Este artículo se publicó hace 2 años.
El Defensor del Pueblo abre una investigación por los ataques contra las familias gitanas en Jaén
La Sociedad Gitana Española presentó una queja a este organismo tras los incidentes que ocurrieron en la movilización por la muerte de un joven de 29 años en Peal de Becerro.
Jaén--Actualizado a
El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja presentada por la Sociedad Gitana Española por los incidentes de Peal de Becerro (Jaén) contra familias de etnia gitana, tras el apuñalamiento mortal de un joven ante las puertas del pub donde trabajaba en el municipio, por el que fueron detenidas cuatro personas.
El colectivo ha anunciado, a través de un comunicado, que el Defensor del Pueblo de España ha abierto una investigación sobre las actuaciones del Ayuntamiento de Peal de Becerro y la Subdelegación del Gobierno de Jaén.
La Sociedad Gitana Española ha informado de la contestación del Defensor del Pueblo estimando su petición, una denuncia que ya fue presentada ante la Fiscalía de Jaén por los vandálicos sucesos ocurridos en Peal del Becerro (Jaén) contra familias de etnia gitana, y que fue admitida.
La Fiscalía Superior de Andalucía también investiga estas denuncias contra las familias gitanas
Los hechos ocurrieron al término de la manifestación celebrada el 18 de julio para protestar por el crimen; en la plaza del Ayuntamiento se concentraron unas mil personas, que luego se dirigieron a la calle Andrés Segovia, donde tienen su casa algunos de los detenidos, zona que se encontraba protegida por un cordón policial, según el relato que hizo la Subdelegación del Gobierno.
Un amplio grupo de esas personas rebasó el cordón policial y volcó tres vehículos, dos de ellos propiedad de los detenidos; después, varios grupos descontrolados se dirigieron a otra zona donde habitan familias gitanas, aunque ninguno de los detenidos pertenece a ellas, causaron daños en viviendas y prendieron fuego a una de ellas, desocupada y que no es propiedad de ninguno de los detenidos.
La denuncia fue ampliada esta semana, incluyendo la última actuación del Ayuntamiento, ya que la organización considera que el tapiado de dos viviendas de familias gitanas que huyeron por miedo a represalias "puede constituir un delito de obstrucción a la justicia".
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