Crimen organizadoCinco detenidos en Sevilla de una red internacional que explotaba a jornaleros en la Vega del Guadalquivir

La Guardia Civil, en el marco de la operación Fruta, desarrollada en Sevilla ha desmantelado una organización criminal asentada en la Vega del Guadalquivir dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral, favorecimiento de la inmigración irregular, falsedad documental y blanqueo de capitales, al tiempo que ha detenido a cinco personas por su supuesta pertenencia a la red.

La investigación se inició a principios de 2019, tras tener conocimiento la Guardia Civil del posible asentamiento de organizaciones criminales dedicadas a la explotación laboral en el campo, en la citada comarca. Así, detectaron en Brenes la actividad de una organización dirigida por un ciudadano rumano que captaba a inmigrantes en sus países de origen para trasladarles a España y los que se les aseguraba un trabajo en explotaciones agrícolas, detalla en un comunicado.

Una vez en nuestro país, las víctimas entregaban su documentación y eran alojadas en domicilios en condiciones infrahumanas donde eran sometidos a un estricto control. Estas personas eran forzadas a trabajar largas jornadas, por las que no cobraban o cobraban "míseros sueldos" que apenas servían para cubrir la propia manutención.

El líder de la organización se negaba a devolverles la documentación, "llegando a amenazarles"

Además, la organización obtenía importantes beneficios gracias a las rentas que se veían obligadas a pagar dichas personas por su alojamiento en pisos de la organización. En los casos en los que los inmigrantes trataban de escapar de esta situación, el líder de la organización se negaba a devolverles la documentación, "llegando a amenazarles para que no acudiesen a las autoridades a denunciar su situación".

Hasta 30.000 euros de beneficios

Asimismo, la organización empleaba las identidades que obtenía de las víctimas para crear sociedades sin conocimiento de ellas, a través de las que canalizaban los beneficios obtenidos, que ascendían hasta 30.000 euros al mes. Además, contaban con una asesoría local que les facilitaba los trámites, falsificando la documentación con la que justificaban los movimientos de dinero desde las cuentas bancarias.

La red tenía carácter internacional ya que contaba con abundante infraestructura en terceros países, en los que invertiría gran parte de las ganancias. La operación ha sido llevada a cabo por el Grupo de Información de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, que ha contado con el apoyo de Unidades Centrales del Servicio de Información, otras Unidades de la Comandancia de Sevilla y de la Comandancia de Córdoba.