Manuel Berna empezó en mayo, justo cuando la desescalada permitía los primeros paseos fuera de casa, a denunciar ante el Ayuntamiento de Picassent (València) tres vertederos descontrolados que localizó casualmente. Ante la falta de respuesta municipal empieza una auténtica odisea administrativa para conseguir la limpieza de estos espacios: el Seprona, la conselleria de Agricultura, Fiscalía de Medio Ambiente, Defensor del Pueblo, Síndic de Greuges e, incluso, el Senado, gracias a la intermediación de la senadora de Esquerra Republicana, Bernat Picornell.

Paralelamente, y mediante un grupo de Facebook de informaciones locales, empiezan a crear y coordinar un grupo de voluntarios para detectar, documentar y mapear todos los vertederos del término municipal, uno de los más grandes de la comarca. El resultado: "A día de hoy tenemos catalogados 52 vertederos, uno localizado ayer mismo", explica Berna a Público. En la documentación incluyen también el tipo de residuos encontrados. "Es muy curioso, porque a veces encontramos vertederos temáticos: de colchones, televisores o incluso uno con decenas de cajitas dispensadoras de servilletas, aunque lo más habitual son los escombros de obra", continua el activista vecinal. En esta última categoría, lo más preocupante es la gran cantidad de material con posibles restos de amianto, altamente contaminante y peligroso para la salud. Uno de los depósitos más grandes con amianto se encontraba tirado en el barranco de la confluencia del canal de Xúquer y el Túria: "Con las últimas lluvias, gran parte del material ha desaparecido, pero esto no es un vertedero menos, esto es un residuo muy contaminante que ahora seguramente se encuentra en la Albufera", concluye Berna.

El trabajo de hormigas de Berna y su grupo ha conseguido ya los primeros resultados. El primero de diciembre el ayuntamiento de Picassent anunciaba la retirada de más de 140 toneladas de residuos de diferentes vertederos e iniciaba una campaña de vigilancia especial para detectar infractores. Berna, pero, no está plenamente satisfecho: "Hablamos con la concejala y nos pide paciencia, que la policía no sabe que hacer, que el término es muy grande, que las ordenanzas son muy garantistas... Pero este es un problema que se arrastra desde hace décadas y precisa una solución de urgencia. Limpiar ya todos los vertederos y pasar la factura a los propietarios de los terrenos".

Origen empresarial

Aunque seguramente hay basuras de todo tipo, Berna tiene sus sospechas que el grueso proviene de empresas o autónomos: "No creo que un particular tenga cuarenta televisores. Esto es una empresa que hace una reforma y decide ahorrarse las tasas de residuos, aunque seguramente la haya cobrado al cliente".

A una conclusión similar ha llegado Núria Garcia, participante de Amigues del Carraixet, una asociación que trabaja para dignificar este espacio natural que cruza la comarca de l'Horta Nord (València), desde Olocau hasta Alboraia: "Puedes ir un día y encontrarte treinta sacos de obras llenas de escombros perfectamente alineados. Esto es obvio que no lo ha dejado ningún particular".

Desde su asociación hace años que reivindican la limpieza del barranco, sobre todo en la zona en los términos de Foios y Alfara, donde hace décadas que se acumulan vertidos sin ningún tipo de control. "Nosotros nos reuníamos con los ayuntamientos y nos decían que dependía de la Confederación Hidrográfica y al revés, todos se pasaban la pelota y nadie hacía nada".

En verano decidieron pasar de las palabras a los hechos y convocaron a varias jornadas de "limpieza consciente". No se trataba solo de limpiar voluntariamente el espacio, sino de convertir el acto en una denuncia difundida entre los paseantes y las redes sociales. Casualidad o consecuencia, hace dos semanas, la Diputació de València anunciaba un plan director dotado con 350.000 euros para la limpieza del Carraixet. "Estamos muy contentos, aunque también a la espera que se materialice, porque no nos lo acabamos de creer", explica Garcia. Ahora, la principal demanda de las Amigues del Carraixet es el cierre de algunos caminos al tráfico rodado para impedir el acceso directo al barranco y también un mayor control. "En treinta años no se ha puesto una sola multa. Es que los ayuntamientos ni tan siquiera comprueban que las empresas prestadores de servicios justifiquen correctamente el tratamiento de residuos. Tendrían que ponerse más serios", denuncia Garcia.

Miquel Crespo, de Acción Ecologista Agró reconoce que en los últimos veinte años "se ha avanzado en este tema", pero pide una mayor acción de vigilancia y limpieza por parte de los ayuntamientos para evitar "el efecto llamada": "Cuando en un sitio ya hay un poco de basura enseguida hay otros que se animan, parece que se puede", explica. Pero también reflexiona sobre cambios más profundos, como una mayor sensibilización y dar más facilidades a autónomos y pequeñas empresas para acceder a los puntos verdes: "Quizás las tasas pensadas para las grandes empresas no sirven para las pequeñas".

Santi Gasset, abogado especializado en derecho ambiental, reconoce las dificultades de los ayuntamientos a la hora de encontrar los culpables de estas infracciones y advierte que "la administración llega hasta donde llega y hay también una tarea de concienciación ciudadana importante".