Soraya M. R., madre de tres menores, resiste en su casa de Vicálvaro okupando un piso que fue vendido a un fondo buitre por parte de Bankia. La orden de lanzamiento del inmueble, parado por la resistencia vecinal en un primer momento, aún está en pie. La situación es tan extrema que incluso la ONU se ha pronunciado al respecto. Por ello, la movilización del vecindario es constante, pues este procedimiento está teniendo repercusiones graves en su entorno, como fue el tener que dejar de amamantar de un día para otro a su hija menor, que no llega a los 40 días de vida.

Los antecedentes de este caso no son nada despreciables. El piso era “producto de una ejecución hipotecaria por parte de Bankia que Soraya recuperó hace 3 años y medio”, en palabras de Mario López, abogado de la Coordinadora Regional de la Vivienda de Madrid. Más tarde, la entidad bancaria denunció a Soraya por un delito leve de usurpación. En la vista oral del juicio no se presentó la parte demandante, por lo que el proceso fue favorable para la particular.

El siguiente paso que dio Bankia fue “vender el inmueble a un fondo buitre, en donde tanto la parte compradora como la vendedora tenían conocimiento de que había una familia viviendo en él”, tal y como explica Mario. En ese momento se abre un nuevo proceso que pierde Soraya, confirmándose la sentencia en abril, que la obligaba a pagar una multa de 2 euros al día durante tres meses y el lanzamiento de la vivienda.

La primera orden de desahucio es paralizada por la propia titular del Juzgado de Instrucción Nº 30, ya que quiere saber las posibilidades habitacionales que le quedarían a Soraya después del desahucio, dando así un pequeño margen de maniobra a la implicada. Pasado ese tiempo y ya en vísperas del verano, el juzgado manda entregar el decreto de lanzamiento mediante la policía municipal, que se presenta en el inmueble fechándolo para el día 20 de agosto.

Por su parte, Soraya junto con el apoyo del grupo de vivienda de la Asociación Vecinal de Vicálvaro, integrada en la Coordinadora Regional de Vivienda de Madrid, solicita a Naciones Unidas que intervenga en el conflicto con la intención de dilucidar si se está vulnerando el pacto internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC). Este acuerdo ya tuvo repercusiones en otro caso en el que una familia de características similares se iba a quedar en la calle y a la que el Gobierno español no ofreció ninguna alternativa .

La ONU responde

Un día después se obtiene respuesta desde la ONU, que se materializa en la apertura de un proceso contra el Estado español. De esta forma, la organización supranacional insta a parar el desahucio bajo cualquier circunstancia, excepto que se le dé una solución habitacional razonable a Soraya, buscando así la correcta desenvoltura del nuevo procedimiento abierto, tal y como se explicita en la publicación difundida por parte de Naciones Unidas.

Ese mismo 17 de agosto el abogado de oficio de Soraya presenta el comunicado de la ONU en el juzgado, hecho que vuelve a repetir presencialmente la propia Soraya el lunes próximo. Ante este cambio, el Juzgado de Instrucción Nº3, que sustituye al Nº 30 por estar en periodo vacacional, hace caso omiso al pronunciamiento de la entidad internacional escudándose en que no es vinculante.

Llega el día del desahucio, que no se producirá por la presión vecinal y la solidaridad mostrada por diferentes colectivos sociales. Las movilizaciones consiguen congregar en torno a 50 personas en el portal de Soraya que consiguen evitar el lanzamiento. La Policía Municipal que acompaña a la comitiva judicial “se altera mucho porque no tienen refuerzos suficientes por parte de la Policía Nacional”, agrega el magistrado.

Pancarta en apoyo de Soraya | Asamblea de Jóvenes de Vicálvaro

Amenazas de la policía

En ese momento, “la policía amenazó a Soraya con ir a las 5 de la mañana y sacarla violentamente de su casa estando delante sus hijos”, denuncia Azucena Medina, que ha acompañado a Soraya en todo este proceso y es integrante de la sección de vivienda de la Asociación Vecinal de Vicálvaro.

A partir de ese día son varios los furgones de Policía Nacional que se pueden ver rondando por el barrio, así como varios coches patrulla de la Policía Municipal, tal y como remarca Mario. De hecho, hasta este momento la orden de desahucio sigue vigente.

El 23 de agosto se presenta un recurso de reforma “que se materializará en un futuro auto en el que la jueza sustituta o el juez original del caso se tendrán que pronunciar, dando la razón a Soraya o manteniendo la orden de desahucio”, en los propios términos del letrado. Por otro lado, el Ayuntamiento de Madrid también se ha pronunciado. De la mano de Carlos Sánchez Mato, concejal-presidente del distrito de Vicálvaro, presentaron un escrito comunicando a la jueza que desde el consistorio no pueden ofrecer los servicios que Soraya necesita, instando a paralizar momentáneamente el desalojo.

Tras la recepción del pronunciamiento del Ayuntamiento, el juzgado ha solicitado el aplazamiento del desalojo debido la situación de desamparo en la que se quedaría Soraya después del mismo . Así se lo ha comunicado al ministerio fiscal y a las partes, a las que da cinco días para que digan lo que estimen conveniente.

Directamente posterior al recibo de esta comunicación, Soraya se ha desplazado a la policía local para presentar un escrito motivada en la duda de si las patrullas van a seguir rondando el inmueble e intentando desahuciarla.

Además, las consecuencias van más allá de lo judicial. Según Azucena, “la bebé -hermana de una cría de 4 años y de un joven de 10- ha dejado de recibir leche materna y debido al cambio radical en su alimentación ha llegado a ir dos veces a las urgencias del Gregorio Marañón”.

La meta: un alquiler social

Por otro lado, las demandas de Soraya se basan en la adquisición de un alquiler social, ya que ella jamás se ha negado a pagar nada: “Parte de su Renta Mínima de Inserción la dedica a pagar el agua y la luz”, asegura Mario. Asimismo, la afectada “está yendo a todos los organismos públicos para saber en qué situación están los procedimientos”, comenta el abogado.

Actualmente, la situación se encuentra en vilo. Las permanencias a las puertas de la vivienda son de 24 horas al día, con apoyo de colectivos como Distrito 14, la Asamblea de Jóvenes de Vicálvaro, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca o Stop Desahucios. Mario lo resume de la siguiente forma: “El problema es que el DESC fue ratificado por España en 2013, por lo que aún no lo conocen muchos magistrados, así que seguiremos luchando hasta que se cumplan los tratados internacionales”.