A pesar de la conciencia social que se ha desarrollado estos últimos meses alrededor del derecho a la vivienda, los desahucios continúan haciendo mella en los colectivos más débiles. Es el caso de Rosa, una mujer de 70 años de la localidad de Erandio, Bizkaia, que este martes fue desalojada tras ser víctima de un crédito de intereses inabordables hace ocho años. 

La concentración organizada por el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria junto a la asociación Stop Desahucios no ha logrado evitar este proceso, aunque sí ha mostrado una fuerte solidaridad vecinal con Rosa, que compartía piso con su nieto y que ahora se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. 

El por qué de la deuda que ha contraído la pensionista se remonta a un crédito de 7.000 euros que solicitó hace ocho años a la empresa Tu mejor préstamo, en el que fue obligada a poner su casa como aval y cuyas condiciones se han convertido de forma progresiva en unas cada vez más abusivas. 

Con un único ingreso de 700 euros como pensión de viudedad y una discapacidad del 69%, no ha podido hacer frente a los intereses desmesurados que la han conducido a la pérdida de su propiedad. Si bien ella inició hace seis años un proceso de denuncia por estafa a la entidad, eso no ha impedido que se queden con su apartamento. 

Por ahora, Rosa ha recibido como única solución la estancia en un piso de protección oficial que se le ha facilitado desde Servicios Sociales. Esta medida que solo se alargará durante seis meses, es totalmente temporal y no soluciona el problema real. 

Apoyo vecinal que acaba en detención

La Ertzaintza no solo dispuso un amplio despliegue de efectivos para hacer frente al centenar de personas que se concentraron en el exterior de la vivienda, sino que ha detenido a dos de los manifestantes. La protesta había sido convocada desde el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria junto a otros colectivos y aunque solo pretendían la paralización del desalojo, la autoridad vasca ha acusado a los detenidos de "atentado a la autoridad" y "resistencia a los agentes".

De acuerdo con lo que han reivindicado los manifestantes, no es un caso aislado y representa la situación de muchas personas mayores con problemas económicos que sucumben a préstamos con condiciones fraudulentas.