"Un trabajador normal puede ir aguantando, pero las familias precarias van a tener problemas de subsistencia" con el parón de la actividad económica por el coronavirus, advierte Gustavo García Hurtado, de la Asociación de Gerentes y Directores de Servicios Sociales, que explica cómo "muchas de esas familias ya empiezan a llegar a los servicios sociales" en busca de un agarradero que les permita capear esta situación antes de que se cumpliera la segunda semana de confinamiento.

La emergencia sanitaria está haciendo aflorar con toda su crudeza las averías sociales y el aumento de la desigualdad que habían venido consolidándose, o quizás cronificándose, en un país que conforme iba progresando en la recuperación de la anterior crisis era capaz de batir de manera simultánea sus récords de generación de riqueza y de desigualdad, o de disparar la ocupación mientras alcanzaba nuevas marcas de trabajadores pobres y de precariedad laboral, hasta llegar a una vergonzante situación en la que, oficialmente, nueve millones de ciudadanos, o más de tres millones y medio de hogares, subsisten por debajo del umbral de la pobreza como consecuencia de la combinación de la inseguridad laboral, el empleo inestable y los bajos salarios.

El Banco de España eleva esas estimaciones a 4,5 millones de hogares, "casi un 25 % del total", y "unos 12 millones de personas". "La fase expansiva en la que se encuentra inmersa la economía española desde 2013 ha permitido reducir el porcentaje de hogares en riesgo de pobreza", anota, aunque este sigue "por encima de los registros precrisis y del objetivo definido para España en 2010 en la Estrategia Europea 2020".

El margen de mejora resulta estremecedor en un país en el que buena parte de la población lleva años viviendo al día. Eso, que ocurre tanto entre las familias como entre las empresas, entraña riesgos cuando se produce un parón de la actividad económica como el actual, en el que las capas más precarias de la sociedad se quedan sin ingresos corrientes cuando ya carecían de ahorros.

Las familias españolas sumaron en 2018, según el INE (Instituto Nacional de Estadística), un ahorro neto de 10.747 millones de euros, algo que, en un país con 18,5 millones de hogares, arroja una media inferior a los 580.
Es decir, que acabar el año con 600 euros en el bolsillo más que al comenzarlo es algo más inusual que corriente en España. El dinero sale tal y como entra en un escenario de congelación salarial que no comenzó a animarse hasta hace año y medio con las revisiones del SMI.

El dato no resulta tan sorprendente si se tiene en cuenta que más de la tercera parte de los 19 millones de declarantes del IRPF ingresan menos de 12.000 euros brutos al año.

El Banco de España destaca la elevada tasa de familias "con limitada intensidad de empleo en términos de horas y días trabajados, así como en situación de paro". "Muchos de estos hogares tienen que dedicar parte de sus ingresos limitados a la manutención de dependientes menores o mayores que viven en el mismo hogar y son inactivos", señala, en un cuadro de carestía que convive con "otras realidades de pobreza, como las de algunos colectivos de pensionistas, trabajadores con salarios por hora bajos o trabajadores con gastos por miembro del hogar elevados".

A más de la mitad de las familias les sobraba mes al final del sueldo

Las estimaciones del emisor español se sitúan en una estimación similar a la que ofrece la Encuesta de Condiciones de Vida del INE sobre las penurias de las familias españolas para llegar a fin de mes. Según este estudio, a 4,87 millones de hogares les sobra bastante o mucho mes al final del sueldo, algo que le ocurre en menor medida a otros cinco millones.

Son más de la mitad de los hogares: el 53,6% de ellos, concretamente. Y muchos se encuentran con que desde hace dos semanas las medidas de emergencia ante la pandemia del coronavirus han cortado de manera drástica o reducido los ingresos, algo que agrava un cuadro en el que, ya antes, más un tercio (6,67 millones de casas) tenía dificultades para afrontar gastos imprevistos.

"Estamos hablando de gente que está pasando hambre y que tiene que racionar lo poco que tiene, y de familias con niños", explica García, partidario de articular fórmulas de auxilio similares a las de las posguerras. "No es carencia: es hambre; y son situaciones que no se pueden resolver con los sistemas de la anterior crisis -anota- como los bancos de alimentos y las ayudas de inserción", que por otro lado dejan fuera al 90% de los pobres.

"El problema al que nos enfrentamos no es solo de dinero para inyectar en las familias sino de agilidad en la tramitación. Es gente que lo necesita para comer", apunta. "O encontramos fórmulas ágiles de pago, que no es fácil, o la situación puede se trágica -añade-. En la mayoría de los casos, y salvo excepciones, una ayuda municipal de emergencia tarda diez días en concederse. La Administración tiene que sacar músculo en este tema, como lo está sacando en otros ámbitos".

No es que el Estado, en sus distintos niveles, no fuera consciente de esa situación y de otras que completan el panorama de la pobreza en el país.

"Muchos deudores y sus familias continúan encontrándose en una situación de especial vulnerabilidad", señala decreto por el que el Gobierno amplió la protección a los hipotecados tres días antes de decretar el estado de alarma.

Una semana después, el día 17, el ejecutivo aprobaba transferir 300 millones a las comunidades para reforzar los servicios sociales en la misma resolución en la que daba por hecho que el parón supondrá "una salida masiva de trabajadores al desempleo y un ajuste particularmente agudo para los trabajadores temporales y los autónomos".

Estos últimos, añadía, van a verse "particularmente afectados por la situación actual", algo a lo que para nada son ajenos hechos como que más de medio millón de ellos, uno de cada seis, pierda dinero con su negocio; que tengan pendientes de cobro (junto con las pymes) deudas por un valor superior a los 60.000 millones de las grandes empresas y otra de 14.000 de las administraciones.

Eso hace que buena parte de los más de tres millones de trabajadores por cuenta propia vivan al día. No les queda otra, mientras los cierres por el coronavirus dejan a todos los que se han visto obligados a bajar la persiana con una ayuda de 660 euros mensuales y la exención de pagar la cuota, algo a lo que no pueden acceder los no se dedican a las actividades no paralizadas salvo que sus ingresos mensuales caigan un 75%.

La mitad del tejido empresarial también vive al día

Buena parte del tejido empresarial se encuentra en la misma situación que los precarios y los autónomos, a lo que se suma el enfriamiento de la actividad económica que comenzó a darse el año pasado después de algo más de un lustro de crecimiento.

El artículo "Resultados de las empresas no financieras hasta el cuarto trimestre de 2019. Un avance de cierre del ejercicio", publicado hace unos días por el Banco de España, indica que la mitad de las firmas españolas apenas tiene rentabilidad: el balance entre ingresos y gastos ordinarios de entre un 25,8% y un 28% de ellas (según la referencia) es negativo o de cero, mientras que entre un 22,1% y un 15,1% no llega al 5% y entre un 13,8% y un 10,9% no alcanza el 10%.

La rentabilidad mediana fue, según el indicador, del 5,6% (por activos) y del 8% (por recursos propios), lo que indica que la mitad del tejido empresarial se encuentra por debajo de esos niveles.

Operan, pagan los salarios, cubren las deudas y poco más, con lo que el parón de la actividad por el Covid-19 entraña un riesgo evidente para su, en muchos casos, frágil viabilidad: no pueden, o en el menos malo de los casos lo tienen complicado, generar recursos para hacer frente a ese endeudamiento, el cual, pese a haberse reducido en el último año, sigue presentando niveles descomunales: un 471% sobre los recursos ordinarios pese al retroceso de 39 puntos en un ejercicio.

El estudio, que también indica cómo "la fracción de los beneficios" que se comen los intereses de esa deuda "se situó en mínimos históricos", entre otras causas por mantener el Banco Central Europeo su política expansiva de tipos bajos, destaca "el elevado porcentaje de empresas que siguieron presentando valores negativos" de rentabilidad en 2019, "casi un 26 % en el caso de la rentabilidad del activo y un 28 % en el de los recursos propios", lo que, además, supera "los porcentajes registrados un año antes".

El riesgo, en cualquier caso, se concentra en las empresas de menor tamaño, ya que las grandes empresas, o cuando menos "algunas" de ellas, "han presentado una evolución más positiva de sus rentabilidades" que el resto.