. "En estos ecosistemas complejos no es suficiente limitar la protección a las áreas en las que se localizan playas y dunas, sino que es necesario un funcionamiento del ciclo geodinámico completo". De este modo, puso en perspectiva un problema de todo el Archipiélago, proteger solo la parte visible y no el entorno que la hace posible. "Se vive la paradoja de poner en riesgo, con el modelo de ocupación territorial adoptado, un recurso que resulta esencial para la actividad turística de la isla".

Con respecto a la construcción de estos hoteles, "su afección habrá tenido, pero es una parte puntual. La mayor aportación de arena a las dunas viene entre Corralejo y Lobos y la construcciones no están situadas sobre las Dunas pero no hay una consolidación que sí estaba prevista en los planes turísticos", defiende el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret (Asociaciones Municipales de Fuerteventura).

"Entre finales de los 70 y principios de los 80, la construcción de hoteles en el área de las Grandes Playas modifica uno de los sectores por los que entraban sedimentos a las dunas, también se generalizaron las extracciones de arena", reza el estudio. Sin embargo, estos no han sido los únicos complejos turísticos que han afectado. "La barrera de edificios, así como las infraestructuras, han ocupado físicamente una parte del sistema de dunas y también han interceptado el flujo de sedimentos en varios lugares".

En contra de los expertos se posiciona Riu Hotels. "Es necesario aclarar que los hoteles no se encuentran dentro del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, el cual se inicia en su perímetro", afirma la empresa. Sin embargo, diversos estudios revisados sobre las dunas recogen también las Grandes Playas, donde se localizan los dos hoteles del grupo, como parte del Parque Natural. "El sistema dunar está alejado de los hoteles, su dinámica no se encuentra afectada de ninguna manera por los mismos", insisten.

"Es una zona importantísima para el tránsito de aves y aves endémicas. Como puede ser el caso de la Hubara o la tarabilla canaria", añade Eugenio Reyes de Ben Magec-Ecologistas en Acción.

Hotel Riu Resort Tres Islas

En 2007, Riu cedió el Islote de Lobos a España. A cambio, la empresa Sonco Canarias SA, en la actualidad Riu Hotels SA, recibió la concesión para ocupar los suelos de dominio público en las dunas de Corralejo durante 30 años, hasta 2037. La concesión firmada por Riu establecía que "sobre la finca no podría llevarse a cabo obra o construcción alguna". Únicamente, previa autorización de Costas podrían permitirse obras de reparación y mejora, "siempre que no impliquen aumento de volumen de las construcciones existentes", reza el documento al que ha tenido acceso esta redacción. El Ministerio otorgó licencia para las obras de rehabilitación y mantenimiento.

El mismo año en el que se aprobó la concesión, Costas comenzó una encrucijada legal contra la empresa. ¿El motivo? Riu Hotels SA había llevado a cabo obras para ampliar el volumen y altura del hotel sin la autorización pertinente, tal y como recoge el expediente de demolición. "Las obras declaradas ilegales son de aumento de volumen, de altura y de superficie, por tanto no son legalizables", insistió el organismo apoyándose en la ley de Costas. Dichos trabajos consistieron en sustituir el solárium del hotel por cuatro habitaciones que fueron utilizadas con fines comerciales, según el organismo dependiente del Ministerio de Transición Ecológica.

El solárium pasó a ser unas habitaciones, lo que la Demarcación de Costas consideró "la creación fuera de ordenación de una nueva planta constructiva y una explotación comercial no autorizada", en la misma zona donde había un solárium libre de edificación. Al aumento de volumen del edificio, "se le suman cinco metros de altura".

En septiembre de 2008, una resolución firme de la Demarcación de Costas exigió el derribo de la parte realizada sin autorización. Los años siguientes fueron un intento desesperado de la empresa de enmarcar estas obras dentro de la legalidad como trabajos de rehabilitación y mantenimiento del edificio. "Queda meridianamente claro que las obras de rehabilitación y mantenimiento son totalmente distintas de las que fueron declaradas ilegales en el expediente", concluye un documento del año 2020 emitido por la Demarcación de Costas de Canarias.

En 2008, una resolución del mismo organismo clasificó como "infracción grave" las acciones imputadas a Riu y por las que se pedía una sanción de 10.888,50 euros, entregar el total del beneficio obtenido y devolver el edificio a su estado actual en un plazo de 30 días. Entonces Riu no procedió a la demolición. Con la última notificación emitida por el área de Costas dependiente del Ministerio de Transición Ecológica el 28 de febrero de 2020, Riu tenía un plazo de 15 días para iniciar la demolición de las obras.

Riu seguía sin demoler "las obras ilegales" realizadas en la azotea y alegó: "La Administración no ha adoptado ninguna medida en los 12 años que han transcurrido desde entonces hasta hoy, ni ha iniciado ningún procedimiento de ejecución forzosa, habiendo por tanto consentido la situación hasta la fecha". Al mismo tiempo, acusó al organismo de "dejación de funciones", de causar "indefensión" y de que la restitución de la acción "ya está prescrita". Sin embargo, en 2009, la empresa no interpuso recurso contencioso-administrativo a la resolución de Costas, dando lugar a una resolución firme.

Por su parte, el Ministerio de Transición Ecológica ha preferido no hacer declaraciones al respecto. "No informamos ni damos entrevistas sobre expedientes administrativos en curso", respondieron a este medio desde la cartera dirigida por Teresa Ribera.

En la inspección de junio de 2020, el hotel estaba abierto y el espacio de las "obras ilegales" estaba ocupado por "cuatro habitaciones de hotel". No se había llevado a cabo la demolición tampoco en esa fecha. "Suponen un sensible aumento del volumen del edificio en la sexta planta y por ende un aumento de la edificabilidad de la parcela, así como la modificación estética de la fachada de cara al mar". Además, se acusó a Riu de "alterar el diseño arquitectónico de un edificio de relevante valor patrimonial cultural de Canarias". Puesto que era la única obra del arquitecto Miguel Fisac en Canarias.

Por su parte, Riu presentó un recurso administrativo en 2020 para dar por prescrita la orden de demolición de las obras. Además, tachó de "ilegales" e "irresponsables" los primeros pasos de Costas para tramitar una futura orden de caducidad de la concesión. Al mismo tiempo, instó al Gobierno de España a repensarse la situación con la caducidad de la concesión. "En caso de consumarse, se haría necesario arbitrar un complejo sistema de restitución de prestaciones, incluyendo la cesión gratuita del Islote de Lobos o su equivalente económico en forma de indemnización".

En septiembre de 2020, el jefe de Demarcación de Costas de Canarias, Rafael López Orive, hace constar que la planta depuradora de aguas residuales por el sistema de aireación está "en muy mal estado de conservación" y "prácticamente vierte el agua residual en bruto directamente al mar". Esto fue clasificado como un riesgo para el medioambiente. Además de la instalación de una planta desalinizadora y el vertido de salmuera al mar.

Por otra parte, las reformas interiores también generaron polémica. La Demarcación de Costas observó la creación de un jacuzzi en una remodelación que no estaba prevista en la concesión. Así como la modificación interior de las instalaciones construyendo Spa, piscina de uso hotelero y el techado en el control de acceso al hotel. A raíz de "los hechos incuestionables" Costas estimó nuevos "posibles incumplimientos del título concesional" y propuso el inicio del procedimiento para declarar la caducidad de la ocupación del dominio público. En mayo de 2021 se inició el expediente de caducidad de la concesión.

Mientras tanto, Riu Hotels SA clasifica como "ataque abusivo y obsesivo" las determinaciones del Ministerio de Transición Ecológica contra los dos alojamientos turísticos. "En el caso de Tres Islas, toman como base un sanción interpuesta en 2008, cuyo expediente se había cerrado sin mayores consecuencias y que alude a variaciones de exigua significación, como la instalación de un jacuzzi, siendo el Ministerio consciente de que no es base suficiente para tramitar la caducidad de la concesión".

Al mismo tiempo, en el Hotel Oliva Beach sucedía un proceso similar. El establecimiento tiene una concesión por 75 años. "No consta en esta isla pequeña en la que todos nos conocemos y todo se sabe, que dichas visitas de comprobación de la situación de las concesiones se hayan efectuado a otros establecimientos o zonas de la isla". "Abuso de autoridad". Sin embargo, Costas recoge hasta en ocho ocasiones las oportunidades de Riu para presentar documentación y pruebas.

"Se ha comprobado sobradamente la existencia de obras fuera del título habilitante". "El incumplimiento de las anteriores prescripciones dará lugar a la caducidad de la concesión con independencia de la tramitación del expediente sancionador".

Al mismo tiempo, Riu Hotels SA no notificó la disolución de Sonco Hotels SA, a la que se le había otorgado la concesión para ocupar el territorio marítimo-terrestre. De modo que "la transmisión de la concesión otorgada no habría sido notificada". Para poder transmitir la concesión entre las dos empresas "solo será válida si con carácter previo la administración reconoce el cumplimiento", recoge un documento remitido por la Subdirección General de Dominio Público Marítimo-Terrestre. Por lo que a la caducidad de la concesión, se le suma la causa de extinción del derecho a la ocupación del dominio público.

Por su parte, el presidente de la Plataforma de Defensa del Hotel Riu Tres islas, Ángel José Montañez, comenta que "no hará declaraciones hasta reunirse con el equipo jurídico a la espera de nueva información". Mientras el Ayuntamiento de La Oliva ha evitado contestar nuestras preguntas.

El Hotel Oliva Beach

Riu Resorts afirma que el Ministerio les ha "sometido a inspecciones de forma continuada poniendo nuestras instalaciones y gestión bajo la mirada de una lupa y abriendo expedientes de sanción con el objetivo inicial de acabar caducando las concesiones".

A los problemas en el hotel Tres Islas se sumó un nuevo conflicto. Costas inició la caducidad de la licencia que permitía al Hotel Oliva Beach y los apartamentos Oliva Beach operar sobre las Dunas de Corralejo. La entidad Geafond Número uno Lanzarote SA es la titular de la concesión otorgada a este complejo turístico, que al contrario del anterior tenía una concesión desde el año 2003 y de una duración de 30 años, ampliables otros 30. Este acuerdo surgía después de que los terrenos urbanos ostentados por Geafond pasaran a ser de dominio público marítimo-terrestre, lo que la empresa clasifica como "justiprecio".

En 2007 se modificó el plazo a 10 años y se señaló que con su vencimiento se demolerían las instalaciones por cuenta de la Dirección General de Costas. En 2014, Geafond Número Uno Lanzarote SA pidió una prórroga. En 2016, el Gobierno de Mariano Rajoy otorgó esa prórroga extraordinaria con un plazo de 75 años de concesión, justo un año antes de caducar.

En ese mismo periodo, la empresa representada por Carmen Riu Costas pidió hacer reformas en el hotel y en los apartamentos. En el proceso se descubre que Geafond Número Uno de Lanzarote SA había vendido 20 fincas a particulares antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988, pero que la concesión solo estaba a nombre de Geafond. Por lo tanto, estos apartamentos quedaban en un limbo.

Costas no quería otorgar la licencia de obras hasta conocer la legalidad de la concesión. De este modo, se pretendía regularizar la situación de los apartamentos vendidos por Geafond y que no formaban parte de la concesión otorgada a la empresa. Entonces, la Abogacía del Estado concluyó que la tramitación de la licencia de obras era compatible con el trámite para investigar de oficio la situación de la concesión. Además, estimó que la solicitud de reformas debía ser firmada también por los 20 propietarios, diferentes a la empresa titular, a los que se le habían vendido apartamentos del Oliva Beach.

A los problemas para tramitar la reforma se suma la denuncia de Ecologistas en Acción en abril de 2020. El colectivo ambientalista advirtió "que existían superficies fuera de la concesión ocupadas" por la empresa, por ejemplo una rotonda entre el hotel y los apartamentos y la carretera de acceso. Además de zonas públicas y gratuitas que permanecían valladas y cerradas, según denunció Ecologistas en Acción. El 3 de noviembre se inició la revisión de oficio de la concesión que se le otorgó a la empresa para explotar el complejo hotelero en 2003. Costas realizó una inspección al hotel Riu Oliva Beach el 5 de noviembre de 2020.

Tras años de insistencia para llevar a cabo la reforma, el 13 de octubre de 2021, la Geafond envió un escrito a Costas por el que desistía de la solicitud de obras para la modernización del hotel. Transición Ecológica aceptó el desistimiento, pero Turcón-Ecologistas en Acción presentó un recurso para "esclarecer todas las cuestiones" planteadas por el colectivo, pero fue desestimado.

En abril de este año, Transición Ecológica multó con 204.000 euros a Riu por una "infracción grave" de acuerdo con la Ley de Costas. Así, sufragaba parte del coste de las obras e instalaciones que se realizaron sin autorización y sin tener en cuenta la concesión en el complejo hotelero de Oliva Beach. En junio, el área dependiente entonces del Gobierno de España dio un mes para restituir el lugar y devolver la zona a su estado anterior, lo mismo que había sucedido en el hotel Tres Islas. Tras la comunicación vía expedientes e informes entre Costas y Geafond, en julio de este año, el Ministerio de Transición Ecológica inició la caducidad de la concesión del dominio público que Riu Hotels ostenta sobre las Dunas de Corralejo bajo el complejo hotelero de Oliva Beach. Esta se sumó al expediente abierto también en el hotel Tres Islas.

Canarias asume la competencia en Costas

Con el traspaso de competencias en materia de Costas desde el Ministerio de Transición Ecológica hasta el Gobierno de Canarias que se hará vigente el próximo 1 de enero de 2023, Riu Hotels espera "que la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias aplique de manera objetiva, correcta y eficaz la regularización que nos atañe, otorgue la regularización de las reformas y archive los expedientes de caducidad sin causa suficiente". En esta línea, ha insistido en que el Ministerio de Transición Ecológica "no tiene las competencias en Costas desde 2018", por lo que debería ser potestad del Gobierno regional hacer frente a las infracciones. Sin embargo, las competencias no se han traspasado hasta este año.

Sin embargo, Eugenio Reyes de Ben Magec-Ecologistas en Acción pone un ejemplo claro: "Que tú mandes a alguien a barrer la calle no significa que la calle sea tuya, solo que eres el encargado de cuidarla, lo mismo sucede con las costas". De esta manera, insiste en que la transferencia de Costas no debería ser una "reinterpretación de la ley".