Monsanto PapersLa complicidad de las autoridades europeas con la industria alarga la vida de los pesticidas

Pasado un año y medio desde que los responsables europeos se sentaran a debatir el futuro del herbicida más polémico del mercado, los Estados miembros de la UE decidían el pasado miércoles renovar la licencia del glifosato por un período de cinco años. Han sido necesarios hasta siete intentos para obtener la mayoría cualificada para su renovación, con 18 estados a favor, 9 en contra y 1 abstención.

En un principio el periodo de renovación establecido comprendía los 15 años, pero la división entre los distintos países y la presión ciudadana y científica han obligado a rebajar su uso futuro hasta 2022. Si bien es cierto que tanto ecologistas como los países que se oponían al herbicida de Monsanto abogaban por su eliminación total del mercado.

A pesar de que las autoridades europeas hayan decidido una vez más abrazar la pastilla azul, obviando las abrumadoras evidencias científicas que muestran al glifosato como un posible cancerígeno, esta nueva victoria de la industria agroquímica puede acabar siendo el principio del fin.

El rechazo de países con el peso de Francia -que ya ha decidido prohibir el herbicida en todo su territorio-, la presión y preocupación de un 72% de la población europea por los residuos de los pesticidas en los alimentos –según el último Eurobarómetro- y la división dentro de las filas de conservadores, socialistas y liberales en la Eurocámara, hacen de la reciente decisión una huida hacia adelante para tratar de salvar un modelo de agricultura intensiva que tiene a los plaguicidas como su principal aliado.

La compañía manipuló informes científicos, hizo lobby sobre organismos reguladores y sobornó a la prensa 

La caída en desgracia del glifosato tiene sus orígenes en el año 2015, cuando el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) -organismo de la OMS especializado en investigaciones oncológicas- incluyó al herbicida como “probablemente cancerígeno” en animales y humanos. Esta inclusión contradecía las apreciaciones de Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, quien afirmaba que era improbable que pudiera causar tumores en humanos.

Este mismo año la compañía estadounidense era declarada culpable, en una sentencia sin precedentes, del delito de ‘ecocidio’ por el daño causado al medio ambiente en el Tribunal Internacional de La Haya.

Uno de los hechos más impactantes que ha puesto al descubierto las tretas de Monsanto para mejorar la imagen de su producto estrella ha pasado completamente desapercibido para los medios españoles.

A raíz de una demanda colectiva presentada en Estados Unidos por más de mil personas afectadas de cáncer, presuntamente provocado por el glifosato, el juez que llevaba el caso decidió desclasificar los documentos aportados por los demandantes.

Esta documentación, dada a conocer por el diario francés Le Monde bajo el nombre de ‘Monsanto Papers’, demuestra cómo la compañía norteamericana manipuló informes científicos, hizo lobby sobre organismos reguladores y sobornó a la prensa para proclamar las bondades de su producto.

Entre los documentos se muestra cómo la empresa agroquímica fabricó, previamente a la decisión del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, una falsa campaña de indignación destinada a desprestigiar a los científicos de este organismo para cuestionar la inclusión del glifosato como “probable cancerígeno”. Todo ello con la connivencia de la prensa como correa de transmisión de la propaganda de Monsanto.

Esta práctica de la compañía ha sido reiteradamente denunciada por asociaciones ecologistas, como explica Kistiñe García -responsable de comunicación de la campaña ‘Libres de contaminantes hormonales’ de Ecologistas en Acción-: “El cuestionamiento de los estudios independientes sobre los efectos que producen los pesticidas ha sido una estrategia recurrente de la industria, desde la época en que aparecieron los primeros estudios que relacionaban el tabaco con el cáncer de pulmón. Generan nuevos estudios, con científicos vinculados a la industria y a Monsanto, que vayan en sentido contrario para tratar de aludir que no hay consenso científico y el público general se queda con esa idea”.

“Lo más preocupante es que no solo cuentan con científicos a su disposición, sino que las agencias europeas encargadas de prohibir los pesticidas también están implicadas”, apunta Kistiñe García. “Hay un conflicto de interés clarísimo con Monsanto, cuyas investigaciones científicas se han copiado y se han vuelto a poner en informes europeos”, relata el eurodiputado de EQUO Florent Marcellesi.

En esa línea apuntan los ‘Monsanto Papers’, quienes han evidenciado que las conclusiones de los informes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria -responsable de evaluar los riesgos de los alimentos que llegan al mercado- serían un copipega del estudio realizado por Monsanto.

Antes de conocer esta evidencia, el grupo de Los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo interponía este mismo verano un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la no divulgación -por parte de la EFSA- de las conclusiones que afirmaban que el glifosato no es carcinógeno para los seres humanos.

La complicidad de las autoridades europeas, más allá de Monsanto

Según el Observatorio Europeo de Corporaciones, cerca del 60% de los expertos de la EFSA tenían en 2013 vínculos con empresas biotecnológicas, alimentarias o de pesticidas. Ese mismo año tenían que comenzar los trabajos de la Comisión Europea para definir los disruptores endocrinos, es decir, productos como plaguicidas que pueden alterar y afectar al sistema hormonal de los seres vivos.

Esta clasificación resultaba esencial para prohibir los productos que llegan al mercado, subraya Kistiñe García de Ecologistas en Acción: “El Reglamento de la Comisión Europea sobre plaguicidas prohíbe expresamente aquellos que tengan propiedades de alteración endocrina y que puedan causar efectos nocivos en los seres humanos. Por eso es tan importante qué definimos como disruptor porque, en el momento que sea considerado como tal, tiene que salir del mercado”.

En varios de los correos desvelados por la periodista francesa Stéphane Horel y el Observatorio Europeo de Corporaciones se desvela cómo Bayer -y otras asociaciones de la industria agroquímica- presionaban a miembros de la Comisión Europea para pedir una evaluación de impacto de los pesticidas sobre la salud, de cara a demorar la definición de los disruptores endocrinos. Presiones que surtieron efecto, como relata Florent Marcellesi del grupo de Los Verdes: “La Comisión Europea propuso una definición de disruptores endocrinos con dos años de retraso y en el Parlamento Europeo pusimos un veto porque era una tomadura de pelo”.

Nicolás Olea, oncólogo: “Deberíamos preguntarnos por qué las enfermedades de mayor incidencia el año pasado fueron el cáncer de próstata y de mama"

La definición definitiva en esta materia eliminaría de la lista de disruptores endocrinos o contaminantes hormonales aquellas sustancias que pueden afectar a las hormonas a largo plazo, detalla Nicolás Olea –oncólogo en el Hospital Universitario de Granada-: “La cuestión clave de la definición es que entienden por efecto adverso solo las grandes enfermedades como el cáncer. Se están dejando fuera los efectos que no son de forma inmediata”.

Aunque las autoridades españolas y europeas fijan un límite considerado seguro para los pesticidas contaminantes hormonales en los alimentos, con los disruptores endocrinos el concepto de límite no tiene mucho sentido, apunta Kistiñe García de Ecologistas en Acción: “Los disruptores actúan en dosis muy bajas y una de las características más potentes es que tiene mucha importancia el efecto cóctel. No nos comemos un disruptor, sino que -por ejemplo- en una pera nos estamos comiendo 16”.

Las investigaciones de Nicolás Olea, considerado como uno de los mayores expertos en España en descubrir cómo afectan los tóxicos a largo plazo sobre nuestro cuerpo, apuntan en esa dirección.

Al estudiar conjuntamente el efecto combinado de varios contaminantes hormonales, Olea ha detectado que la exposición a estas sustancias está correlacionada con un mayor riesgo de cáncer de mama; y que la exposición a estos químicos del feto puede determinar la capacidad seminal del futuro varón: “Deberíamos preguntarnos por qué las enfermedades de mayor incidencia el año pasado fueron el cáncer de próstata y de mama y por qué estamos asistiendo ante tal desastre de calidad seminal en los varones. En lugar de preguntarnos cuáles son las causas, se está resolviendo el problema acudiendo a nuevas técnicas para detectar tumores o aumentando el número de clínicas de reproducción asistida. Yo lo que quiero es prevenir y que no haya tumores porque entonces no habría que detectar nada”.

A pesar de dicho aumento, denuncia la campaña ‘Libres de contaminantes hormonales’, la incidencia de los contaminantes hormonales en ambas enfermedades no aparece en el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica; concluyendo que el aumento del cáncer se debe al “crecimiento de la población, la mejora de las técnicas de detección precoz y el aumento de la esperanza de vida”.

Otra de las enfermedades que se creía genética y que numerosos estudios están apuntando en sentido contrario es el autismo. “Hay algo muy claro, si el autismo fuera algo genético no habría habido un incremento tan brutal entre la población. En 1985 existía en uno de cada 10.000 habitantes, mientras que en el 2014 se daba en uno de cada 62 -según el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos-. Debemos preguntarnos qué hay en nuestro medio ambiente para que se esté reproduciendo a esta velocidad”, cuestiona Pilar Muñoz –presidenta de la Fundación Alborada-.

En los alimentos españoles existen 33 contaminantes hormonales

Uno de los países miembro que ha destacado por su defensa a ultranza del glifosato ha sido España. Esencial para la escalada exportadora que el Partido Popular ha llevado a cabo, nuestro país es el Estado miembro que mayor volumen de pesticidas consume de toda la UE, 77.216 toneladas en 2015 –según Eurostat-.

Si bien la definición acordada por la Comisión Europea de contaminantes hormonales dista mucho de la realidad, Ecologistas en Acción ha tratado de evaluar con mayor precisión la presencia de disruptores en la comida española. Basándose en lista ofrecida por la organización Pesticide Action Network Europe (PAN), los expertos de la organización ecologista detectaron un total de 33 contaminantes presentes en nuestros alimentos sobre un total de 53 sustancias que pueden alterar nuestras hormonas.

Entre los alimentos más contaminados se encuentra a la cabeza las peras –con 16 disruptores endocrinos-, manzanas, melocotones, naranjas, espinacas, pepinos o tomates. Productos de origen animal como la miel o cereales como el arroz también poseen contaminantes hormonales. Hasta el momento, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) sigue sin incluir en su programa de control de residuos de plaguicidas al glifosato.