Las comunidades autónomas han comenzado a blindar mediante leyes los derechos de las personas con discapacidad para evitar los efectos de futuros recortes del Estado de Bienestar como los registrados en los últimos años: ya han entrado en vigor en Andalucía, Castilla-La Mancha y la Comunitat Valenciana, mientras los gobiernos de Aragón, Cantabria, Canarias y Murcia han aprobado sus propuestas.

La discapacidad será uno de los principales temas de debate en este tramo final de una legislatura en la que varias comunidades han dedicado una parte de su labor legislativa en la recuperación de los servicios públicos.

Los discapacitados han sido uno de los colectivos más afectados por los recortes presupuestarios de los últimos años, tanto en el plano del empleo y la actividad de los centros especiales, como consecuencia de los tajos en el gasto público; como en el desplome de la atención a la dependencia, con casi 200.000 muertos en lista de espera para ser valorados en los últimos seis años, y también en el plano asistencial, en el que los cambios legislativos llegaron a provocar una protesta coordinada de los ortopedistas.

Se trata de un colectivo amplio, muy amplio: los últimos datos del Imserso (PDF), cerrados a finales de 2016, indican que 4,5 millones de personas tienen algún tipo de discapacidad reconocida en España, lo que supone el 9,8% de la población. De ellos, tres de cada cuatro (3,37 millones, el 7,3% del censo) padecen una disminución de las facultades físicas o psíquicas superior al 33%.

El INE (Instituto Nacional de Estadística), por su parte, cifraba hace diez años el colectivo de personas con discapacidad en 3,84 millones, lo que revela un aumento del 17% en solo una década.

“La prevalencia está en aumento por el envejecimiento de la población y la cronificación de las enfermedades”, señaló la diputada aragonesa del PSOE Pilimar Zamora. “Si Superman se cayó del caballo y se quedó tetrapléjico, cualquiera podemos acabar como discapacitados”, apuntó Raúl Gay, de Podemos, en referencia al accidente que dejó postrado al actor Christopher Reeve.

Acoger a los discapacitados sin apoyo familiar

Las dos primeras comunidades en aprobar sus leyes de discapacidad han sido Andalucía, donde está en vigor desde finales de octubre, y Castilla-La Mancha, que la aprobó en mayo (PDF).

La primera incluye medidas como reservar un 10% de las plazas de empleo público para personas con discapacidad y un 5% en los talleres y escuelas de oficios, además de asignar un 5% de las contrataciones en determinadas áreas a los centros especiales de empleo.

La segunda, que nace con una dotación económica de cinco millones de euros, garantiza el cuidado de las personas mayores de 18 años sin apoyo familiar que sufran una discapacidad psíquica, que hasta ahora quedaban en una situación de desamparo al fallecer o enfermar sus padres y parientes, e incluye una “garantía de apoyo residencial” para los discapacitados que se encuentren en esa situación.

Ambos textos, que están sirviendo como base para el resto de iniciativas, incluyen referencias a la accesibilidad universal y abandonan el tradicional enfoque asistencial de esta materia para pasar a otro de tipo inclusivo, centrado en potenciar las capacidades y manteniendo la no discriminación.

Varias comunidades han regulado de manera específica el empleo de perros guía.

Derecho a la asistencia personal para dependientes

La norma andaluza reconoce explícitamente el derecho de los discapacitados dependientes “a la asistencia personal para llevar una vida independiente incluida en la comunidad y en igualdad de oportunidades”, una medida que figura en la Ley de Dependencia, de ámbito estatal, pero cuya aplicación ha sigo restringida en la práctica como consecuencia de los recortes. Varios gobiernos autonómicos han incluido este precepto en sus propuestas.

La Comunitat Valenciana optó por reformar su Estatuto de las Personas con Discapacidad la pasada primavera para incluir la asistencia personal y medidas relativas, entre otros ámbitos, al empleo (reserva de un 7% de las plazas de empleo público), a la salud reproductiva y a la accesibilidad, que deberá estar garantizada en todos los centros educativos.

Multas de hasta 300.000 € por barreras arquitectónicas

Mientras en comunidades como Extremadura (PDF), Galicia (PDF), Baleares (PDF), Catalunya (PDF) o Navarra (PDF) salían adelante normas específicas sobre accesibilidad, algo en lo que Madrid (PDF) y Euskadi (PDF) fueron pioneros en los años 90, y La Rioja y Castilla y León regulan el uso de perros-guía, otros cuatro ejecutivos autonómicos han activado los procesos para disponer de leyes propias sobre discapacidad antes de que finalice la legislatura.

El Gobierno de Cantabria, cuyo parlamento reguló hace unos meses el uso de los perros-guía (PDF), aprobó en marzo el proyecto de Ley de Garantía de Derechos de las Personas con Discapacidad, que regula el uso de la lengua de signos, propone flexibilizar el tiempo de permanencia de los niños discapacitados en las distintas etapas de escolarización y reserva algunos concursos de contratas autonómicas para los centros especiales de empleo.

El parlamento canario, por su parte, tramita un proyecto de ley de Servicios Sociales (PDF) que facilita la realización de convenios y conciertos plurianuales con ONG y que incluye instrumentos para que prestaciones y servicios lleguen a todos los municipios de la comunidad.

El Gobierno de Murcia, comunidad cuyas normas de accesibilidad (PDF) vetan desde hace unos meses los proyectos urbanísticos que no cumplan las exigencias y sancionan con multas de hasta 300.000 euros su incumplimiento en construcciones y medios de transporte, aprobó en julio el anteproyecto de su ley de Discapacidad.

Aragón: alternativas a la prisión y 8% del empleo público

Aragón se sumó este jueves a esta corriente al aprobar por unanimidad sus Cortes iniciar la tramitación de la ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad (PDF), que será la vigesimotercera norma que se acumula en la cámara para los siete meses que quedan de legislatura.

El texto, que también contempla la asistencia personal para dependientes con discapacidad, supedita el visado de los proyectos urbanísticos a la inclusión de medidas de accesibilidad, obliga a incluir “las condiciones de accesibilidad que se prevean reglamentariamente” en los recintos temporales para espectáculos y garantiza el libre acceso de los perros-guía “a todos los lugares, alojamientos, establecimientos, locales, transportes y demás espacios de uso público sin que ello conlleve gasto adicional alguno para dichas personas”.

El proyecto de ley, que reserva un 4% de la VPO y un 8% de las plazas de empleo público para personas con discapacidad, establece que el Gobierno autonómico y sus entidades instrumentales destinarán “un 6% del importe total anual de su contratación” a “centros especiales de empleo, siempre que su actividad tenga relación directa con el objeto del contrato”.

El texto también prevé que la comunidad promueva “programas sociales que posibiliten a los juzgados y tribunales” sustituir por medidas penales alternativas las condenas de ingreso en prisión de personas con discapacidad.

Por último, el catálogo de infracciones y sanciones contempla multas de hasta un millón de euros por episodios de acoso, vejaciones, humillaciones y discriminación a discapacitados, “el incumplimiento de las normas sobre accesibilidad universal y no discriminación que impida gravemente el libre acceso” a recintos y servicios y, también, “las acciones que deliberadamente generen un grave perjuicio económico o profesional para las personas con discapacidad”.