Defensa confía 25 centros infantiles a una empresa que paga a sus educadoras a plazos y con retraso

Las educadoras infantiles cobran en torno al salario mínimo interprofesional en nuestro país. Unos 1.000 euros con los que resulta ya de por sí difícil llegar a fin de mes, en un contexto marcado por la presión inflacionista. Esta precariedad se ahonda en el caso de los centros gestionados por la empresa Escuelas Infantiles Kidsco, donde el impago de las nóminas mantiene a las profesionales asfixiadas.

Kidsco gestiona 40 escuelas infantiles repartidas en Madrid, Aragón, Andalucía, Galicia, Murcia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Balears, Canarias y Melilla con una plantilla de alrededor de 600 trabajadoras. De ellas, hasta 34 son centros de gestión indirecta, esto es, ofrecen un servicio público –ya que 25 están a cargo del Ministerio de Defensa (son escuela cuartelarias), siete a la Comunidad de Madrid y dos al Ayuntamiento de Leganés–, pero su gestión es privada. 

Desde febrero de 2022, las educadoras que trabajan para esta empresa han acumulado problemas relacionados con retrasos a la hora de cobrar sus sueldos. "Nos pagan el día y el porcentaje que la empresa considera. Hay veces que nos ingresan un 15%, otros un 18% o un 20%. Luego completan el resto del mes", explica a Público una trabajadora que prefiere mantener su nombre oculto.

Durante el verano, la empresa ha retrasado los pagos de las nóminas de los meses de junio, julio y agosto, con el impago de los salarios del mes de septiembre. "Gestionar nuestra vida personal es muy complicado porque, claro, te llegan distintos cobros y no sabes cómo afrontarlos porque no sabes el dinero que del que vas a disponer. Hemos pedido a la empresa que nos indique, al menos cuándo va a hacer el ingreso aproximadamente, pero nada", lamenta esta docente. 

La dinámica hasta ahora ha sido la siguiente: ellas reciben un comunicado donde se les informa de que no van a cobrar todo su salario, sino que van a recibir un pequeño porcentaje. De hecho, cientos de trabajadoras han terminado de cobrar la nómina de agosto el 3 de octubre, cuando el convenio colectivo dicta que los pagos deben producirse antes del día 5 del siguiente mes. Con todo, conscientes de que "el servicio que ofrecen el fundamental para las familias" y "por pura vocación profesional", acuden a su puesto de trabajo a diario.

Al principio, la empresa "dio a entender que era culpa de las administraciones públicas, que no pagaban, pero después de preguntar todas las entidades han contestado diciendo que están totalmente a cero con la empresa. Entonces la cuestión es de Kidsco, que aún así mantiene que habrá problemas hasta febrero de 2024", denuncia la educadora.

Falta de control por parte de la Administración

Desde CCOO Andalucía insisten en que "aunque la empresa responsabilice al Ministerio de Defensa o a los gobiernos autonómicos y municipales de sus problemas de liquidez, estas instituciones niegan que incumplan sus obligaciones con la subcontrata". En la misma línea, la organización señala que "no es la primera vez que se actúa contra estas prácticas empresariales derivadas de licitaciones administrativas que, una vez librada la cuantía económica, no hacen seguimiento" de los convenios y contratos.

"El cómo se financia la empresa no es culpa ni es problema de las trabajadoras, que deben cobrar su salario puesto que ellas prestan sus servicios responsablemente", afirma Miguel Ángel Palma, responsable de enseñanza privada de la Federación de Enseñanza de CCOO de Andalucía. "Kidsco navega en una especia de alegalidad porque atrasa los pagos, pero no deja pasar los tres meses establecidos para que se pueda definir esta demora como impago. Juegan siempre al límite", apunta Palma.

Mientras, desde CCOO Madrid reprochan que este modelo sea utilizado por las administraciones para "lavarse las manos y externalizar" un servicio tan importante como es la educación infantil. "Venimos observando que, a la hora de conceder las licitaciones, tiene más peso el aspecto económico que el proyecto educativo. Esta situación repercute directamente tanto en la calidad educativa como en las condiciones laborales del personal contratado", expresa la organización. Ante la inacción de las autoridades, el sindicato ha organizado paros que tendrán lugar a lo largo de esta semana.

En este marco, además, continúa negociándose un nuevo convenio colectivo que defina mejores condiciones laborales, en general, para las educadoras. Desde UGT explican que se trata de un nuevo documento en el que llevan trabajando durante más de dos años, pero que "todavía están lejos de alcanzar un acuerdo" con la patronal.

Las familias muestran su apoyo

Madres de la escuela Marta Mata en Getafe (Madrid), gestionada por Kidsco, se han puesto en contacto con Público para denunciar la situación que están "sufriendo" las educadoras de sus pequeños y manifestar su "apoyo total".

"Creemos que no es justo la situación por la que están pasando. Se aprovechan de que es una profesión vocacional, pero no todo vale y la paciencia tiene un límite", argumenta Alicia, mamá de una de las alumnas del centro. "Y no solo la paciencia, es que todo el mundo necesitamos cobrar para hacer frente a nuestros gastos de hipoteca, luz, agua, comida... Están jugando con el dinero de la gente", añade.

Por su parte, Irene, madre de otro pequeño, expresa que sus "preocupaciones principales" no son tanto que su hijo este "mal atendido o tengamos que pedir permisos para cuidar en nuestros trabajos", sino que "esto sea una manifestación más de la poca valoración del trabajo que realizan las maestras, de las condiciones en las que se prestan los servicios educativos y, en especial, la educación infantil".

En la misma línea, Sonia remarca su apoyo al equipo docente: "Son nuestras manos y pies a la vez; hablo como mamá sin apoyo familiar, no tenemos abuelos, no tenemos tíos y menos aún quién se pueda quedar con nuestros pequeños en las malas. Es muy injusto lo que esta concesión está haciendo con estas familias [de las educadoras] porque también de ellas dependen hijos".

Entre preocupación, incertidumbre e impotencia porque la situación no mejore, sostienen que la mejor opción es que "se rescinda el contrato con quien no lo cumple lo que se ha pactado".