Este artículo se publicó hace 5 años.
Las cloacas del EstadoIberdrola abre una investigación para esclarecer su relación con Villarejo
Los negocios del excomisario con la multinacional fueron destapados por 'Público' el pasado junio de 2018. Villarejo cobró hasta 116.000 euros por labores de vigilancia en ocho centrales de la compañía energética.
Madrid-
Iberdrola ha abierto una investigación para esclarecer su relación con Cenyt, una empresa de seguridad propiedad del excomisario de policía José Manuel Villarejo.
"Este análisis en profundidad de los nuevos datos desvelados, desconocidos para Iberdrola, tratará de esclarecer la veracidad de las informaciones (en prensa) y si ha habido cualquier tipo de incumplimiento del Código Ético de la compañía", dijo en una nota de prensa Iberdrola, que ya ha llevado a cabo dos investigaciones sobre la cuestión.
Esta relación ya fue desvelada por Público en junio de 2018, cuando salió a la luz que Villarejo había cobrado más de 116.000 euros en 2004 por "servicios de inteligencia" a ocho de las centrales de Iberdrola.
La factura a la que tuvo acceso este periódico hacían alusión a las sedes de Castellón, Escombreras, Aceca, Velilla del Río Carrión, Pasajes, Lada, Santurce y Arcos. La empresa justificó la contratación como una medida para prevenir posibles "actos de sabotaje y accesos no autorizados", aunque según las fuentes consultadas, los trabajos se llevaron a cabo solo en la central de Arcos de la Frontera, en Cádiz.
La explicación de Iberdrola
"Si a consecuencia de esta investigación se demuestra que se han eludido los procedimientos de control de Iberdrola, la empresa adoptará todas las medidas necesarias de acuerdo con los procedimientos establecidos", dijo.
Según la empresa, las investigaciones realizadas hasta la fecha detectaron 17 encargos "ordinarios" a Cenyt, aunque también concluyeron "que en el proceso de contratación y posterior pago de dichos trabajos se habían aplicado correctamente todos los controles y procedimientos internos de Iberdrola".
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón imputó en julio al BBVA, segundo mayor banco del país, como persona jurídica en la investigación de un supuesto caso de espionaje que se remonta a 2004.
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