El Congreso ha aprobado este jueves la Ley de Residuos y Suelos contaminados, una norma que alinea a España con las normas europeas de economía circular y lucha contra el plástico. El texto legislativo, apoyado de manera casi unánime, impone medidas novedosas como el canon a los vertederos, la erradicación del amianto, el impuesto al plástico y el fin de la venta de determinados utensilios de un sólo uso fabricados con polietileno. 

La aprobación del texto, el segundo gran reto ambiental del Gobierno tras la aprobación de la Ley de Cambio Climático, avanza en numerosos aspectos y es, además, una transposición de dos directivas europeas: la Directiva Marco de Residuos y la Directiva de Plásticos de un sólo uso. La norma ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, Más País, Compromís, Teruel Existe, EH Bildu y Ciudadanos, la abstención de PP y BNG y el rechazo de PdCat, CUP, ERC y Vox.

La Ley de Residuos ha logrado incluir, después de meses de debate, un Sistema de Deposito, Devolución y Retorno (SDDR) de envases, aunque se deberá desarrollar extensamente a través de un Real Decreto. Con este modelo, los consumidores pagarán una fianza asociada al envase, que se les devolverá si lo retornan para que pueda ser reciclado y reutilizado. Se trata de una iniciativa que ya funciona en otras partes del Europa, como Alemania, donde se han conseguido recuperar hasta el 98% de los residuos de envases. También funciona en España en el sector de la hostelería.

También se impondrá un canon por vertedero, de modo que las empresas que gestionan los residuos deberán abonar una cantidad de dinero por tonelada depositada. Aunque la norma es de carácter estatal, las Comunidades Autónomas tendrán competencias para regular el precio. Los ecologistas han lamentado que la recaudación de este canon no sea finalista, pues reclamaban que los impuestos se destinasen obligatoriamente a mejorar las instalaciones de gestión de residuos.

Por otro lado se estrecha el cerco a los plásticos de un sólo uso. Se transpone directamente la Directiva Europea, la cual debería haber entrado en vigor en el mes de julio. De esta forma quedan afectados los bastoncillos de algodón (salvo los usados en ámbito sanitario), cubiertos, platos, pajitas, agitadores de bebidas, palitos desinados a sujetar globos, recipientes para alimentos (incluidos sus tapas y tapones) y recipientes para contener alimentos que vayan a ser ingeridos in situ, así como los vasos. Todos estos utensilios no podrán ser de plástico y se deberá optar por otros materiales alternativos que faciliten el reciclaje.

Además, el texto contempla otras medidas para el resto de envases de plástico no reutilizable que no están incluidos en la lista. Se trata de un impuesto de 0,45 euros el kilo de plástico. El PP, que se ha abstenido, ha anunciado que en caso de llegar al Gobierno eliminarán este impuesto. Desde ERC o Más País han lamentado que no se haya conseguido un impuesto mayor. Los grupos ecologistas, que celebran esta medida, reclamaban que el impuesto estuviera fijado en 0,80 euros el kilo de plástico.

Censo de residuos con amianto y erradicación en 2028

El uso del amianto lleva prohibido en España desde el año 2002, debido a las evidencias científicas que prueban que la exposición a este material incrementa los riesgos de padecer cáncer de pulmón o mesotelioma, este último sin tratamiento para su cura. Casi 20 años después, el fibrocemento sigue estando presente en edificios, infraestructuras y otras instalaciones, lo que supone un riesgo para la salud pública. De hecho, se calcula que cerca de un millón de niños acuden a escuelas con restos de asbesto en fachadas o tejados y el caso de trabajadores de Metro de Madrid afectados ya ha trascendido a la opinión pública. En 2020 fallecieron 23 exempleados de la empresa al desarrollar tumores.

El Gobierno quiere acabar con esta lacra y, tras la presión realizada por la sociedad civil, se han incorporado varios puntos importantes para erradicar los restos que todavía perduran en edificios del Estado. La norma pone como objetivo que en 2028 se haya eliminado todo el asbesto y para ello establece como prioritario la elaboración de un censo que identifique dónde hay fibrocemento, uralita o cualquier otro material que contenga estas partículas cancerígenas. Además, el texto ha incluido un criterio de actuación para que se eliminen los residuos que estén presentes en aquellas zonas que puedan afectar a la población más vulnerable, algo que permitirá actuar rápidamente en los colegios del país, hospitales o residencias.

Además se regularizará la demolición de edificios, pues hasta la fecha no hay obligatoriedad de hacer derrumbes selectivos para eliminar las bajantes y otros restos que puedan estar fabricados con amianto. Esto genera, tal y como informó Público, que los desechos de los edificios se tiendan a aglutinar en una masa que se reutiliza para nuevas construcciones, volviendo a poner el amianto mezclado en circulación. Con el texto aprobado este jueves "determinados residuos, en especial el amianto, deberán retirarse de forma segura antes de la demolición".

Economía circular

El título de la norma, además se ha cambiado, para añadir el concepto economía circular, de modo que oficialmente queda aprobada como "Ley de Residuos, Suelos Contaminados y Economía Circular". Es una forma de hacer hincapié a la voluntad principal de la nueva legislación, que no solo pretende reducir el volumen de desechos generados, sino a lograr reutilizar el máximo posible de desperdicios.

En paralelo a ello, el Gobierno ya ha aprobado su Estrategia de Economía Circular, que marca algunos objetivos a cumplir de cara a 2030 como la reducción del 30% del consumo nacional de materiales respecto a los datos de 2010; la disminución del 15% de la generación de residuos; la mejora de la eficiencia del agua en un 10%; o recortar a la mitad el desperdicio de alimentos de los hogares españoles.

Agua gratis y fin de los microplásticos

La ley aprobada cambiará radicalmente la forma de consumo y transformará algunos hábitos. Al menos esa es la idea con la que fue impulsada desde el Gobierno. Algunas de estas cuestiones serán llamativas y en cierto modo positivas para los ciudadanos. Un ejemplo de ello es la obligación a la hostelería de ofrecer agua de grifo gratuita a los clientes, en lugar de agua embotellada.

Para acabar con la basura vertida en las playas y entornos naturales, la nueva ley deja margen a los Ayuntamientos para poder impulsar sus propias normativas con sanciones de hasta mil euros por, por ejemplo, fumar y dejar las colillas en la arena de la costa.

Además, el Congreso ha puesto freno al uso de microplásticos, uno problema ambiental que está empezando a afectar a la salud humana, pues su presencia microscópica está contaminando presente en todo tipo de bienes de consumo. Para empezar, el texto aprobado prohíbe su uso en los cosméticos y en los productos de limpieza.