Este artículo se publicó hace 3 años.
Los cuatro acuíferos más importantes de España, esquilmados por la agricultura intensiva
Sólo con la extracción ilegal de agua para regadío de Doñana, Las Tablas de Daimiel, el Campo de Cartagena y Los Arenales se podrían llenar cada año 65.000 piscinas olímpicas.
Alejandro Tena
Madrid-
El Mar Menor, las Tablas de Daimiel, Los Arenales y Doñana. Son cuatro de los principales recursos hídricos de España y, al mismo tiempo, los cuatro ejemplos más nítidos del robo masivo de agua para la agricultura intensiva. Esa es la conclusión a la que han llegado los expertos del Fondo Mundial para la Naturaleza, quienes publican este martes una nueva investigación sobre el maltrato que sufren estos acuíferos emblemáticos. La suma de superficie de regadío ilegal en estas zonas asciende hasta las 88.645 hectáreas. Dicho de otro modo, cultivos que en su conjunto ocupan más de lo que abarca la ciudad de Madrid en los mapas y que expolian cada año tantos litros de agua de la naturaleza como para llenar 65.000 piscinas olímpicas.
Los datos, que se sustentan en un año de investigaciones, recogen lo que ya advertía en 2019 el propio Ministerio para la Transición Ecológica en el Informe de seguimiento de los planes hidrológicos de cuenca y de los recursos hídricos en España, donde se apuntaba que uno de cada cuatro acuíferos (el 24%) estaba en mal estado desde el punto de vista cuantitativo.
La extracción ilegal de agua es, según explica Rafael Seiz, autor de la investigación y portavoz de WWF, un reflejo de las políticas que se han desarrollado en las "últimas décadas" desde la propia Administración. "Se ha favorecido un modelo agrícola basado cada vez más en el uso intensivo del agua y el suelo", indica el experto, que considera que todo ello, junto con "la falta de dotación y medios para controlar los acuíferos", ha empujado a algunos agricultores a expandir sus cultivos a través de pozos ilegales y otros mecanismos de extracción ilegal.
Doñana
Los acuíferos que nutren el ecosistema natural de Doñana son uno de los puntos negros del Estado. Tanto, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea condenó el pasado mes de junio a España por no tomar medidas para la protección de las masas de agua subterráneas, esquilmadas por los sistemas de regadío que van a nutrir importantes cultivos de frutos rojos, herbáceos, viñedos, cítricos y otros frutales. Pese a que Bruselas había advertido en repetidas ocasiones de la mala gestión hidrológica, las hectáreas hortofrutícolas regadas ilegalmente se han expandido en el último año, pasando de las 4.602 hectáreas documentadas en 2019 a las 4.729 hectáreas del último año.
El Ministerio dirigido por Teresa Ribera ha iniciado un esfuerzo para el cierre de pozos ilegales –170 clausuras desde 2019 hasta la fecha–, pero eso no ha impedido que algunas masas de agua de Doñana mejoren sus indicadores. De hecho, si sólo se atiende a la explotación legal de los acuíferos –aquellas extracciones que cuentan con permisos de la Administración– se encuentran algunos puntos de riesgo como Aljarafe Norte, donde en 2019 la demanda hídrica para el regadío de esta esta masa de agua superaba en más de 12 hectómetros cúbicos los recursos disponibles del año. Una situación similar es la del acuífero de La Rocina o Las Marismas, lugares marcados por la presión del regadío que han visto cómo el volumen de extracción ilegal ha crecido levemente en el último año.
El Campo de Cartagena
El uso intensivo del agua para regadío en el Campo de Cartagena es una de las principales causas del colapso ecológico del Mar Menor. En esta zona, el vigente Plan Hidrológico del Segura (2015-2021) establece una exención temporal que permite el uso para el riego del agua que provenga de las desaladoras que extraen agua de los acuíferos, siempre que las fincas estén incluidas dentro de las Unidades de Demanda Agrícola (UDA). Aún con este régimen de permisividad, la investigación documenta zonas de riego que se encuentran fuera de estas UDA ocupan 1.792 hectáreas.
Además, el 20% de las zonas de regadío incluidas dentro de las UDA del campo cartagenero son parcelas sin derecho de uso privativo de riego que se acogen a la permisividad de las exenciones vigentes en el Plan Hidrológico. En total hay 8.460 hectáreas de cultivos ilegales, según los datos aportados por el Fondo Mundial para la Naturaleza y la propia Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Una extensión que equivaldría al riego intensivo de 10.000 campos de fútbol. "Esta presión afecta de forma directa a la recarga de agua dulce de la laguna del Mar Menor, que sufrió un desastre ecológico en 2016 y 2019", sostiene la publicación.
El acuífero de Los Arenales
El acuífero de Los Arenales, en Castilla y León, sufre las consecuencias de las transformaciones en el uso de la tierra, que ha pasado de un predominio del cereal y los viñedos en secano a la expansión de las huertas intensivas de patatas, maíz o remolacha; plantas con una gran demanda hídrica. Esta situación ha dejado cifras preocupantes para las masas de agua subterráneas que están destinando el 30,8% de sus niveles disponibles para regar parcelas ilegales que se ubican fuera de la cartografía oficial de derechos de uso privativo del agua.
La investigación realizada por la organización conservacionista estima, usando los datos de la Junta de Castilla y León disponibles, que hay 23.975 hectáreas de cultivos que se nutren de extracciones ilegales de agua de Los Arenales, una extensión equivalente a cerca de 30.000 campos de fútbol.
Las Tablas de Daimiel
La estampa árida de Las Tablas de Daimiel, el icónico humedal manchego, es el fiel reflejo del mal uso del acuífero del Alto Guadiana. Tanto es así que en 2019 se superó con creces el Régimen Anual de Extracciones marcado por el organismo de cuenca. El volumen de agua sacado ese año estaba un 72% de los que marcaban los límites legales.
Los valores de extracción permitidos por el Plan Hidrológico del Guadiana se sitúan en los 199,22 hm3. En 2019, se sacaron 342,95 hm3 del acuífero, es decir, 143,73 hm más de lo establecido. Todo ello para satisfacer la alta demanda agrícola de cultivos diversos como el melón, la sandía, el maíz, la patata, el tomate, el ajo o el pimiento, entre otros. Del agua sobreextraída, al menos el 64% fue a parar al regadío de parcelas sin permisos
"Nos estamos hipotecando"
Rafael Seiz, como autor de la investigación, apunta a la gravedad que hay tras estos datos. "Hablamos de cuatro de los principales acuíferos del país, que reciben más atención mediática. No nos podemos hacer a la idea de lo que puede estar ocurriendo con otras masas de agua que no son tan conocidas", explica el experto, que considera que el robo masivo de agua se está dando gracias a la permisividad del Estado. "Más allá de lo que supone a nivel ambiental, esto también es una muestra de la competencia desleal de unos pocos agricultores para los que sí respetan las normas. Es injusto porque se está promoviendo que los agricultores usen más agua para sacar más rendimiento", analiza.
El experto advierte sostiene que el expolio de los recursos hídricos tendrá consecuencias que trascienden al deterioro de ecosistemas protegidos como Doñana. "Nos estamos hipotecando. Los acuíferos son las reservas de agua que nos van a poder salvar en momentos de escasez. Estamos condicionando nuestro futuro y nos estamos comiendo el plan de pensiones en términos hídricos. Es importante que se actúe para ordenar este mal uso".
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