Las clínicas abortivas denuncian que las mujeres continúan siendo víctimas de acoso sistemático por parte de asociaciones antiabortistas. Todo ello, a pesar de que hace ya dos meses que entró en vigor la ley que penaliza esta persecución con aquellas que deciden voluntariamente interrumpir su embarazo de manera segura y acompañadas por especialistas. 

Desde el 14 de abril, en España acosar a las mujeres que acuden a abortar es un delito que está penado con tres meses a un año de prisión o con trabajos en beneficio de la comunidad. Sin embargo, la portavoz de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI), Sonia Lamas, asegura que, al menos por el momento, la ley "no está funcionando".

De hecho, subraya que los mismos grupos antiabortistas que se concentraban frente a las clínicas antes de la ley siguen "rezando y verbalizando el acoso, con expresiones que son constitutivas de delito y con cánticos que apelan a la perversidad de las mujeres que ejercen su derecho al aborto".

Es más, tal y como ha explicado la propia portavoz de Derecho a Vivir, quienes se apostan frente a las puertas de estos centros no han recibido ninguna notificación policial ni judicial. "Más allá de que se presenta la Policía, se identifican y no nos pueden decir que nos vayamos, ni siquiera nos pueden detener", detalla.

Los primeros sábados de cada mes, en distintos puntos del país, esos grupos organizan concentraciones frente a las clínicas y "acosan en formato masivo" dentro de su campaña "rezar no es delito". Según Lamas, las fuerzas de seguridad actúan de forma distinta según el territorio. Pone como ejemplo una de estas concentraciones de los antiabortistas ante la clínica Dator de Madrid, donde llegaron a reunirse cerca de un centenar de personas a las que la Policía les permitió continuar. Mientras que esa tarde, la misma gente llegada en autocares a San Sebastián para protagonizar un acto similar frente al centro Askabide no pudo ni bajar del vehículo, ya que la Ertzaintza se lo impidió.

ACAI defiende la necesidad de que se establezca un perímetro de seguridad para proteger a las mujeres que acuden a abortar. En la acera de enfrente de la clínica Dator, y visible desde dentro del centro, el movimiento antiabortista mantiene un local con la fachada pintada de rosa y la frase "el aborto no es la única solución" de forma repetida en sus paredes.

En España, se puede abortar legalmente desde el año 1985. Se trata de una necesidad básica de atención de la salud para millones de mujeres que pueden poner en peligro su vida si se ven en la coyuntura de tener que interrumpir su embarazo en la clandestinidad.

Los intentos de prohibir o restringir el aborto no consiguen reducir el número de abortos; lo que hacen es obligar a las personas a someterse a abortos inseguros. La OMS calcula que todos los años tienen lugar 25 millones de abortos inseguros. 

A diferencia de los abortos legales, practicados por proveedores de servicios médicos capacitados, los abortos inseguros pueden tener consecuencias fatales que van desde la incapacitación para gestar en el futuro, hasta la muerte de la embarazada. Por ello, en los últimos 25 años, más de 50 países han modificado su legislación para permitir mayor acceso a esta intervención y han promulgado normas que protejan a quienes quieran ejercer su derecho a interrumpir su embarazo en un espacio seguro.