Llovía a cántaros. Durante todo el día. Era sábado, 29 de marzo de 2014, y la semana había sido 'movidita'. Apenas siete días antes se había celebrado en Madrid las Marchas de la Dignidad y un joven había perdido un testículo por culpa de una pelota de goma lanzada por la Unidad de Intervención Policial (UIP). Además, dos días antes, el 27, se habían celebrado dos movilizaciones (una por la mañana y otra por la tarde) en defensa de la escuela pública, que estaba en huelga. Y, por último, esa misma semana sindicatos policiales habían sido 'cazados' inventándose pruebas para criminalizar a los detenidos en esas Marchas de la Dignidad.

En ese contexto llegó la manifestación de Jaque al Rey que para sorpresa y decepción de algunos fue un relativo fracaso. La lluvia y las manifestaciones en los días previos habían empujado a muchos ciudadanos a quedarse en casa. Sin embargo, los fotoperiodistas habituales siguieron la protesta. Todo transcurría con relativa calma hasta que se prendió la chispa. Un rifirrafe entre un agente y un ciudadano provoca que el segundo salga corriendo por miedo a sufrir un golpe. Varios agentes de antidisturbios salen detrás. También los fotoperiodistas. Los agentes de la UIP golpean a todo aquel que se acerca y graba los hechos. Hay imágenes de hasta ocho puntos diferentes.

La Justicia, tal y como informó Público este miércoles, considera que los golpes a esos periodistas no constituyen un atentado contra la libertad de información. La Audiencia Provincial de Madrid hace suya la versión policial de que los agentes no sabían que las personas a las que golpeaban eran periodistas. Los fotoperiodistas Gabriel Pecot y Juan Ramón Robles son dos de los tres reporteros que se decidieron a denunciar.

"Claro que los agentes antidisturbios que nos golpearon sabían que éramos periodistas. Ellos saben quiénes somos y nosotros sabemos quiénes son ellos. Además la agresión fue al final de la manifestación, cuando ya llevábamos dos horas allí, nos habían identificado y todos llevábamos acreditación de prensa", denuncia en conversación con Público el fotoperiodista Gabriel Pecot, que considera que es "imposible de creer" que los policías no supieran que eran fotoperiodistas. "Creo que se trata de un recurso para descargarse de responsabilidades", prosigue Pecot.

La opinión de Pecot es compartida por Robles. Este fotoperiodista freelance recuerda, además, cómo al día siguiente un alto mando policial, cercano a la UIP, se acercó a él y le preguntó si era Juan Ramón Robles, le aseguró que seguía sus vídeos de cerca y que estaban "muy bien". "Nos tenían fichadísimos. La agresión policial fue una represalia por nuestro trabajo periodístico", denuncia Robles.

"Sensación de indefensión e impunidad"

La sensación de ambos al conocer el auto de la Audiencia Provincial de Madrid ha sido la de la "indefensión". Fueron conscientes de que en aquel momento les estaban pegando por ser periodistas y por filmar en cada manifestación la actuación de los agentes de la UIP y fueron conscientes de que en aquel momento el derecho a la libertad de información había sido quebrado. Esperaban, entonces, que la Justicia reparara esta situación. Error.

Los dos fotoperiodistas pronto comenzaron a sospechar que no sería así. La denuncia fue archivada en un inicio y tras el recurso fue reabierta, pero ya no se acusaba a los policías agresores de un delito sino de una falta de lesiones. Después sólo se pudo identificar a uno de los agentes ya que ninguno llevaba la identificación visible, tal y como marca la Ley, y, además, los mandos policiales mostraron "una nula colaboración" para identificar a los responsables. "Esos señores que nos pegaron siguen ejerciendo su trabajo como si no hubiera pasado nada. Eso provoca una sensación de indefensión e impunidad", denuncia Robles.

Pecot incide en que de los hechos relatados hasta ahora se desprenden tres conclusiones muy graves: la impunidad de los agentes de policía, el socavamiento de la Justicia y, por último, la limitación de los derechos de los ciudadanos. Por partes. Por un lado, la impunidad de los agentes de policía genera más impunidad ya que el mensaje que se manda es que no pasa nada por extralimitarse en sus funciones. Por otro lado, pierden los ciudadanos porque son ellos los que tienen derecho a la libertad de información y, por último, la Justicia ha quedado desacreditada.

"Está grabado desde muchas cámaras. Es una situación muy clara y todo está documentado. La Justicia permite que se limite un derecho fundamental de los ciudadanos, como es el de la información. Creo que esto socava la credibilidad de la Justicia y eso es lo más grave. Es muy preocupante", sentencia el fotoperiodista.