B.R. recibió ayer, por el miércoles, el alta médica del Hospital Ramón y Cajal. El martes tuvo que ser intervenido de urgencia por una taquicardia de 180 pulsaciones por minuto. Fue detenido el domingo por la noche durante la actuación policial para desalojar un edificio okupado por la Coordinadora Antifascista de Madrid en el barrio de Tetuán. El joven transmitió tanto en el momento de su detención como cuando pasó a disposición judicial que precisaba de asistencia médica por problemas de corazón. Su petición fue ignorada. Como resultado de la actuación policial, otro joven permaneció varias horas en el Hospital en observación por los golpes recibidos en la cabeza; otro ha denunciado haber perdido sensibilidad en una mano a causa de los grilletes y los golpes al taparse la cabeza y, por último, una joven tuvo que recibir asistencia médica por un ataque de ansiedad provocado por la "agresiva" actuación policial y "la humillación" que provocó la manera en la que fue cacheada.

"La Policía rompió una de las paredes y entró al edificio como una marabunta enfurecida de antidisturbios. Dieron hostias a todo lo que sea movía. En ningún momento opusimos resistencia. Recuerdo que mientras estaba en el suelo y me daban golpes el mismo agente gritaba que yo le estaba pegando y que estaba siendo agredido por mi", relata B.R. en conversación telefónica con Público. 

La actuación policial, que buscaba el desalojo del edificio, se saldó con seis detenidos, uno de ellos menor de edad, acusados de usurpación y atentado contra la autoridad. Asimismo, seis agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado solicitaron la asistencia del SAMUR y argumentaron que fueron atacados por los okupas. La versión de la Coordinadora Antifascista es muy diferente. Aseguran que fueron golpeados por los agentes que, incluso, conocían el nombre de pila de algunos de los detenidos que, casualmente, militaban todos en el mismo colectivo de Alcobendas.

Imagen de un golpe en la espalda de un detenido

"Todos los detenidos presentan lesiones causadas por la Policía que fueron objetivadas por el Samur, el médico forense y después por el Hospital. Me han señalado que fueron agredidos por la Policía sin oponer resistencia. Los agentes, por contra, dicen que fueron ellos los agredidos. De hecho, seis de ellos fueron atendidos por el Samur. No obstante, un análisis objetivo permite comprobar que las lesiones de unos y otros no son comparables", explica a Público el abogado Erlantz Ibarrondo. 

Entre los heridos que necesitaron asistencia médica se encuentra Samuel, que tuvo que acudir al hospital para tratarse las heridas que los golpes, según afirma, le habían provocado tanto en la cabeza como en los antebrazos. "Cuando entraron me agazapé en el suelo para que no me pegaran y directamente comenzaron a caerme porrazos en la cabeza, piernas y costillas", señala este joven que denuncia que les fue negada en todo momento la posibilidad de acudir a un hospital. 

Las denuncias de malos tratos policiales no se reducen al castigo físico. Una de las mujeres presentes el domingo por la noche en el edificio, que prefiere no desvelar su nombre, ha denunciado haberse sentido "humillada" por la agente de Policía que se encargó de su "cacheo". "La agente nos bajó la camiseta y el sujetador delante de los otros policías y nos tocó los pechos y los genitales de forma muy violenta. Tuve que ser trasladada a La Paz por un ataque de ansiedad y policontusiones en el cuerpo. Me sentí totalmente humillada, vejada y agredida sexualmente", señala esta joven, en declaraciones a Público. 

¿Orden judicial? 

La Coordinadora Antifascista denuncia, asimismo, que los agentes no mostraron ninguna orden judicial de desalojo y que tampoco se identificaron como policías. De hecho, los testigos con los que ha podido contactar Público han sostenido que tampoco mostraban su número de identificación. "Estaban obsesionados con lo que no les miráramos a la cara. Estando ya esposados, nos dieron varios golpeas por mirarles a la cara, según nos decían", relata a Público B.R.

Dos de los heridos tras la actuación policial

El abogado Erlantz Ibarrondo, asimismo, muestra sus dudas acerca de la legalidad del desalojo. Hasta el momento nadie le ha mostrado la autorización judicial para el desalojo del inmueble. De hecho, el letrado relata que los jóvenes ya habían sido identificados el domingo por la mañana y que la Policía ya disponía de los contactos de las  personas que se habían hecho responsables legalmente de la okupación.

"No entendemos porque hubo desalojo violento sin mostrar ni siquiera una orden judicial. Tampoco se ha acreditado quién es el propietario. Hay, presuntamente, una denuncia en Burgos, pero en el procedimiento judicial que está a nuestra disposición no figura nada", relata este abogado, que señala que los siguientes pasos serán presentar denuncias por agresiones de los policías, por un lado, y, por otro, solicitar información sobre propiedad de la empresa, quien es su interlocutor legal y conocer si fue legal el desalojo policial.