Los ciudadanos se muestran a favor de proteger la propiedad intelectual, pero no por encima de otros derechos como la libertad de expresión. Así se desprende de un sondeo de GAD3 encargado por la Plataforma para la Defensa de la Libertad de Información (PDLI), que pulsa la opinión pública acerca de las nuevas reformas sobre 'copyright' tanto en España (LPI) como en Europa.

Así, según esta encuesta (PDF), el 69% de los encuestados opina que los políticos utilizan la propiedad intelectual como coartada para recortar la libertad de expresión en Internet.

Y tres de cada cuatro encuestados (74%) se muestran contrarios a que el Gobierno, a través de la Comisión de Propiedad Intelectual del Ministerio de Cultura, pueda cerrar sitios web sin autorización judicial, como contempla la nueva Ley de Propiedad Intelectual (LPI) por una enmienda pactada a última hora por PP, Ciudadanos y PSOE.

En cuanto a la responsabilidad sobre los contenidos de Internet, los encuestados creen mayoritariamente en que debe recaer sobre todo en quien los suba. Es decir, en las redes sociales son los propios usuarios, y no las plataformas de Internet, los principales responsables de lo que hagan, digan o compartan ellos mismos. Así lo consideran tres de cada cuatro españoles (76%).

Así piensan los encuestados acerca de las verdaderas intenciones de los políticos con las normativas de derechos de autor. GAD3

Eso sí, el 90% piensa que las plataformas deberían tener la responsabilidad de retirar contenidos ilegales cuando tengan conocimiento de esta ilicitud. Y casi la mitad estima que debería ser un juez quien decida si un contenido es ilícito, frente al 39% que estima que ese trabajo lo puede realizar de forma automatizada un sistema de filtro "algorítmico".

En la presentación de este sondeo —basada en 916 entrevistas por Internet a una muestra representativa de la población española entre 18 y 65 años—, el presidente del GAD3, Narciso Michavila, quiso destacar que los resultados "ofrecen una visión de un ciudadanía madura", aunque reconoció que aún existe un problema de pedagogía" hacia el ciudadano y hacia el legislador.

Para este sociólogo, "existe un riesgo de sobreprotección por parte del Estado, un poco como solemos hacer los padres", y alerta del llamado 'efecto farola': "Se sobrelegisla el perímetro en el que el Estado tiene control, obviando que el fenómeno digital es global y no conoce fronteras".

Así, por ejemplo, considera que si se instaura el control previo de contenido mediante filtrado algorítmico, puede empujar a las empresas a huir de Europa, además de terminar frustrando el crecimiento de start ups de la web social que no pueden permitirse filtrar todo el contenido que suben los usuarios a sus servicios y aplicaciones.