Las denuncias realizadas por la Asociación de Abogados Cristianos contra 20 clínicas autorizadas para la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en ocho comunidades autónomas, sólo ha tenido una respuesta positiva a los intereses de esta asociación: la de la Comunidad de Madrid. La Consejería de Sanidad no sólo admitió la demanda, sino que además sancionó a las seis clínicas madrileñas denunciadas por el grupo ultraconservador.

La denuncia de esta asociación, conocida por oponerse al aborto, al que definen como "negocio de la muerte", y por emprender campañas contra los derechos sexuales reproductivos de mujeres y la población LGTB, aducía que las clínicas usan "publicidad engañosa para promover este drama contra la mujer" y pedía en una campaña orquestada en sus redes y página web, firmas para solicitar a las autoridades sanitarias que las sancionaran.

La organización ha presentado denuncias ante las consejerías de Sanidad de Madrid, Andalucía, Asturias, Extremadura, Castilla La Mancha, Galicia, Catalunya y la Comunidad Valenciana, aduciendo que las páginas web de dichas clínicas daban una información engañosa y que minimizaban los riesgos que conlleva un aborto.

"De las 20 clínicas denunciadas, seis son de Madrid y14 son de otras comunidades. Sin embargo la única comunidad que ha lanzado a sus inspectores a sancionar es la de Madrid", afirma José Antonio Bosch, Asesor Jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI). Y ha sancionado a las seis.

Este abogado añade que "la denuncia presentada por los abogados católicos es colectiva y por tanto se centran en temas similares. Sin embargo no todas las comunidades reaccionan de la misma manera, lo que nos indica que en la Comunidad de Madrid hay un sesgo ideológico que es el que determina la reacción administrativa".

Otro hecho significativo para este abogado es que, a pesar de que la inspección de Sanidad de la Comunidad de Madrid estimó que existían irregularidades o deficiencias distintas en la información que estas seis clínicas facilitaban en sus páginas web, todas fueron sancionadas con el mismo importe y por el mismo tipo de sanción. "La conclusión es que los hechos dan exactamente igual, lo que hay es una decisión política de sancionar a las clínicas de interrupción del embarazo".

"La información que se da en la web es divulgativa. La rigurosa se le da a la mujer que acude a la clínica. Y allí recibe un documento que se llama el consentimiento informado donde la información es completa, detallada e individualizada acorde al tipo de interrupción y a las semanas de gestación. Si la Comunidad de Madrid ha decidido que la información sanitaria de las webs de la comunidad tienen que tener excelencia, nos parecería perfecto. Pero qué están haciendo con el resto del sector sanitario, con las clínicas de estética, las de rehabilitación, las dentales… ¿También las están revisando?. No es una cuestión de control de la información sanitaria de las webs, sino de una medida de hostigamiento a las clínicas. Hay clínicas de las sancionadas que las han sido inspeccionado tres veces en siete meses, lo que no ocurre con con otros sectores", afirma Bosch.

"Lo que más nos indigna es que la Comunidad de Madrid, que la administración pública, se ponga al servicio de una asociación privada como los Abogados Cristianos", añade.

Este jueves el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Ruiz Escudero, fue interpelado por la diputada socialista en la asamblea de Madrid, Carmen Martinez Ten con motivo de la actuación de la Comunidad en el caso de la denuncia de los Abogados Cristianos. El consejero justificó las sanciones por el hecho de que la información que aparecía en la página web de las seis clínicas madrileñas “no se ajustaba a los criterios de la Ley de Ordenación Sanitaria”.

Martinez Ten quería saber porqué el Gobierno de Madrid había sancionado a las seis clínicas madrileñas cuando las otras 14 denunciadas en otras Comunidades Autónomas no habían sido objeto de sanciones. “Estos fundamentalistas operan en todas partes, lo que no es de recibo es que la Comunidad de Madrid les siga el juego”, afirmó Martinez Ten en la asamblea y pidió al Consejero que haría mejor en expedientar a las organizaciones que tiran huevos a la puertas de esas clínicas. 

En su intervención el Consejero ha anunciado que tres de las seis clínicas sancionadas han decidido abonar la sanción voluntariamente.

"Claro que algunas van a pagar", afirma Bosch. "Se trata de sanciones administrativas que funcionan igual que las de tráfico. Si pagas en un plazo de tiempo de deducen un 40% de la sanción, y estamos hablando de sanciones de unos 4.500 euros. Si la recurres, entre contratar abogados, procuradores y el tiempo que necesitas dedicar, te sale más caro el recurso que pagar la sanción. Hay algunas, sin embargo que recurrirán", concluye Bosch.

Apoyo de organizaciones feministas

Unas 57 organizaciones feministas han emitido este miércoles un comunicado de apoyo con las clínicas sancionadas por la Comunidad de Madrid. En su escrito las organizaciones denuncian que la Asociación de Abogados Cristianos solo pretende poner cortapisas al derecho de las mujeres a la interrupción de su embarazo y que la Comunidad de Madrid con su actuación está respaldando sus acciones a costa de vulnerar los derechos de las mujeres.

"Pedimos que se levante el expediente sancionador, que no es más que una concesión directa a los sectores más fundamentalistas en su intento por poner todo tipo de trabas a la interrupción voluntaria del embarazo", afirman. Las organizaciones recuerdan que, a pesar de ser 20 las clínicas las denunciadas, hasta la fecha solo la Comunidad de Madrid ha abierto expediente sancionador. "Por ello apelamos directamente a su Presidenta, Doña Cristina Cifuentes, que continuamente se presenta como defensora de los derechos de las mujeres, a que por coherencia y por respeto a la libre decisión de las mujeres sobre su embarazo, paralice inmediatamente el expediente".

Las organizaciones recuerdan, también, la necesidad de que las interrupciones voluntarias del embarazo se realicen como una prestación sanitaria dentro del sistema de la Sanidad Pública y recuerdan que "En Madrid solo 9 abortos se han realizado en un centro hospitalario de la Sanidad Pública, de los 15.987 realizados en 2016".