Aragón pondrá en marcha un "un programa de apoyo y acogida a defensores de derechos humanos de Colombia y el Sahara cuyas vidas corran peligro", según recoge el punto número 43 del acuerdo de investidura suscrito entre Izquierda Unida (IU) y el PSOE para confirmar a Javier Lambán como presidente de la comunidad.

Será, una vez entre en funcionamiento, el sexto plan de este tipo que se desarrolla en España, donde están en marcha otros tres de ámbito autonómico, en Asturias, Euskadi y Catalunya, y uno local en Madrid mientras la Comunitat Valenciana está a punto de arrancar con el suyo.

El acuerdo, cerrado entre las dos organizaciones al margen del documento de 132 puntos que recoge las "bases para la gobernabilidad" del cuatripartito PSOE-Podemos-Cha-Par para los cuatro años de legislatura, contempla que esa acogida de los líderes y activistas y amenazados en esas dos zonas con violencia estructural incluyan "la realización de foros, encuentros y jornadas para analizar los conflictos y sentar las bases de una cultura de la paz que profundice en las soluciones negociadas y políticas frente a las opciones militares".

"Se trata de empezar a trabajar para que Aragón sea una comunidad de acogida para defensores de los derechos humanos cuyas vidas corran peligro en sus países de origen", explica Álvaro Sanz, coordinador autonómico de IU, que destaca que "sigue habiendo países con una violencia estructural en los que todos los días muere gente, y eso es algo a lo que queremos dar visibilidad a través de iniciativas como esta".

¿Y por qué Colombia y el Sáhara y no otras zonas de conflicto? "Las hemos elegido por la evidente responsabilidad de España en la situación que se da en ambos países", anota Sanz.

Un activista muerto cada dos días

La defensa de los derechos humanos, el indigenismo, las luchas comunitarias y los conflictos ambientales se llevan cada año por delante a cientos de activistas y de líderes locales en países en vías de desarrollo, con casos paradigmáticos como el asesinato de la indigenista y ambientalista hondureña Berta Cáceres en 2015 o, hace ya más de treinta años, la muerte del defensor de la Amazonía Chico Mendes en Brasil, que sigue impune como más del 90% de este tipo de crímenes.

El reguero de sangre de los activistas proderechos humanos es descomunal: cae uno cada dos días en Colombia, según las estimaciones de Oxfam; 155 el año pasado y 106 el anterior, según la oenegé Somos Defensores.

Mientras tanto, el apagón informativo que impone Marruecos impide conocer la magnitud real de la represión en el Sáhara, donde a estos estremecedores registros se les suman otros como los 39 crímenes perpetrados en Guatemala en ese mismo bienio o la muerte de 437 ambientalistas en dos años en 22 países, según Amnistía Internacional.

Cuatro programas en marcha y uno en puertas

Cuando el acuerdo se desarrolle, Aragón pondrá en marcha el sexto de estos programas en España, tras el que está ultimando la Comunitat Valenciana y los que desde hace unos años se encuentran operativos en Asturias, Euskadi y Catalunya y en la ciudad de Madrid.

Se trata, en todos los casos, de planes en los que, por motivos operativos, la acogida se circunscribe a un pequeño grupo de activistas amenazados que permanecen en España durante unos meses antes de regresar a sus países de origen.

"Es una iniciativa que viene del mundo de la solidaridad y del internacionalismo", señala Sanz, que destaca como puntos clave de los programas la determinación de los requisitos para que los activistas puedan acogerse a ellos, la selección de entidades, tanto en el país de origen (en el Sáhara suele ser el Polisario) como en la comunidad de referencia para contactar con ellos, gestionar las estancias y atenderles durante ellas (normalmente mediante convenios) y, obiviamente, los recursos que aporta el Gobierno autonómico o el ayuntamiento que lo desarrolla.

Paralelamente, las charlas y actividades en las que los líderes refugiados participan durante el periodo de acogida permiten dar visibilidad y difusión a los conflictos que azotan sus territorios de origen.

Protección temporal y mejora de herramientas

El Programa de Acogida Temporal a Personas Defensoras de los Derechos Humanos de Madrid Protege, implementado en 2018 por el ayuntamiento, acoge en la capital a tres defensores de los derechos humanos de origen colombiano durante tres meses en cada convocatoria anual.

"El Programa busca no solo brindar una protección temporal a personas defensoras que se encuentren en situación de riesgo, sino también contribuir a la generación de un entorno seguro y propicio en los territorios de origen", señalan las bases, que incluye entre sus objetivos "mejorar las herramientas de las personas defensoras (con estrategias de acompañamiento psicosocial, formación, generación de redes de apoyo, etc.) una vez retornen a sus territorios de origen", así como "estrechar los vínculos entre las organizaciones" de ambos lugares que participan en la iniciativa.

"Por último, pero no menos importante -añade el documento-, el programa busca mejorar el conocimiento de la población de Madrid sobre la situación que afrontan comunidades y organizaciones defensoras de derechos humanos en terceros países", lo que contempla actividades formativas y mediáticas con los acogidos.

CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que colabora con algunos de esos programas de acogida, como el vasco, destaca que, tal y como mantiene la ONU, "no existe ninguna definición estricta de los defensores y defensoras de los derechos humanos" sino que "se trata de un término amplio que incluye a quienes contribuyen a la eliminación efectiva de todas las violaciones de derechos humanos y al fomento del disfrute efectivo de los mismos, ya sean de carácter individual o colectivo".

No obstante, anota que, entre ellos, cuatro grupos sufren mayores riesgos por los efectos de sus acciones "sobre los intereses de los agentes de persecución". Se trata de las mujeres que forman parte de organizaciones feministas, quienes trabajan en defensa de los derechos de las personas LGTBI, los defensores de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, "especialmente aquellos que reivindican el derecho a la tierra y el territorio" de pueblos indígenas y afrodescendientes, y, también quienes reivindican los derechos de colectivos minorizados.