El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio ante la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género con el objetivo de conocer los motivos de la caída de las suspensiones de visitas de maltratadores a sus hijos.

Además, la institución también ha preguntado a la Delegación y mostrado su preocupación por el aumento del incumplimiento de las órdenes de alejamiento, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El Defensor también ha solicitado a la Delegación que evalúe el impacto de las últimas normas para proteger a las víctimas de violencia machista y a sus hijos.

Todas estas actuaciones las ha puesto en marcha Marugán, una vez que conoció el último informe del Observatorio contra la violencia doméstica y de género, publicado por el CCGPJ.

El informe muestra que en el primer trimestre de 2017 se han triplicado los quebrantamientos de órdenes de alejamiento, ya que alcanzaron casi un 10 %; han caído un 3 % las suspensiones del régimen de visitas de los padres maltratadores a sus hijos y un 5 % la retirada de la custodia.

El Defensor lleva años mostrando su preocupación por los menores hijos de víctimas de violencia de género ya que considera que "es necesario otorgar protección rápida y eficaz a los hijos e hijas de estas mujeres para evitar que se sigan produciendo asesinatos de menores de edad a manos de sus padres maltratadores".

Las cifras son demoledoras: en los últimos cuatro años 21 niños han sido asesinados.

Junto a esta actuación, el Defensor del Pueblo mantiene abierta otra a la espera de recibir información sobre las medidas específicas adoptadas para el desarrollo de la ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia en todo lo relacionado con hijos e hijas de víctimas de violencia de género.

En 2014, el Defensor solicitó favorecer la supresión de las visitas y comunicaciones de los imputados por malos tratos con sus hijos con el fin de prevenir posibles riesgos.

También pidió garantizar por ley un examen individualizado del régimen de visita de cada menor afectado por una situación familiar de violencia de género.

La institución comparte el criterio de Naciones Unidas que ha recomendado a España que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos.

Y pasado un año desde la entrada en vigor de la instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad por la que se establece un nuevo protocolo para la valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género, el Defensor también ha preguntado por la eficacia de las medidas de alejamiento.